Mario Caraballo ha tenido que llenar su casa de mallas. Las colocó en el balcón y en la marquesina para evitar que los animales realengos, en especial gallos, entren y destruyan sus plantas.
El problema con estos animales que ubican en la comunidad Jardines de Country Club, sección B en Carolina comenzó en 2014 a raíz de una finca remanente que se llama Ramírez de Arellano, que es propiedad del gobierno y que desde entonces está abandonada, contó Caraballo.
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“Lo que sucede es que el gobierno la ha abandonado totalmente. El problema es que se han metido una serie de personas a criar gallos de pelea. Entonces, los fines de semana hacen peleas de gallos, pero lo más que nos afecta es que cuando los gallos no funcionan, ellos los sueltan y vienen a parar aquí en mi casa y en las casas de mis vecinos buscando comida y agua”, denunció el residente.
Según Caraballo, la situación se ha complicado más porque también hay crianza de cerdos, guineas y hasta perros de pelea. Las gestiones ante las agencias gubernamentales, no han faltado.
“Hemos ido al municipio de Carolina a la sección de Control Ambiental, hacemos querella, estuvieron dos años haciendo un operativo para sacar a la gente, pero no lograron nada. Inicialmente ese lugar pertenecía a la Administración de Terrenos y se lo pasaron a Obras Públicas, pero esa agencia no tiene dinero para darle mantenimiento. Yo tengo todas las cartas que hemos enviado a las agencias, pero nadie hace nada”, indicó.
“Estuvimos un año detrás del alcalde, apareció un ingeniero y nos dijo que como no era del municipio, no podían hacer nada. Pero hay una ley y ellos pueden intervenir, aunque no sea de su propiedad. Nos refirieron a Obras Públicas, la última vez que llamé para pedir seguimiento, dijeron que estaban preparando un operativo para meterse a sacar la gente. Han pasado dos años y nada”, continuó.
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Caraballo se refiere a la Ley 140 que enumera una serie de controversias que pueden ser resueltas por los jueces municipales, entre ellas las “controversias en casos de crianzas de animales en distritos residenciales”.
Además de las mallas que colocaron los vecinos en sus casas, también les afecta el ruido de los animales.
“Desde las tres de la madrugada comienzan a cantar y son como 100 gallos cantando. Los fines de semana ponen unos perros a cuidar las galleras y los dejan sin comer y se pasan ladrando todo el wikén. El ruido de las guineas también es bien fuerte y los cerdos también se pasan caminando por las calles”, mencionó.
Caraballo compartió con EL VOCERO las querellas que ha realizado desde el 2016 y las cartas que ha enviado al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La última tiene fecha del 16 de febrero de 2022.
Tras una solicitad de reacción al DTOP, la agencia confirmó que los predios sí pertenecen a la agencia, pero informó que la secretaria, Eileen Vélez, estaba en una vista en la Cámara y no estuvo disponible. Este medio también intentó comunicarse con el alcalde, José Aponte Dalmau, pero no hubo respuesta.
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