Lornna Soto

Las administraciones municipales de Canóvanas y Loíza, en conjunto con varias agencias del gobierno, buscan reabrir completamente la carretera PR-951, que conecta a ambos municipios en una ruta panorámica justo al borde del Río Grande de Loíza. 

Un tramo de la carretera PR-951, a la altura de la Asociación de Pescadores de Canóvanas y hasta la comunidad de Las Cuevas en Loíza, fue cerrada en el 2014 por el gobierno. Aunque en algunas instancias los ciudadanos han reabierto la vía por entender que es una ruta corta, hoy se presentó un plan integral con miras a que la carretera sea abierta de manera oficial por las autoridades locales, con el aval de los gobiernos municipales.

Hoy se planteó que el cierre de esta carretera, que tiene una vista impresionante, ha provocado que la ruta sea utilizada para el depósito de escombros, el abandono de vehículos que luego son quemados y hasta para tirar cadáveres. Con esto en mente, las administraciones municipales apuestan a rehabilitar el tramo y ya los trabajos de limpieza comenzaron.

De igual manera, se busca instalar cámaras en varias zonas de la carretera, instalar alumbrado y trabajar con los derrumbes y deslizamientos que pueda haber en el área.

“La carretera, aunque ha estado cerrada desde el 2014, nunca se ha cerrado completamente y el flujo de vehículos continúa. La realidad es abrir la carretera, construir la carretera, decirle al público que está abierta, porque estoy segura de que va a minimizar los actos de violencia que se llevan aquí o la ejecución de cualquier delincuencia que se lleva a cabo aquí o que la traen hecha”, expresó la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, en conferencia de prensa.

“Las estadísticas de muertes de personas asesinadas que traen a este lugar, ellos le pueden decir que ha aumentado después de cerrar la carretera. Lo otro que ha ido en aumento, que es un descontrol y el municipio ha pagado cientos de miles de dólares es los recogidos de escombros después del cierre de 2014 esta carretera nunca ha estado en esa condición”, dijo Soto, en una reunión realizada en los predios de la villa pesquera.

En tanto, el vicealcalde de Loíza, Rafael Ortiz, recordó que la PR-951 es una de las primeras carreteras construidas en Puerto Rico. “Si la limpiamos, si la habilitamos, si le ponemos luces o le ponemos cámaras y el uso continuo, definitivamente eso va a ayudar significativamente a que no venga gente a hacer lo que no deben hacer porque está en uso. Así que es bien importante que el Estado, porque esto es una carretera estatal, también tenga sus cañones dirigidos a rehabilitarla y ponerle la seguridad”, sostuvo Ortiz.

De igual manera, el teniente Héctor Monge afirmó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), debe darle prioridad a la PR-951. “Si la cerramos, siempre la van a abrir, para tirar basura y tirar cadáveres ahí. Lo que dijo el vicealcalde de Loíza es bien cierto. Mientras más movimiento haya en la carretera 951, si ponen las cámaras, nosotros tenemos un plan de trabajo en coordinación con ambos comisionados y ambos comandantes de distrito de Loíza y Canóvanas para evitar que ocurra lo que a veces ocurre”, subrayó Monge.

Asimismo, el comandante Eliezer Colón dijo que se está proponiendo establecer un plan de trabajo donde estén las agencias de seguridad. “Estamos buscando cómo solucionar un problema, pero hay gente que es la que está causando el problema. La alcaldesa dijo que hay que pagar un dinero para depositar la basura, hay personas que cobran $20, que los camiones dicen ‘se botan escombros’, pagan $20 para recoger los escombros y no van a pagar $100 para botarlos. ¿Dónde lo van a botar? Aquí. Eso es lo que está pasando”, dijo.

“Podemos identificar en las redes sociales, no sé cómo cada cual lo puede hacer, identificar las personas que se están dedicando en esta área a botar escombros porque son ellos los que están viniendo aquí. Tenemos que atacar el problema de diferentes sitios. Segundo, puedo recomendar que la comunidad y la gente que utiliza la calle se entere de qué es lo que está ocurriendo”, agregó Colón.

Plan de acción de carreteras

Por su parte, la ingeniera Marilyn Rodríguez, de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), habló sobre el plan de acción de la agencia. “En esta carretera tenemos varios deslizamientos, de los que hemos podido identificar (son): kilómetro 1.3, 5.0, 2.0, 2.3 al 2.4. El deslizamiento que va a ser prontamente subastado, vamos a decir que seria para el segundo semestre de este año, es el que está en el kilómetro 1.3. El kilómetro 2.3, 2.4, está para una segunda fase”, sostuvo Rodríguez.

De igual manera, la ingeniera Ana Feliciano, del DTOP, habló sobre las gestiones realizadas por la agencia, destacando que en una segunda fase se trabajará con los desprendimientos de terrenos y situaciones a nivel de la ACT y correspondientes a lo que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Nosotros vimos la situación en cuanto al acopio de escombros. Ante esa situación, inmediatamente llevamos un equipo de trabajo, se estableció un plan de trabajo, contratamos equipo y se está trabajando”, añadió Feliciano.

En ese sentido, Armin Cintrón, jefa de la División de San Juan de DTOP, dijo que el cierre de la carretera ocurrió pasado un evento de lluvias en marzo de 2014. “Esta servidora fue la que visitó el área. Observe que del kilómetro 5.3 el desprendimiento estaba bastante grande. Entonces, nos comunicamos con la ACT para que hiciera la inspección final y ellos decidieron hacer el cierre. Hemos cerrado varias veces, los ciudadanos han abierto porque necesitan pasar, porque ellos entienden que es la ruta más corta”, sostuvo.