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Luis F. Cruz Batista, exdirector ejecutivo de OGP. >Suministrada

La estrategia gubernamental de sustituir empleados públicos por la contratación de servicios profesionales constituye uno de los elementos que atenta contra la transparencia, aseguró Luis F. Cruz Batista, exdirector ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Cruz Batista, quien ejerció el cargo bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, explicó que la falta de transparencia no se resuelve con más legislación o regulación. “La ética y la moral no se legisla. El sistema de control interno no puede mitigar el riesgo de actividades fraudulentas cuando los esquemas se planifican en las altas esferas. Eso se da en todos los niveles. A mayor presupuesto, mayor la tajada, mayor la tentación. Por eso es importante que la gente sepa cuánto es el presupuesto de la agencia y no caer en el juego de eliminar empleados públicos por contratos externos, ya que hay que ver el costo versus el beneficio”, sostuvo.

Cruz Batista fue uno de los oradores durante el almuerzo del Capítulo Alumni FAE de la Facultad de Administración de Empresas, que tuvo como tema la importancia de la transparencia en los contratos del gobierno.

Dijo que un ejemplo puede ser el de un contrato del Departamento de Educación, donde desembolsó en un año $1.6 millones por ciertos servicios. Eso equivale al salario de unos 32 empleados a tiempo completo, más beneficios, a razón de $50,000 anuales por cada uno. Sostuvo que el inversionismo político, que viene de empleados como de empresarios, es el principal enemigo de la transparencia.

Para alcanzar la transparencia, Cruz Batista sugirió definir las tareas y funciones que deben desempeñar los empleados de carrera, justificar la contratación con un análisis costo beneficio donde se demuestre que la contratación es la mejor alternativa y crear una comisión de seguimiento al proceso de transición para evitar pagar 10 veces por los mismos servicios. “Lamentablemente no estamos utilizando la tecnología para un análisis proactivo que ayude a identificar posibles patrones no deseados”, sentenció.

Recomiendan nombrar un procurador

Para la búsqueda de la transparencia gubernamental, y para agilizar la llegada de los fondos federales para la recuperación, es importante que se nombre a un procurador, reiteró Noel E. Zamot, excoordinador de revitalización, que fue nombrado por la Junta Federal de Control Fiscal. Insistió en que es importante que el Congreso le de al pueblo de Puerto Rico herramientas para rendir cuentas, pero igualmente para funcionarios gubernamentales.

“Lo que se está haciendo con los fondos federales no esta funcionando. Es necesario que el pueblo pueda ver cómo se están utilizando esos fondos. Las medidas legales ya se están dando a través de las exigencias impuestas para los desembolsos. La mayoría de la corrupción se genera en los procesos de subastas, o no se utilizan subastas para otorgar contratos o se utilizan en proyectos donde no son necesarios, sino que lo hacen para favorecer a un ente en particular”, advirtió.

Zamot propone que la sociedad civil tenga voz en estos procesos y poder para poder llegar ante el procurador como cualquiera de las agencias federales. “No se está cambiando política pública. Sino agregar un ente agilizador en esos procesos internos que aboguen en pro del gobierno central. Se trata de un procurador que trabaje para el pueblo de Puerto Rico. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado y lo vemos en los toldos azules que a dos años de María todavía existen y los más recientes arrestos. Si queremos avanzar y hacer llegar esos fondos federales hay que hacer un poco de presencia, sino no va a pasar nada. Para agilizarlo hay que empezar a moverse”, sentenció Zamot.

Incosteable el costo energético

La falta de transparencia ha sido uno de los elementos que hoy amenaza con hacer incosteable el costo energético del País y con ello llevar nuevamente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a una segunda quiebra, planteó Jaime Sanabria, ex principal oficial ejecutivo y financiero de Ecoeléctrica. También se hizo eco de la importancia de la transparencia, principalmente en los contratos de la AEE, como estrategia para poder mantener una tarifa justa, razonable y adecuada.

Sostuvo que los aumentos en el costo energético de aquí en adelante pasarán tan aceleradamente que en un futuro no muy lejano la agencia tendrá que acogerse nuevamente a la quiebra. “Ante una tarifa tan elevada y onerosa y una economía que no ha despuntado, los consumidores no tendrán los recursos para poder pagar y la Isla no podrá cumplir con sus obligaciones. Se habla de un aumento que fluctuará entre el 5% y el 28%, con aumento en los cargos fijos de 4.6 centavos kilovatios hora para el pago de la deuda, cuando en los EE.UU. la factura entera refleja un costo de 6 centavos kilovatios hora. Todavía esto no ha sido firmado, aún hay tiempo del pueblo poder detenerlo”, manifestó.

Como ejemplo de contrataciones que minaron la confianza en la institución mencionó el caso de Whitefish, Cobra Energy -esquema de presión indebida y fraude-, Puma -suplido de combustible a doble precio- y contratos por montos que evaden escrutinio, detalló.

reportera

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