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Con el objetivo de asegurar la transformación eficiente del sistema eléctrico de Puerto Rico, el congresista demócrata Raúl Grijalva sometió al Congreso un borrador de un proyecto de ley que pretende establecer en la Isla una oficina federal que procure la gestión, planificación, entrega y conservación de energía.

Grijalva señaló a EL VOCERO que los daños ocasionados por el huracán María en 2017 y los terremotos del 2020 al sistema eléctrico de Puerto Rico hacen necesario que la energía sea tratada como una prioridad. “Es una prioridad no sólo para el desarrollo económico de Puerto Rico, sino también para que se asegure la seguridad y la vida de los puertorriqueños”, afirmó el congresista.

Ante esto, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes -dirigido por Grijalva- presentó el borrador de la Ley de Cambio Climático para la Zona Insular con la que Puerto Rico y otros territorios podrían beneficiarse de una serie de medidas para mitigar el impacto del cambio climático y tener una mejor respuesta a los fenómenos naturales.

“El comité está trabajando fuerte para que Puerto Rico pueda tener la asistencia necesaria para lograr su transformación energética. La legislación busca establecer una Oficina de Política y Programas Energéticos que se encargue de los esfuerzos y las estrategias de energía renovable y alternativa, así como procurar la eficiencia energética”, indicó Grijalva.

A pesar de que la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) promulga que se alcance la generación de un 40% de energía renovable para 2025, un 60% para el 2040 y un 100% para 2050, la medida propuesta por el congresista podría ayudar a agilizar la transformación. A poco menos de cinco años para que se alcance la primera meta, sólo se produce un 4% de energía limpia.

Grijalva mencionó, además, que la trasformación sólo se logra aumentando la inversión en generación de energía limpia, por lo que el estatuto propuesto vislumbra algunas provisiones para aumentar los fondos asignados a Puerto Rico y garantizar el acceso de la Isla a nuevas subvenciones que se trabajan en el Congreso.

Por su parte, Margarita Varela-Rosa, asesora del comité presidido por Grijalva, explicó a EL VOCERO que, además de la creación de la oficina energética -que será dirigida por el Departamento de Energía federal- y las provisiones para aumentar el apoyo financiero, vislumbran un Programa de Reembolso de Electrodomésticos de Eficiencia Energética para reducir la demanda de energía.

Así también, recomiendan la creación de un programa de becas de investigación para monitorear, recopilar, sintetizar, analizar y publicar datos sobre el cambio climático en los territorios, además de una exención de los requisitos de fondos compartidos no federales asociados con la ayuda en caso de desastres y los fondos de recuperación a largo plazo disponibles.

“Es importante que el gobierno de Puerto Rico tenga acceso a programas adicionales que le ayuden a concretar su transformación. Esto le ayudará, sin duda, a desarrollar planes energéticos integrales, expandir la energía renovable y la eficiencia, reducir y estabilizar los costos energéticos y mejorar la infraestructura energética”, detalló Varela.

Para lograr estas metas, Varela enfatizó que la Oficina de Política y Programas Energéticos recibirá recursos adicionales a los que ya han sido asignados al gobierno para reconstruir el sistema energético. “Proponemos esta oficina porque ha demostrado funcionar en otras jurisdicciones. Las propuestas están específicamente diseñadas para asegurar que los territorios están preparados para los retos que supone el cambio climático”, sentenció.

Recientemente, FEMA aprobó $9,459 millones en nuevas asignaciones para rehacer la red eléctrica de la Isla. Estos son independientes a los $2,000 millones que se invirtieron tras el paso de María y los $1,932 millones que el Congreso asignó bajo el programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) y que aún no se han desembolsado.

Por otro lado, Javier Rúa Jovet, principal oficial de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), considera que la medida propuesta en el Congreso tendrá un impacto directo sobre el desarrollo económico de la Isla y permitirá una respuesta gubernamental más eficiente ante futuras emergencias.

“La medida permitiría avanzar en el tema energético que tanto se ha rezagado por el gobierno local. La creación de la oficina que se vislumbra en el proyecto pudiese ser un punto de coordinación federal para los diversos programas de apoyo federal y que fluyan finalmente a la Isla”, agregó Rúa.

Finalmente, Varela mencionó que el gobierno de Puerto Rico, así como el de Guam, Islas Vírgenes Americanas, Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, tendrán hasta el próximo 13 de noviembre para someter sus respectivas recomendaciones para el posible estatuto.

“Esto es una prioridad para el próximo Congreso”, recalcó.