Hospitalizado el exgobernador Luis Fortuño

Foto de: Carlos Rivera Giusti / EL VOCERO.

Cuando el gobierno aún lidiaba con el caos causado por el huracán María, el exgobernador, Luis Fortuño Burset, contactó a dos miembros del gabinete de Ricardo Rosselló con una “preocupación”: el atraso de dos proyectos relacionados a energía en Puerto Rico.

Fortuño Burset, socio de Steptoe & Johnson LLP, abogó tanto por Energy Answers, que propone una planta de incineración de basura en Arecibo -cuya operación también generaría energía-, como por SeaOne Caribbean, que pretende transportar gas licuado a San Juan y ampliar su negocio en el Caribe.

La pregunta que les hizo a los asesores del gobernador, Christian Sobrino y Alfonso Orona, en un correo electrónico enviado el 20 de octubre -y el cual también fue enviado a otras dos personas no identificadas- era cuán rápido se podía cerrar el acuerdo con ambas empresas estadounidenses, sin necesidad de esperar por el proceso que dispone el modelo de Alianzas Público Privada (APP), que impulsó su administración.

“Si alguien defiende las APP en la isla soy yo”, expone el exgobernador en el correo electrónico, aunque más adelante advierte: “Enfocarse solo en APP restringe grandemente la actividad económica que necesitamos”.

“Escribo para levantar bandera de que existen proyectos más rápidos que no necesitan pasar por el proceso de APP que están listos para arrancar”, urgió Fortuño Burset, quien, además, señala que no “les he querido molestar dada las circunstancias” (de la emergencia del huracán María).

Sus peticiones a los oficiales del gobierno incluían: tocar base con la Casa Blanca para respaldar un préstamo federal a Energy Answers, enmendar el acuerdo de compra y operación de energía (PPOA, por sus siglas en inglés) con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y notificar si la corporación pública interesaba pagar por el servicio de transportación de gas.

Les recordó, que -en el caso del incinerador de basura- si no se consigue el préstamo de Servicios Públicos Rurales del Departamento de Agricultura federal aumentaría el precio de la venta de energía a la AEE en tres centavos por kilovatio hora. “Esto se discutió y estábamos por cerrar cuando azotó Irma. Inclusive, un empujón con Casa Blanca a Rural Development para lograr el préstamo, ayudaría”, observó.

La Fortaleza responde al pedido

El licenciado Orona, principal asesor legal del gobernador, confirmó en declaraciones escritas a EL VOCERO que tras recibir la petición del exgobernador, La Fortaleza “redactó una carta dirigida al administrador interino de USDA Rural Utilities Service haciendo constar que este proyecto –que ha estado bajo consideración por dos pasadas administraciones– pudiera ser avalado por la Administración Rosselló Nevares”.

Especificó que, como han dicho antes, avalarán el proyecto “si cumple con todas las reglamentaciones ambientales locales y federales”, pues entienden que tiene potencial para manejar el problema de desperdicios sólidos en la Isla y fomentar el desarrollo económico.

“Este tipo de proyectos se tramitan con la AEE bajo lo que se conoce como un Power Purchasing Agreement (PPOA), en el que la AEE se compromete a comprarle energía a un precio determinado una vez se concluya el proyecto. Este no es un modelo de APP porque no hay coordinación con el Gobierno en la administración del proyecto”, señaló Orona. También indicó que “Seaone está siendo evaluado por la AEE”.

La Junta también adopta el proyecto

Incluso, el proyecto de Energy Answers fue el único mencionado en el testimonio escrito del coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot, cuando el pasado 7 de noviembre depuso ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal. Zamot utilizó este proyecto como ejemplo de “proyectos críticos” a ser desarrollados de forma acelerada bajo el Título V de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa). EL VOCERO intentó obtener una reacción por parte de la junta sobre el hecho de que Energy Answers haya escalado a la lista de proyectos predilectos a ser impulsados por el ente, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta a la solicitud.

Por su parte, el vicepresidente de Energy Answers Arecibo, Mark Green, dijo que solicitaron ser proyecto crítico para asegurar que el proyecto de Arecibo “continúe recibiendo la atención necesaria”. Se expresó confiado con que sea designado como tal, porque, según dijo, tienen la capacidad de administrar cerca del 20% de los residuos generados en Puerto Rico y contribuir cerca del 20% de la inversión en infraestructura contemplada en el plan fiscal certificado.

Explica su “preocupación”

En declaraciones escritas, Luis Fortuño explicó a EL VOCERO que envió el correo electrónico como “reacción a la noticia aparecida ese día de que el gobierno estaba discutiendo apoyo federal a proyectos APP. El mismo (artículo) pregunta qué persona atenderá proyectos que no son necesariamente una APP y enfatiza que ahora más que nunca es necesario agilizar inversión privada que cree empleos rápidamente”.

Las expresiones, que preocuparon a Fortuño Burset, tomaron lugar al día siguiente de que el gobernador estuvo reunido con el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence y altos funcionarios de finanzas, presupuesto y alivio de desastres. Rosselló dijo, a su regreso, que discutió con los funcionarios de la Casa Blanca la posibilidad de que el gobierno federal “respalde o garantice” la inversión de APP en proyectos de infraestructura crítica en Puerto Rico.

Sobre SeaOne Caribbean, el exgobernador aclaró que “inicial es con el sector privado. Si va a haber una APP para suplirle el mismo servicio a AEE, la empresa ya indicó al gobierno su deseo de competir en dicho proceso”.

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.