Pierluisi

La posible extensión del crédito por trabajo a los contribuyentes de la Isla podría ser una buena estrategia para fomentar la participación laboral, pero a juicio de los analistas consultados por EL VOCERO, es necesario que vaya acompañada de iniciativas que apoyen la creación de empleos.

Recientemente el gobernador Pedro Pierluisi anunció que radicará una medida de administración para aumentar el programa de crédito por trabajo del gobierno con fondos federales, lo que a su entender incentivará el trabajo en la Isla y proveerá un alivio a la clase trabajadora.

“La extensión completa a Puerto Rico del crédito tendrá un efecto multiplicador en nuestra Isla. La aprobación de esta medida permitirá que nuestros contribuyentes reciban un incentivo económico dirigido plenamente a fomentar el trabajo”, sostuvo el gobernador.

Con el Plan de Rescate Americano aprobado recientemente por el Congreso estadounidense, Puerto Rico está supuesto a recibir $612 millones en fondos adicionales para el programa del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) por los próximos 10 años. No obstante, para recibir dicho monto el gobierno debe desembolsar $800 millones anuales a los beneficiarios del programa, y actualmente el desembolso ronda en $115 millones, producto de la legislación de créditos contributivos vigente en la Isla, la cual para acceder a dichos fondos deberá ser enmendada o aprobarse nueva legislación al respecto.

La junta presenta opciones

La medida anunciada por Pierluisi —que aspira a equiparar el beneficio que se otorga en Puerto Rico con el federal— responde a una misiva enviada al mandatario y a los líderes de la Asamblea Legislativa por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, donde les exhorta a la aprobación de legislación que modifique el EITC en la Isla para acceder a los fondos adicionales del Congreso.

Jaresko comunicó que hay varias maneras de aumentar el crédito existente. Entre las opciones, recomendó aumentar la tasa de la fase ascendiente para cada familia que es elegible actualmente, expandir el EITC para añadir nuevas categorías de declarantes, flexibilizar las limitaciones de edad, e incrementar el nivel de ingresos al que aplica el crédito, entre otras.

“La junta se compromete en garantizar que los residentes de Puerto Rico obtengan acceso completo a los fondos del EITC puestos a disposición por la Ley del Plan de Rescate. Un EITC expandido proveería considerables beneficios laborales, de ingresos, educativos y de salud a sus beneficiarios y sus hijos”, puntualizó Jaresko.

Ante el anuncio, la economista Heidie Calero señaló a EL VOCERO que la medida anunciada por el gobernador podría impulsar un incremento sustancial en la participación laboral —que a febrero, acorde con datos del Departamento del Trabajo, se sitúa en 40.3%— si se implementa junto con un plan de desarrollo económico que habilite las condiciones necesarias para que el incentivo cumpla su objetivo.

Actualmente, el crédito por trabajo disponible en la Isla es de 10 centavos por cada dólar del ingreso que genera una familia; hasta los $15,000 para una familia casada con dos hijos. El beneficio máximo del crédito es de $2,000 por año. La medida, según el gobernador, busca equiparar el beneficio otorgado con el federal. En Estados Unidos, con dos hijos, el crédito es de hasta $5,920.

“Es una medida acertada. Ahora hay que generar las oportunidades de empleo necesarias y buscar la manera de que los incentivos del gobierno federal no causen que la gente se quede sin trabajar por quedarse recibiendo las ayudas. Es el paso correcto para incentivar el trabajo y reducir la pobreza”, acotó la economista.

Calero enfatizó que para salir del estancamiento económico y que se logre un desarrollo sostenible, es necesario activar el sector productivo —afectado por la pandemia—, lo que solo se logra con la producción de empleos.

“La dependencia mantiene en la pobreza a la gente pobre porque no se incentiva el trabajo. Ahora que finalmente se está incentivando, el gobierno debe dirigirse a una economía de producción y la producción requiere que la gente esté trabajando. No se puede lograr con un 60% de la población en edad de trabajo fuera de la fuerza laboral”, agregó la economista.

Con el planteamiento coincide el economista José Joaquín Villamil, quien entiende que lo propuesto es positivo si se sustenta con otras acciones. “Aunque lo del incentivo puede mejorar la participación y es una buena medida, hacen falta iniciativas más proactivas en términos de capacitar a las personas y la creación de la demanda por la mano de obra local. El incentivo por sí solo no logra nada”, advirtió.

Villamil hizo hincapié en que parte de las medidas que deben acompañar el crédito por trabajo deben ir dirigidas a reducir la desigualdad económica entre las mujeres puertorriqueñas y los altos índices de pobreza en los que se mantienen. Según indicó, las mujeres con hijos en el hogar mantienen una tasa de pobreza de 68%, y menos del 33% de las féminas puertorriqueñas están integradas a la fuerza laboral.

 “Hace falta mejorar la infraestructura de apoyo especialmente a las mujeres que son las más afectadas. Es necesario proveerle capacitación y ayuda para el cuido de sus hijos a las madres solteras. La manera más rápida de aumentar la tasa de participación laboral es haciendo posible que las féminas se sumen a la fuerza laboral”, agregó el economista.