Junta

Una manifestación se efectuó hoy frente al tribunal federal en apoyo a los planteamientos legales que presentó la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se dilucida la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal.

“Los miembros de la junta, nombrados ilegalmente, no pueden tomar decisiones sobre nuestras vidas. El Tribunal Supremo va a actuar y va a actuar como lo ha hecho hasta ahora sobre la premisa de lo que se han llamado casos insulares, que no es otra cosa que decir que nosotros, a quienes nos imponen la ciudadanía americana, mientras vivamos en Puerto Rico nos dicen que somos seres inferiores, distintos a ellos”, expresó el líder del Programa de Solidaridad de la Utier, Luis Pedraza Leduc.

El piquete inició a las 11:30 a.m. y transcurrió con una presentación musical que culminó con un llamado a continuar con la lucha en contra de la junta fiscal y a favor de los derechos de los puertorriqueños y los pensionados. 

“Nosotros le estamos con esta movilización, en solidaridad con los compañeros que están hoy en Washington, le estamos diciendo que eso no es verdad, que nosotros en Puerto Rico tenemos derechos, que ellos no pueden decidir a perpetuidad nuestro futuro, que eso se llama coloniaje, que eso es ilegal, y por eso es que nos dicen territorio, porque para ellos la colonia es ilegal. Pues sí, es ilegal su estadía aquí en Puerto Rico, es ilegal la junta y es ilegal la Ley Promesa. Eso es lo que debería resolver el tribunal”, sostuvo.

Por su parte, el comisionado alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, dijo en entrevista con EL VOCERO que “esta manifestación es para subrayar el hecho de lo atropellado que ha sido todo lo relacionado con la junta. El hecho de que haya llegado a los tribunales una controversia que es tan sencilla como el nombramiento de los miembros de la junta abona y alimenta lo que se ha venido denunciando desde el primer momento, que es un organismo cuyo propósito no abona a una reestructuración de la deuda, a un alivio económico para el País, sino que cuando se redactó Promesa el propósito era utilizar estas siete personas para desviar el dinero que producimos los puertorriqueños para el pago de la deuda sin consideración alguna, precisamente, a la génesis que es el nombramiento de esos miembros y que ya los tribunales han determinado que han sido nombrados de forma inconstitucional”.

Afirmó que la determinación del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de que los nombramientos de los miembros de la junta son inconstitucionales, levanta la controversia sobre la legalidad de las decisiones que ha tomado ese ente.
 
Observó que este asunto no ha sido evaluado por ningún foro.
“Espero que el Tribunal Supremo lo evalúe. Se abrió una puerta para revisar los casos insulares, así que otro asunto que sale a relucir es el aspecto colonial de la Junta y la aprobación de PROMESA. Está tan ligada al sistema colonial que abrió la puerta para revisar ciertos casos insulares. Así que hay que estar en constante denuncia y seguir recodando al pueblo de las verdaderas intenciones de la creación de la Ley Promesa. No hubo un serio proceso de nombramiento”, acotó.

El máximo foro judicial estadounidense acogió en julio la solicitud de “certiorari” de la Utier y la consolidó con otras cuatro que —con argumentos diferentes— buscan que se invalide la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la junta fiscal. 

Estas designaciones fueron hechas por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero no fueron sometidas ni confirmadas por el Senado federal. Por esta razón, las organizaciones que acudieron al Tribunal Supremo están de acuerdo con la determinación del Primer Circuito de Apelaciones, pero rechazan que se mantengan vigentes las decisiones tomadas por la junta.