transgenero

(Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO)

La Constitución de Puerto Rico establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que no podrá establecerse discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ideas políticas o religiosas. Igualmente, estipula que las leyes del País encarnarán estos valores que se definen en la Carta de Derechos como “principios de esencial igualdad humana”.

No obstante, en una isla donde “todos los hombres son iguales ante la ley”, la comunidad transgénero continúa luchando para que el gobierno le reconozca sus derechos y los ayuden a llevar una mejor vida.

Alexia Ribera Santiago, una mujer trans de 58 años, confesó a EL VOCERO que ha vivido el rechazo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y a pesar de haber sido enfermera en el Hospital de Veteranos, debido a la incongruencia de género en sus documentos, ni siquiera puede reclamar el Seguro Social o el Medicare. 

“He vivido en carne propia la dificultad de ser transgénero en un país donde no existen leyes que nos beneficien. El gobierno ni siquiera asegura nuestra salud. Se nos niega el tratamiento por ser transexuales. Sé que ha habido algunos legisladores que han presentado proyectos que beneficiarían a la comunidad, pero, debido al fundamentalismo religioso que existe en El Capitolio, se quedan en nada”, comentó Ribera. 

Aunque el plan del gobierno cubre tratamiento hormonal en casos de menopausia, histerectomías o mastectomías, cuando se trata del colectivo trans, esta terapia no es vista como necesaria para el bienestar de la persona. Alexia, quien es beneficiaria de First Medical Reforma, alegó que, en varias ocasiones, le han negado el tratamiento. 

“Yo he tenido que ir unas cuantas veces a la oficina de ASES por este problema. De hecho, tuve que hacer un informe a la Comisión de Derechos Civiles porque ellos me niegan el tratamiento y hasta algunas pruebas porque dicen que yo era hombre”, contó la enfermera. 

EL VOCERO intentó comunicarse en varias ocasiones con Ángela Ávila Marrero, directora ejecutiva de ASES, para conocer la postura de la aseguradora, pero no recibimos contestación alguna.

Por otro lado, Ribera sostuvo que ante lo sucedido y pensando que podría ampararse en la Ley de Cuidado de Salud Asequible o Affordable Care Act -donde se estipula que la discriminación por razones de identidad de género está prohibida en todo hospital o programa de salud que reciba fondos federales-, acudió a las oficinas del Medicaid en Río Piedras para denunciar lo que describe como “una injusticia”. 

“Aunque el Affordable Care Act permite que en Estados Unidos que el Medicaid cubra el tratamiento hormonal y las pruebas de rutina, aquí me dijeron que ellos tienen sus propias reglas y que no me podían ayudar”, aseguró.

Esta ley, promulgada por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dicta que los planes médicos no pueden negar cubiertas por disforia de género, pero no obliga a las aseguradoras a cubrir la terapia hormonal o las cirugías de reafirmación genital. Es responsabilidad del estado crear legislación para incluir estos servicios de salud y aunque hay estados que lo han hecho, Puerto Rico no.

“Aquí se trata la disforia de género como un estilo de vida y eso no es cierto. Es una postura inaceptable e injusta y un problema aun mayor porque el no tener acceso al tratamiento adecuado, nos lleva a padecer de otras complicaciones de salud. No tenemos una enfermedad mental y no estamos locas”, concluyó Ribera. 

Preocupado por la comunidad 

Consciente de las dificultades que enfrentan las personas trans en la Isla, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García, presentó una medida que busca incluir la terapia hormonal como parte de la cubierta médica del plan de salud público.

El Proyecto de la Cámara 237 busca enmendar las Secciones 6 y 8 del Artículo VI de la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, con el objetivo de prohibir el discrimen contra las personas diagnosticadas con disforia de género por parte de ASES y que puedan tener acceso a una cubierta de salud adecuada. 

“La inaccesibilidad al tratamiento de reemplazo hormonal puede generar una crisis de salud pública. Muchas de estas personas no pueden costear el medicamento por el alto costo y la alta incidencia del desempleo. Esta situación los obliga a recurrir a prácticas ilícitas para poder costear su proceso de transición y hasta a padecer de otras enfermedades que se pueden evitar”, estableció el representante. 

Según explicó Matos García a EL VOCERO, el proyecto se había presentado en el cuatrienio pasado y volvió a someterse en enero del 2017. Actualmente, la medida fue referida a la Comisión de Salud, donde lleva estancada desde antes del huracán María. 

“A pesar de el estado conservador, tal vez un poco exagerado de algunos compañeros legisladores, siempre hay apertura para la discusión. Puedo entender el silencio sobre una medida, pero espero que se discuta la medida y que dejen que el sistema corra. Puede ser un obstáculo porque se requiere mucha educación para trabajar con estos temas”, puntualizó el representante. 

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