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El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, al centro, presentó ayer la medida para la investigación en los ayuntamientos, junto a la representante Jocelyne Rodríguez y el representante Ángel “Tito” Fourquet. >Brandon Cruz

Ante las dudas y cuestionamientos sobre la operación de empresas y corporaciones municipales, varios alcaldes defendieron que las entidades prestan servicios y generan recursos económicos y le dieron la bienvenida a que se investigue si los ayuntamientos hacen el uso correcto de la legislación que lo permite en beneficio de los ciudadanos.

La discusión pública sobre la creación de empresas y corporaciones desde las alcaldías surge luego de los arrestos recientes de un exfuncionario y exasesores del municipio de Mayagüez por un presunto esquema de fraude de más de $9 millones a la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), creada para promover el desarrollo económico de la ciudad.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, del Partido  Nuevo Progresista (PNP), y el de Aguadilla, Julio Roldán, del Partido Popular Democrático (PPD), cuyos municipios tienen o han tenido empresas con o sin fines de lucro, dijeron que no debe haber inconveniente con las investigaciones.

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El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, informó que tienen empresas sin fines de lucro desde hace varios años. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Mientras que los alcaldes de Coamo y Juncos, Juan Carlos García Padilla y Alfredo “Papo” Alejandro, respectivamente, defendieron el beneficio de tener empresas municipales y distinguieron que el caso de Mayagüez es particular.

Parte de los señalamientos en Mayagüez incluyen la asignación de fondos legislativos que fueron utilizados para otros propósitos.

Justo ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó que se disponen a indagar en los 78 municipios a través de la Resolución 346 que ordena una investigación exhaustiva sobre la autorización, el funcionamiento y la operación de franquicias comerciales o empresas corporativas municipales con fines de lucro.

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En Coamo, el alcalde Juan Carlos “Tato” García Padilla maneja varias empresas municipales. >Archivo/EL VOCERO

Adelantó que en las próximas semanas se ordenará la comparecencia a vistas públicas de los municipios de Aguadilla, Bayamón y Mayagüez.

“Esta resolución nace de señalamientos de la contralora de que estos instrumentos (empresas y corporaciones municipales) no tienen mecanismos efectivos para rendir cuentas, lo que ha traído irregularidades que se han ventilado como situaciones en Bayamón, Aguadilla y las más reciente de Mayagüez”, expresó Hernández. “Estos son los primeros ayuntamientos que van a rendir cuentas. Vamos a llevar un proceso investigativo para ver hallazgos, recomendaciones, lagunas o vacíos en la ley o códigos municipales. Hemos recogido expresiones de la contralora en términos de su limitación a la fiscalización de estas instrumentalidades”, explicó.

Informó que además de evaluar las empresas y corporaciones de los municipios, se incluirán las alianzas, convenios o transacciones financieras en todos los ayuntamientos de Puerto Rico. 

La investigación estará a cargo del presidente de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de la Región Suroeste, Ángel “Tito” Fourquet, quien adelantó que les pedirá a los municipios la lista de todos los activos y pasivos municipales, así como de las empresas, corporaciones, alianzas, convenios y transacciones financieras. Además de los recursos transferidos a las instrumentalidades municipales, también se pedirán las resoluciones, acciones en las legislaturas municipales, nombres de los legisladores que realizaron las transacciones y demandas contra los municipios.

Avalan la investigación

Los alcaldes de Bayamón y Aguadilla expresaron que no están preocupados con la medida legislativa que dispone que se investiguen las finanzas de los ayuntamientos.

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El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, espera reabrir las empresas del municipio. >Carlos Rivera Giusti EL VOCERO

“¡Claro que sí! Estoy de acuerdo con que se haga esa investigación, que se abran los libros para que se vea si hubo transparencia o mal manejo de fondos con esas empresas”, expresó Roldán, alcalde de Aguadilla. Explicó que “luego del paso del huracán María al pasado alcalde Carlos Méndez decidió cerrar las corporaciones del pueblo, que eran Las Cascadas de Aguadilla, un hotel, la pista de patinaje y la bolera. Todas fracasaron, ya no existen”.

En el caso de Aguadilla, el alcalde favorece el mecanismo que dispone la Ley de Municipios Autónomos para crear empresas y corporaciones, y adelantó que “vamos a comenzar a reabrirlas, pero el municipio las va a administrar”.

Por su parte, Rivera, alcalde de Bayamón, también aseguró no temerle a las indagaciones, e informó que las empresas municipales que han creado desde hace tiempo no tienen fines de lucro. 

“No tengo ningún problema ni inconveniente. Tenemos dos corporaciones municipales hace muchos años, pero sin fines de lucro. Una de vivienda y la otra para correr la Sala de Emergencias. El caso de Mayagüez es distinto, es una corporación para hacer inversiones en la bolsa de valores”, declaró Rivera.  

