La urgencia de planes de desastres y de relocalización de los damnificados, la identificación de los fondos y recursos para complementar la asistencia federal, así como mantener condiciones seguras y salubres en los campamentos, son parte de los reclamos de la organización Ayuda Legal Puerto Rico al gobierno local, tras los terremotos registrados hace unas semanas.
“Ya no podemos estar hablando de mover a las personas de campamento en campamento, es hora de empezar a hablar de vivienda transitoria y de vivienda permanente. Para la gente que está en estas comunidades del sur, del centro de la Isla, para las personas que fueron afectadas por el huracán María hace dos años y medio, que muchas veces son las mismas, el desastre no ha terminado, la tragedia del derecho al techo continúa”, afirmó la directora de la entidad Adriadna Godreau Aubert durante una rueda de prensa.
La organización dedicada a defender el derecho a una vivienda digna, ha ofrecido asesoría legal comunitaria a las familias desplazadas en Guánica y Yauco. Mañana sábado irán a Guayanilla.
Durante sus visitas han escuchado las situaciones que les plantean los refugiados y llenan las solicitudes de asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Propusieron que el gobierno haga un inventario completo de propiedades residenciales re poseídas por los bancos hipotecarios o que por alguna razón estén vacantes y adquirir una parte para que las habiten las familias que han perdido su hogar.
Godreau Aubert observó que el gobierno informó el 17 de enero que los terremotos destruyeron unas 700 viviendas.
Asimismo, recomiendan al gobierno a efectuar un inventario de las habitaciones de hotel desocupadas y dar prioridad a las familias desplazadas en la adjudicación de los vales o “vouchers” de Plan 8.
Destacó que la organización tiene una línea en la que reciben llamadas por ejecuciones de hipoteca y que al momento, han registrado 150 de estos avisos.
Mientras, la abogada Nicole Díaz recordó que las personas que carecen de un título o escritura sobre su propiedad tienen derecho a solicitar y recibir ayuda de FEMA.
Enfatizó que estas personas no necesitan ir ante un abogado a que le autorice una declaración jurada.
“Existe un mecanismo, una declaración en la que jura ser dueña de la propiedad por una de las razones que aparecen en el documento y ser dueño de la propiedad por una de las razones que aparecen en el documento y para el que la firma es suficiente. No hay que ir a un abogado. No queremos que se repitan los abusos de damnificados del huracán María que pagaron $50, $60 y hasta $70 por declaraciones juradas ante abogados que son innecesarias”, subrayó Díaz.
Comentó que Asistencia Legal, cuenta con un formulario que FEMA autorizó "el cual la persona declara que es dueña de acuerdo a la definición de la reglamentación federal que es una persona que tiene un interés propietario de esa vivienda o que es la que se encarga del mantenimiento como ocurre con miles de familias en Puerto Rico que tienen una casa y no tienen una escritura pero, que son las que se encargan del mantenimiento”, dijo.
Entretanto, la abogada Verónica González alertó sobre los requisitos que impuso el Departamento de Vivienda Federal (HUD), al programa de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).
Expuso que a pesar de que decenas de miles de familias esperan desde hace más de dos años para que se hagan realidad las promesas de recuperación justa de sus hogares, ahora se necesitará de la Junta de Control Fiscal y de un monitor federal para que la ayuda llegue a quien de verdad la necesita.
Godreau Aubert destacó que las personas que viven alquiladas también tienen derecho a solicitar asistencia a FEMA.
Denunció que personal del Departamento de la Familia ha amenazado a madres en los campamentos con quitarle los hijos, si no entraban al estadio en Guánica.
Ello, a pesar de que el interior de la instalación estaba enfangado e inundado. Por lo que urgió al gobierno a mantener los campamentos en condiciones seguras y salubres.
“Ahora mismo hay gente sobre agua, sobre fango, sobre insectos, sobre ratas en diferentes refugios y tienen que darle a las personas centros accesibles y no militarizados porque ayer en Yauco no solo vimos los problemas de salubridad que hay allí, sino la fuerte presencia de individuos fuertemente armados en su uniforme militar, de escenas que son de guerra y no de un País que está tratando de recuperarse de un fenómeno natural”, apuntó.
Por su parte, la abogada Paula Fournier, criticó al gobierno por haber perdido tiempo al esperar cuatro días entre la solicitud inicial de emergencia al gobierno federal, que solo sirve para pagar o reembolsar los gastos del gobierno de Puerto Rico, en vez de hacer la petición de desastre mayor, la que permite que las familias puedan acceder a ayudas federales.
“Para colmo, el gobierno de Puerto Rico no incluyó a todos los municipios afectados en su solicitud y esperó diez días para enmendarlo. Esto fue una dilación completamente innecesaria”, acotó Fournier.
