Hostigamiento sexual en trabajo: ¿Secreto legal?

El 51.8% de los empleados en Puerto Rico han experimentado ahora o en el pasado año el acoso laboral, expresó el director ejecutivo de The Work Place Alliance, Waldemar Serrano Burgos.

Serrano Burgos indicó que el 67.1% de los encuestados ha sido testigo de maltrato abusivo repetido, “demostrando sin duda razonable que este mal si existe y que es peor de lo que pensábamos cuando estuvimos deponiendo en la última vista, ya que estimamos entonces que la cifra de acoso laboral era de un 45%”.

Además, reveló que las empresas que no atienden las denuncias gastan entre 180,000 a 500,000 dólares anuales por cada dos mil empleados, costo que según el experto supera la implementación de cualquier ley al respecto.

Las expresiones de Serrano Burgos se dieron en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, que preside el representante Ángel Peña Ramírez, y durante la discusión de los proyectos de la Cámara 243, 306 y 759, para crear la Ley Especial Contra el Maltrato Emocional Laboral (anti-bullying) y la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico (mobbing).

También, las medidas buscan fijar la política pública del gobierno respecto de estas modalidades.

En la audiencia pública, Jackeline Rosado, del Centro Integral de la Psicología, quien es Psicóloga Clínica, Escolar y Deportiva, especialista en Acoso Escolar y laboral, indicó que según el “Estudio Exploratorio del Acoso Psicológico” del año 2003, las mujeres son las más afectadas con un 61% de la data recopilada en comparación con los hombres.

“En cuanto al lugar en que trabajan las víctimas, se encontró que un 52% es en el sector público, y el acoso moral proviene en un 55% de su supervisor jefe inmediato, 30% de otros supervisores, 23% de un grupo de trabajo y 20% de un compañero de trabajo”, expresó.

El secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, planteó que los trabajadores de Puerto Rico actualmente cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para vindicar sus derechos en cuanto a estas prácticas.

Recomendó que se aclaren las medidas para que sean implementables por la agencia.

Igual posición asumió Alicia Lamboy Mombille, presidenta de “Voz de Acción de la Empresa Privada”.

Peña Ramírez dio un plazo de 15 días al secretario para que someta a la Comisión una definición clara de lo que es acoso laboral y le presente unas guías.

El representante señaló, que tras este esfuerzo tripartito, posteriormente la Comisión y la Asamblea Legislativa adoptarán lo que será la postura final para establecer este estatuto.