comedor escolar

La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, aplaudió hoy la decisión del juez superior Anthony Cuevas Ramos, emitida en la víspera, ordenando la reapertura inmediata de los comedores escolares del Departamento de Educación para proporcionar comida a la población necesitada, tal como reclamaron varias organizaciones sociales.

“Las personas que están pasando hambre en medio de estas circunstancias extraordinarias, que no tienen acceso a un plato de comida y las familias puertorriqueñas en general, salieron victoriosas con la decisión emitida por el juez superior Anthony Cuevas que ordena la reapertura de todos los comedores escolares como siempre debió haber sido”, manifestó la abogada.

Mientras que Carmen Warren, del Comité Timón Padres y Madres de Educación Especial, “esta sentencia llegó en un momento oportuno”.

Warren destacó que el viernes “estábamos recibiendo las llamadas de madres y padres de toda la Isla preocupados por la falta de alimentos”, por lo que la decisión judicial “nos llena de alegría y al compartirla con esas familias sus expresiones son de profundo agradecimiento. Esta es una victoria para el pueblo”.

“En esta demanda se habló por aquellas personas que han sufrido, una vez más, la falta de sensibilidad y acción del Estado. Casa Juana Colón y otras organizaciones hermanas fuimos parte de algo histórico y vital para garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis”, dijo Janice Soliván Roig, de Casa Juana Colón.

Destacó que, como bien dijera el juez superior en la vista del viernes 15 de mayo en la que el Departamento de Educación debió ir preparado para demostrar que estaba cumpliendo con su deber de alimentar, “el enemigo es el Covid-19, no el pueblo”, por lo que “cuando se cree en la justicia social hay que dar la batalla, el pueblo nos necesita, nos necesitamos”.

“Esta victoria será parte del historial de nuestro residencial. En nuestro residencial hay una población de más de 2,000 niños y entre las tres extensiones hay alrededor de más 4,000 personas. Este logro quedará para la historia como el único residencial, que fue parte de esta demanda y con la cual mis niños, jóvenes y adultos de la tercera edad han ganado. Porque su salud mental, y su hambruna van a ser cubiertas por esta maravillosa sentencia; no más niños pasando hambre”, dijo Lucía Santana de Solidaridad Humanitaria del Residencial Manuel A. Pérez.

De este modo, agregó, “lo más maravilloso es que otros niños que no viven en nuestro residencial también van a beneficiarse de esta sentencia que ordena abrir los comedores escolares. Los buenos somos más. Mis lágrimas son de alegría”.

Giovanni Roberto, de Comedores Sociales, expresó que “hay que celebrar que más gente comerá gracias a esta decisión mientras nos aseguramos que se implemente con la urgencia que amerita”.

“El estado tiene recursos para hacer incluso más, si enfrentara las situaciones con responsabilidad y sensibilidad, pero es lo contrario, deciden reabrir la economía de manera apresurada mientras han puesto excusas tras excusas durante los pasados dos meses”, recalcó el dirigente social, arrestado en días recientes por la Policía por reclamar comida para los más necesitados.

El licenciado Osvaldo Burgos Pérez, uno de los abogados del caso, dijo que “este caso no es un caso típico entre dos partes en controversia; se trataba de reivindicar algo tan básico como el derecho al alimento en Puerto Rico; un derecho que el gobierno se negaba a reconocer a pesar de los reclamos de personas de todo el país y de la evidencia que cada día recogían los medios de comunicación. El Tribunal dio sentido a las leyes y le dio valor humano frente a la insensibilidad del Gobierno”.

La también abogada del caso Mary Cele Rivera Martínez sostuvo que “el hambre del pueblo nunca debió llegar al tribunal”.

“La razón de ser del Estado y su deber constitucional es proteger y velar por el bienestar de su ciudadanía. Eso incluye el deber de alimentar a un Pueblo que en medio de una emergencia nacional padece de hambre. El Gobierno nos obligó a ir al Tribunal a exigir el cumplimiento de su deber”, dijo por su parte Melissa Hernández Romero, igualmente abogada del caso.

El juez superior Cuevas Ramos reconoció la importancia de los reclamos de las organizaciones y personas demandantes al expresar que “en este caso, no se trata exclusivamente de la reivindicación de un derecho, se trata de la supervivencia misma que tanto invocan las diversas órdenes ejecutivas que nos han mantenido aislado, manteniendo al pueblo encerrado sin la oportunidad de traer el sustento a su hogar”.

Recalcó que “no nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que, le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente”.