Farmaceuticas

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En Puerto Rico -donde se mantiene la mayor densidad por milla cuadrada y per cápita en concentración de manufactura farmacéutica del mundo- la actividad económica generada por este sector representa una quinta parte de los ingresos gubernamentales, lo que podría verse amenazado con la eliminación del crédito federal por el arbitrio que pagan las empresas foráneas establecidas en la Isla.

El sector le plantea recomendaciones al gobierno y la urgencia de alcanzar un modelo tributario afín con el clima de inversión, mientras el equipo económico y financiero de la gobernadora Wanda Vázquez asegura que analizan alternativas, pero se desconoce cuándo hará un anuncio al respecto.

La Ley 154 de 2010 impuso temporalmente un arbitrio sobre las ventas de las foráneas en Puerto Rico (que les beneficia con el reconocimiento de un crédito federal de 100%), lo cual genera al gobierno alrededor de $2,000 millones anuales, que equivalen a un 22% de los ingresos totales al Fondo General, que fluctúan en los $9,000 millones. El crédito no es compatible con las disposiciones federales actuales tras reformarse la manera en que tributan las empresas con operaciones fuera de Estados Unidos en 2017.

Wendy Perry, gerente general de Merck Puerto Rico y presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA), sostuvo a EL VOCERO que los cambios en los códigos de incentivos pudieran trastocar la estabilidad económica que enfrenta la industria farmacéutica desde 2010.

“Ciertamente este tipo de cambios puede ocasionar un disloque en nuestras operaciones… Hemos estado en conversaciones con la gobernadora y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para al menos poder presentar unos puntos importantes generales para crear un entorno económico favorable y se encuentre un sustituto favorable para el crédito”, comentó Perry.

“Nuestra industria continúa representando el 33% del Producto Interno Bruto del País. Nuestra contribución no es solo los impuestos que se pagan al fisco, sino también los miles de empleos que generamos. Son 18,000 empleos directos y 60,000 indirectos, cuyo salario promedio es de $62,000… Tenemos que encontrar una solución en conjunto”, agregó.

Perry enfatizó que no es la primera vez que la industria farmacéutica en Puerto Rico se ve afectada. Recordó que cuando quedó sin efecto la aplicación de la Isla en la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, farmacéuticas grandes decidieron mudar sus operaciones a otros países o estados. Este estatuto les permitía a las subsidiarias en Puerto Rico remitir sus ganancias a la corporación en cualquier momento, sin pagar la contribución federal sobre el ingreso de corporaciones.

“Si bien es cierto que cuando la 936 se quedó sin efecto vimos la salida de grandes compañías en su actividad de manufactura, desde 2010 hemos estado experimentando una fase de estabilidad. Es un logro importante haber podido retener muchas compañías en un periodo tan difícil y eso hay que preservarlo”, indicó Perry.

Por su parte José Viera, director regional de Allergan, no descarta que el cambio en los incentivos pueda tener como resultado la salida de varias empresas farmacéuticas del mercado. “Nosotros queremos contribuir lo justo para el País, pero tenemos que ser parte de la ecuación. El impuesto puede afectar la estabilidad del mercado. Estas farmacéuticas tienen opciones de otros mercados a donde mudar su producción”, comentó.

“La industria tiene que ser parte de la solución”

Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, aseguró a EL VOCERO que “la industria farmacéutica es sumamente importante para la Isla y retenerla para que continúe invirtiendo en la Isla es parte del plan de desarrollo económico”. Sostuvo que todavía se encuentran en el proceso de análisis para encontrar un nuevo impuesto que sustituya el arbitrio, pero que no represente un aumento para los contribuyentes.

“Siempre ha sido un tema de preocupación y de riesgo tanto para la industria como para el gobierno porque no era permanente. El Departamento del Tesoro nos ha estado recordando el asunto, pero es algo que tenemos que trabajar junto con la industria. El cambio tiene que dar certeza, proteger la base contributiva de lo que se recauda y tiene que funcionarle a la industria”, sentenció Laboy.

Pese a que no hay una fecha estipulada para ejecutar el cambio, tan reciente como ayer un funcionario del Departamento del Tesoro federal indicó al medio estadounidense Politico que están a la espera de los cambios. “Puerto Rico sabe que el Departamento del Tesoro considera que la situación tiene que cambiar”, acotó.

Laboy aseguró que la gobernadora tiene varias opciones sobre la mesa y que tomarán una decisión lo antes posible.

Necesitan estabilidad

Perry agregó que la industria farmacéutica invierte en capital cerca de $500 millones anuales en la Isla y afirmó que, para que las inversiones continúen, necesitan estabilidad política.

“Hay que reconocer el trabajo que el gobierno local estrecha con la industria para fortalecer el sistema. Esto es importante para nosotros porque nos da estabilidad en el mercado y podemos elevar eso a nuestras casas matrices y mantener la inversión. Además, hay otras compañías que tienen los ojos puestos sobre Puerto Rico y eso les da seguridad”, estableció.

“Nosotros tenemos que darle certidumbre a nuestras casas matrices sobre cómo se hacen negocios en Puerto Rico. Se trata de mantener consistencia y ser responsables. Lo que provoca inestabilidad en las inversiones es la incertidumbre de hacia dónde va direccionado la parte de impuestos e incentivos para atraer compañías”, puntualizó la ejecutiva.