Airbnb

Aunque existe un estatuto para regular las miles de unidades de alojamiento a corto plazo que operan en la Isla, representantes del sector público y privado entienden que “continúan operando por la libre” y discuten posibles medidas para reforzar el cumplimiento.

La Ley 272 del 9 de septiembre de 2003, según enmendada, establece que los dueños de las propiedades que se alquilen en las plataformas de alojamiento alternativo —como Airbnb, VRBO, Join a Join, HomeAway, entre otras— deben registrarse en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y cobrar 7% por concepto de impuesto hotelero.

No obstante, Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico (Adppr), aseguró a EL VOCERO que las plataformas no están cumpliendo con el reglamento y que ante la falta de recursos, la CTPR no ha podido hacer valer las disposiciones. El empresario ya había denunciado que menos de 12,000 unidades de las 25,000 que Airbnb mantiene en Puerto Rico están debidamente registradas.

“Más del 50% de estas propiedades alternativas operan sin registro e ilegalmente en la Isla. La ley 272 sostiene que los alojamientos deben estar registrados en la CTPR, que tienen que pagar impuestos de acuerdo con las ventas que registran y que deben operar según unos estándares de calidad… pero esto no está sucediendo”, señaló Ramírez.

Con esto también coincide el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prtha, en inglés), Joaquín Bolívar, quien enfatizó que la falta de registro de estos alojamientos pone en riesgo a los huéspedes y afecta la imagen de la industria porque no están obligados a operar bajo las mejores prácticas.

Recientemente, la Prtha denunció que en algunas de las plataformas de alquiler se han colocado apartamentos que ubican en complejos de vivienda pública. Esta práctica —que aún está siendo investigada— está prohibida por los estatutos federales que rigen la Administración de Vivienda Pública.

“Esto se trata de asegurar la seguridad de quienes nos visitan y de los que residen cercanos a esos espacios. Los alquileres a corto plazo no operan bajo las mismas prácticas y regulaciones que las hospederías. Cuando tienen una mala experiencia no se llevan una mala impresión de la compañía, se la llevan del destino…”, afirmó Bolívar.

Como remedio, ambas organizaciones apoyan que —dada la falta de recursos de la CTPR para hacer cumplir a los alojamientos alternativos con la normativa— se imponga un aumento al ‘room tax’ que estas propiedades están obligadas a cobrar y que se les asigne un 2% a los municipios para que puedan ayudar con el cumplimiento de los registros.

Tanto Bolívar, como Ramírez han sostenido conversaciones con el representante José “Cheito” Rivera, para que se someta un proyecto de ley que incremente el impuesto a los alquileres a corto de plazo de 7% a 9% y que la diferencia se les asigne a los ayuntamientos. Por su parte, el legislador aseguró que analizan esta y otras opciones.

“Aun no hay nada radicado, ni se ha sometido un proyecto de ley. Son ideas que estamos planteando para ver cómo podemos recrudecer las regulaciones a los hospedajes a corto plazo ante los reclamos de varios sectores… no solo estas organizaciones, también alcaldes y asociaciones de condominios… Hay que mantener un estándar de calidad, esa es la intención principal”, afirmó Rivera.

Solicitan acción a los municipios

Ramírez también defendió que los municipios —por las patentes— son las entidades adecuadas para identificar dónde se ubican los alquileres, además de que ofrecen servicios a las propiedades.

“Los municipios saben dónde están ubicados, conocen dónde predominan. Las demás hospederías pagan patentes, registros como comerciantes, CRIM comercial, registro de bomberos y de Salud… Los alquileres no y comoquiera reciben servicios gratuitamente. Esto daría dinero a los municipios para que disipen el impacto que le generan los alojamientos a corto plazo”, agregó Ramírez.

Room tax por debajo de otros destinos

Bolívar enfatizó que aun si se incrementa el ‘room tax’ aplicable a estas propiedades al 9%, el impuesto todavía se mantendría por debajo de otros destinos que compiten con la Isla, pero a la par con el resto de las hospederías locales que no poseen casino. Por ejemplo, en Antigua se cobra un 12.5%; Aruba 9.5%; Bahamas 10%, y República Dominicana 10%.

El director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado, le había indicado a EL VOCERO que consideraba necesarias otras medidas y regulaciones enfocadas principalmente en mantener controles de calidad, protocolos salubristas y la sana convivencia con los residentes cercanos a donde se encuentran ubicadas las unidades de vivienda utilizadas para estos fines.

Mercado reconoció que la alternativa de alojamiento en alquileres a corto plazo continúa ganando popularidad entre los viajeros que buscan experiencias diferentes en los destinos que visitan.

De acuerdo con la Organización de Mercadeo de Destino (DMO), Discover Puerto Rico, la demanda de los alquileres alternativos incrementó 82% durante el año calendario. La oferta de los hospedajes a corto plazo aumentó 35% en contraste con 2019 y estiman que generan cerca de $25 millones anuales en impuestos.

  EL VOCERO intentó obtener la reacción de representantes del sector de alquiler a corto plazo, pero no fue posible al cierre de esta edición.