Abogados y líderes de los derechos civiles levantaron la voz de alerta sobre la ejecutoria del Negociado de la Policía en la manifestación de ayer en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la cual aseguran violó el acuerdo sobre la reforma policial, cuyo enfoque principal ha sido la protección de los derechos civiles de la ciudadanía.
El uso inadvertido de gases lacrimógenos y el querer imponer la ruta de la manifestación, son algunos de los señalamientos que describieron como una violación al acuerdo.
El abogado y expresidente de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico, Osvaldo Burgos Pérez opinó que no hubo justificación para que el contingente de policías haya evitado el paso de uno de los grupos de manifestantes a la avenida Ponce de León en Hato Rey.
Sin embargo, esta ruta, según el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, no formaba parte del acuerdo al que se había llegado con los sindicatos previamente.
“Esa resistencia que puso la Policía, que básicamente pretendían imponerle a los manifestante el lugar por donde podían marchar y por donde no podían marchar, es contrario a los derechos más fundamentales de la ciudadanía de protestar y decidir hacer las protestas donde las personas decidan”, expresó.
Sin embargo, el gobernador Ricardo Rosselló estableció ayer que en el momento de tensión, la propia Policía les dio espacio para continuar su protesta por la ruta solicitada, en un lapso de 45 minutos, pero los actos de violencia y vandalismo, por parte de los manifestantes, no se detuvieron. “Empezamos a ver en los lentes de la televisión cómo muchas de estas personas lanzaban piedras y artefactos contra la Policía”, expresó el mandatario
“Muchos casos, claramente, vimos cómo algunos de estos proyectiles laceran a policías”, abundó.
De igual forma, agradeció a la Uniformada “porque todos pudimos ver cómo muchos de ellos (los policías) aguantaban golpetazos y amenazas directas con el objetivo de mantener la ley y orden”.
Burgos Pérez fue una de las personas que participó de la protesta que se da en momentos en que la Isla enfrenta la peor crisis económica en su historia. También en el marco de los reclamos del pueblo por medidas de austeridad, que incluyen una reforma laboral con menos beneficios para los trabajadores, recortes al dinero de los pensionados, el cierre de más de 200 escuelas y aumentos al costo de la educación universitaria pública.
“El uso de los espacios públicos para protestar es derecho protegido tanto por la Constitución de Puerto Rico como por la Constitución de Estados Unidos. Así que no es legal esta pretensión de la Policía de que los espacios públicos tienen que ser coordinados con anticipación y mucho menos en actividades como estas”, sostuvo.
Indicó, además, que la Uniformada incumplió con sus planes de retirada y con los protocolos para dispersar multitudes y de utilizar agentes químicos, dispuestos en el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico.
El cumplimiento de ese acuerdo para transformar la fuerza policial, encomendado por el Departamento de Justicia federal y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es monitoreado por el Tribunal Federal a través de su asesor técnico de cumplimiento (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio.
No obstante, el comisionado interino de la Policía, Henry Escalera indicó que la Policía fue tolerante. “Estoy complacido con el trabajo de la Policía de Puerto Rico y toda la tolerancia y todo lo que pusieron en práctica en cumplimiento con la reforma”, expresó.
“Las carreteras son públicas”
En tanto, Josué González, abogado y observador de la Unión Americana de Libertades Civiles, capítulo de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés), coincidió en que el uso de la fuerza por parte de la uniformada viola las disposiciones de la reforma.
“Absolutamente creo que se violó la reforma. No veo ninguna justificación para este despliegue de fuerza y mucho menos cuando ya se han articulado y elaborado políticas y procedimientos que se tienen que seguir”, afirmó González en entrevista con EL VOCERO.
Señaló que los agentes no hicieron las advertencias requeridas previo al uso de gases lacrimógenos. Además, González insistió en que “las carreteras son públicas y los manifestantes pueden ocupar las áreas públicas de forma pacífica para ejercer derechos protegidos. Lo que menciona Pesquera no tiene ningún fundamento”.
Anticipó que la ACLU organizará y discutirá la información obtenida por los 20 observadores que tuvo la entidad para luego efectuar denuncias.
Desaprueba la persecución
El acto de perseguir a los manifestantes desde la Milla de Oro en Hato Rey hasta el casco urbano de Río Piedras, como medida para controlar a la multitud, fue catalogada de “innecesaria” por la abogada y observadora del programa Pro Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Mariana Nogales.
Nogales contó que pudo observar el momento en que los oficiales se fueron tras los manifestantes hasta la comunidad Blondet en Río Piedras. Allí, según contó, utilizaron gases lacrimógenos y entraron a una residencia privada para detener a una persona.
Esta acción de la Policía fue justificada por Escalera.“Fue una ‘persecución en caliente’, cometió un delito y estamos autorizados por la jurisprudencia”, dijo Escalera.
“Esa barrida de los manifestantes hasta la barriada Blondet en Rio Piedras me pareció innecesaria y ese cierre que impedía el acceso hacia el edificio de la junta, me pareció una estrategia equivocada. En vez de prevenir que ocurrieran actos donde la gente se desespera y en el reclamo la situación (se pusiera) tensa. Todo es bloqueo de la Policía de los espacios de libertad de expresión se vieron como una provocación”, expresó.
Señaló que falta por indagar si los policías que participaron, algunos provenientes de Humacao, Guayama, Arecibo y Naranjito, tenían el adiestramiento para manejar multitudes y si conocía los protocolos para las manifestaciones.
