Natalie Jaresko

La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, afirmó que está confiada en que la jueza federal Laura Taylor Swain avale el pacto.

A pesar de que el acuerdo alcanzado por la Junta Federal de Control Fiscal y los acreedores de deuda garantizada requiere de leyes facilitadoras para su implementación, el organismo regulador aseguró que no le preocupa la oposición gubernamental y que vislumbra otras opciones para forzarlo en caso de que la legislación no proceda.

La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, afirmó en rueda de prensa que está confiada en que la jueza federal Laura Taylor Swain avale el pacto y que —en caso de que el gobierno mantenga su oposición— está latente la posibilidad de que la corte de Título III (quiebra) lo ratifique sin legislación.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo con un grupo más grande de bonistas del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico y acerca la Isla a la salida de la quiebra y al comienzo de una verdadera recuperación económica… Es un gran negocio”, afirmó Jaresko, quien agregó que es “la única ruta para sacar a la Isla de la quiebra”.

En septiembre del pasado año, la junta fiscal había llegado a otro acuerdo de apoyo con un grupo más reducido de bonistas constitucionales y que —a juicio de Jaresko— no era tan favorable para el gobierno como el que recientemente anunciaron porque extendía el periodo de repago a 30 años.

El nuevo pacto cuenta con el aval del 45% de los acreedores y busca reducir la deuda de $35,000 millones en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Administración de Edificios Públicos (AEP) a poco menos de $11,000 millones, lo que representa una reducción alrededor de $24,000 millones o un 70%. Además, disminuiría el servicio de la deuda en $5,000 millones adicionales y acortaría el periodo de repago a 20 años.

“De los $72,000 millones del total de la deuda, toma la parte más cuantiosa y la reduce en 70% a menos de $11,000 millones. Si se toma esta deuda de $35,000 millones junto la deuda de Cofina, estamos reduciendo lo que originalmente eran $53,000 millones a $23,000 millones. Una reducción de 57%”, acotó Jaresko.

Explicó que la reestructuración de los bonos de OG y de la AEP le permitirá reducir de $4,200 millones a $1,500 millones el servicio de la deuda anual, lo que “le ahorrará más dinero al gobierno y permitirá que los servicios a la población no se afecten”.

No necesitan el apoyo

Ante la oposición de la gobernadora Wanda Vázquez al acuerdo, Jaresko aseguró que “la junta no necesita la aprobación de la gobernadora por el momento” y que es lamentable que la mandataria “no vea el valor de lo que hemos alcanzado”.

“La junta no es un ente político y hace su trabajo todos los días sin importar quien sea el gobernador. Estamos tratando de reestructurar la deuda a unos niveles que sean sostenibles y alcanzar la estabilidad y el balance fiscal… Para nosotros no es sobre si está la gobernadora de acuerdo o no”, agregó.

Según Jaresko, el acuerdo provee una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos OG y un recorte promedio del 23% para los tenedores de bonos de la AEP. Los acreedores recibirán $10.7 millones en deuda nueva, la mitad en bonos OG y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), además de $3,800 millones en efectivo.

Jaresko añadió que la mayoría de los integrantes del ente fiscal votó a favor del nuevo acuerdo, aunque rehusó revelar los nombres.

“Este acuerdo nos permite eliminar el riesgo de una batalla legal larga y extremadamente costosa, no solo en honorarios de abogados, pero también en el costo de permanecer en una quiebra. Es mejor aceptar este acuerdo que arriesgarlo todo y tener que pagar el 100% de los bonos OG, que son una prioridad constitucional”, puntualizó la directora ejecutiva de la junta fiscal.

Someterán plan a la corte

Jaresko enfatizó que ante el nuevo acuerdo con los bonistas de Obligaciones Generales, la junta someterá el nuevo plan de ajuste del gobierno central a la corte federal de distrito a más tardar el próximo 28 de febrero, con o sin el apoyo de la gobernadora.

Esto había sido alertado por el Equipo de Mediación en los litigios del Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) a principios de diciembre del año pasado. En ese momento la jueza de quiebras Barbara Houser informó que la junta fiscal estaba en negociaciones con acreedores del gobierno para someter un nuevo plan de ajuste que dejaría sin efecto el radicado en septiembre pasado.

El plan anteriormente presentado a la jueza Swain buscaba la reestructuración de $35,000 millones de deuda y reclamaciones, así como $50,000 millones en obligaciones de pensiones a los retirados.

En cuanto al pacto alcanzado con el Comité Oficial de Retirados (COR) —que protegería a un 75% de los pensionados de posibles recortes a sus retiros—, Jaresko sostuvo que se mantiene igual. Este recortará el 8.5% de las pensiones de los retirados que devengan más de $1,200 al mes y restituye las aportaciones de los empleados gubernamentales al Sistema 2000.