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Analistas financieros entrevistados por EL VOCERO, reconocen que el pleito incoado contra ocho bancos de Wall Street constituye un caso muy importante, ya que plantea una acción de dejadez de tales instituciones al hacer caso omiso a señales financieras que demostraban la posibilidad de incumplimiento de pago por parte del gobierno de Puerto Rico, por lo cual le ven posibilidades de prosperar al caso.

Sin embargo, parece que la responsabilidad no solo se limita a los bancos suscriptores de la deuda, sino que podría trascender a las casas acreditadoras, que a lo largo de todas las emisiones presentaron clasificaciones favorables que habilitaban las emisiones, y no deben estar exentas de responsabilidad, indicaron los consultados.

Rafael Ferreira Cintrón, licenciado en finanzas con una subespecialización en administración bancaria, sostuvo que los suscriptores tienen una responsabilidad primaria e indelegable de analizar de forma rigurosa y financiera la capacidad de repago del propuesto emisor de deuda.

En ese sentido los suscriptores tenían que analizar los estados financieros auditados, las proyecciones y los índices económicos de la economía de Puerto Rico o la corporación pública si era el caso.

“De un análisis de los estados financieros, proyecciones y recaudos de Hacienda reales los suscriptores podían prever que existía un riesgo financiero potencial de incumplimiento de pago. Es comparable a una solicitud de hipoteca. El banco va a analizar la capacidad de repago y será cauteloso o denegará el financiamiento cuando estima que los ingresos están muy comprometidos. En el caso de los bonos los suscriptores fueron muy agresivos y no ejercieron el deber de cumplimiento en el rigor del análisis que la magnitud de las emisiones requería”, afirmó Ferreira, y dijo que “los demandantes tienen una causa de acción que puede prosperar en los tribunales”.

Por su parte, el economista Santos Negrón, y quien por siete años presentó ante las casas acreditadoras y banqueros de inversión las finanzas de Puerto Rico como especialista del ahora desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF), admitió que le preocupó que mientras la economía seguía presentando indicios de picada, con un alza en el desempleo, la merma en la manufactura e inflación, entre otros indicadores económicos que demostraban decrecimiento económico, se siguiera emitiendo deuda.

“Las tendencias desde muy temprano se estaban viendo y para emitir deuda tenía que existir las condiciones óptimas de solvencia por parte del emisor. Esa emisión iba con garantía. Es evidente que llevaban información no validada o insuficiente, o simplemente engañaban en el proceso. Cuando me tocaba hacer el ´due diligence´ era un proceso bien riguroso donde se tenía que evidenciar el más mínimo número para evidenciar la realidad financiera de la Isla, por lo que entiendo no hay manera en que Puerto Rico haya podido hacer una falsa presentación de sus datos financieros”, analizó.

Negrón entiende que en el pleito no se mencionan a las casas acreditadoras, que tenían la responsabilidad de emitir la clasificación de riesgo asociada a la emisión. Acotó que “la tasa de interés de los bonistas está asociada al riesgo, por lo que cuestiona en qué medida las mismas están exentas de responsabilidad”.

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