Destacan los beneficios

Los alcaldes de Coamo y Juncos coincidieron en que la creación de empresas municipales ha sido de beneficio, y que esto les permite echar hacia adelante proyectos que les han generado ahorros y recursos económicos.

Aunque ya existía la facultad de crear estas entidades, en el pasado cuatrienio el entonces gobernador Ricardo Rosselló enmendó la Ley de Municipios Autónomos —con la Ley 32 del 6 de junio de 2017— y autorizó que los municipios creen corporaciones y empresas municipales con fines de lucro para generar ingresos, sin gravarles el presupuesto, ni aumentar la nómina de empleados.

“Esta ley ha sido muy beneficiosa para administrar las instalaciones que bajo la estructura del gobierno sería muy oneroso. Yo tengo un cine y operarlo con empleados del gobierno impediría que fuera viable económicamente por las compensaciones de vacaciones, enfermedad, etc.”, explicó García Padilla, alcalde de Coamo.

El ejecutivo se refirió a que el manejo de los recursos humanos y los beneficios que les otorga el gobierno a sus trabajadores son muy costosos, lo que hace que estos proyectos fracasen financieramente.

“Tengo como corporación municipal el Centro de Convenciones y una gasolinera, empresas pequeñas que son más ágiles como privadas. Hay una Junta de Directores que yo no presido, aunque me responde a mí”, informó García Padilla.

Por su parte Alejandro, el alcalde de Juncos, resaltó que la creación de empresas municipales ha sido positiva para el proyecto Estancia Serena, un centro de desintoxicación y rehabilitación que inauguró en diciembre de 2019.

“Sin esta opción de empresa privada no hubiera podido sostener el centro, porque así puedo recibir donaciones de compañías e incentivos federales. Ahora vamos a trabajar otra empresa municipal para convertir el antiguo colegio católico en un hotel. Hay una Junta de Directores y tres de los miembros son empresarios, no tienen nada que ver con el gobierno, no responden a las peticiones del alcalde”, aseguró Alejandro.

Sobre las instalaciones de Estancia Serena, indicó que cuentan con un equipo multidisciplinario para ayudar en la recuperación del adicto y reinsertarlo a la sociedad. 

Ambos alcaldes consideran que la operación de las empresas privadas bajo la Ley 32 se puede realizar de la manera correcta para el desarrollo económico de los municipios y concuerdan en que el fraude se debe a otros factores. 

“El gobierno debe hacer un análisis de qué se puede hacer y qué no, para que no pase lo que supuestamente pasó en Mayagüez”, apuntó Alejandro. 

Por su parte, García Padilla entiende que cuando ocurre fraude el problema no está en la ley que permite las empresas o corporaciones en los municipios, sino en la honestidad de las personas.

“La fiebre no está en la sábana. No hay que hacerle ningún cambio a la ley, lo que hay que fortalecer es la educación, los principios y los valores. El fraude ocurre en el gobierno y en la empresa privada; hay robo y malversación de fondos en la banca y comercios como los supermercados. Lo que pasa es que los casos tienen más prominencia cuando pasan en el gobierno”, puntualizó García Padilla.

No se eliminarán

A preguntas de EL VOCERO, el presidente de la Cámara dejó saber que no visualiza eliminar la ley que permite las corporaciones municipales, sino corregir lo necesario para facilitar su fiscalización. La ley que permite crear las empresas municipales con fines de lucro mediante ordenanza municipal dispone que pueden generar ingresos propios, buscar financiamiento en la banca privada, así como reclutar su propio recurso humano, por lo que no se consideran empleados municipales.

“Es una buena iniciativa la de las corporaciones, pero su legislación tiene variedad en el cumplimiento de la rendición de cuentas de forma periódica. Hay señalamientos serios de la contralora sobre los modelos para garantizar la fiscalización efectiva. Si es necesario modificar, enmendar o establecer un estatuto totalmente nuevo para reestructurarlas, se hará. No es nuestra intención derogar el estado de derecho actual en relación a este mecanismo, por el contrario, darle una salvaguarda para que esté a tono con la política pública de transparencia y rendición de cuentas, que no sea solo cuando trascienda una controversia”, sostuvo el presidente de la Cámara.

Por su parte, la representante Jocelyn Rodríguez dijo sobre la medida legislativa para investigar a los municipios “que esta acción corresponde a la política pública que promueve la actual Asamblea Legislativa. Tenemos que ser responsables y justos en el momento de adjudicar culpas”. Rodríguez, quien fue empleada del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, indicó que no tiene que abstenerse de ser parte de la comisión que investigará ese ayuntamiento.

Hasta ahora, el alcalde de Mayagüez no ha estado disponible para hacer expresiones.