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Ante la importancia que ha adquirido el rol del economista como resultado de la crisis que atraviesa la Isla, el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), Heriberto Martínez, favorece una colegiación que les permita participar de la discusión pública y los procesos de ajuste de deuda con legitimidad de la ley.

Esto en momentos en que la Asamblea Legislativa tiene a su haber un proyecto que promulgaría la eliminación de la colegiación compulsoria en al menos 32 organizaciones profesionales a fin de crear “justicia laboral”.

“Nuestro proyecto fundamental es el proyecto de colegiación de los economistas que se radicó. Esto implica una junta reglamentadora, un código de ética y el reconocimiento del estado a esta institución para poder opinar con todas las de la ley. El colegio reconocido tiene mucha más fuerza que una organización auto convocada”, comentó Martínez.

El economista y abogado mencionó que la colegiación puede dar paso a que la organización pueda contribuir en el desarrollo de un plan económico certero y eficiente para Puerto Rico, lo que a su juicio nunca se ha logrado.

“Los gobiernos han fallado en establecer un plan efectivo y realista que indique hacia qué tipo de desarrollo económico se debe dirigir a la Isla. Proponen proyectos que abundan mucho y no son más que una falacia. No se enfocan en algo en específico. No establecen si quieren una economía potenciada en exportación o en una impactada por aumentos salariales”, detalló.

Martínez también aseguró que bajo el amparo de la ley podrían ayudar a un manejo eficiente de la deuda del país. Según entiende, las reestructuraciones logradas hasta el momento no son sustentables a largo plazo porque no existen indicadores de crecimiento económico para la Isla, lo que podría dar paso a otra quiebra gubernamental.

“Estos acuerdos han sido negociados bajo perspectivas de crecimiento económico que fueron infladas, cuando la realidad es que son menores. Nunca fueron ajustadas a la baja y esto ha ocasionado que esos acuerdos o los planes de ajuste resulten ineficientes. Sin duda, podría dar paso a otra recesión económica”, argumentó.

Indicó, además, que otro problema que acarrea la Isla es que las personas que están al frente de las agencias gubernamentales que toman decisiones que influyen sobre la economía del país, en su mayoría son abogados o contables que desconocen sobre economía.

“En toda la crisis que comenzó en el 2006, la crisis financiera de 2008 y luego durante la degradación del crédito que terminó con el impago de la deuda, todos los espacios de función pública eran ocupados por personas que no son economistas. Conocen cuestiones estructurales, pero no entienden la parte económica. Por eso implantan políticas de austeridad y terminan haciendo más daño que bien”, puntualizó.

En el caso de la quiebra, desde hace décadas, se habían realizado varios estudios y publicaciones de economistas que advertían sobre el colapso financiero del gobierno, pero las políticas de cuadrar la caja con nueva deuda o refinanciamientos prevaleció hasta que la insuficiencia de ingresos no permitió pagar las obligaciones a partir de 2016.

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