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La zona metropolitana es la principal de la Isla en la oferta de alquileres de corto tiempo. >Suministrada

En momentos cuando a nivel mundial se aboga por regulaciones más estrictas para las plataformas de alquileres a corto plazo, en Puerto Rico este tipo de negocio -pese a la controversia por su proliferación desmedida- podría tener espacio para expandir su presencia.

Tan reciente como el mes pasado, el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley un proyecto que establecería la política pública para promover el establecimiento y desarrollo de la económica colaborativa en la Isla. Esta busca incentivar la actividad económica que generan e implementar un marco procesal que le permita al gobierno responder de manera rápida y consistente a estas plataformas.

Según la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, el establecimiento de la política pública ha “provocado el aumento en la disponibilidad de habitaciones para visitantes, aumento en los recaudos y una mejor fiscalización de los alquileres a corto plazo, que previamente se encontraba operando fuera del marco de la ley”.

“Definitivamente hay muchas oportunidades para que este tipo de alojamiento continúe creciendo. El crecimiento de alojamiento a corto plazo en los últimos años ha sido exponencial y al momento no hemos visto indicadores que apunten a que el crecimiento se haya detenido”, sostuvo la funcionaria.

En repetidas ocasiones, Campos ha asegurado que estas plataformas responden a una tendencia mundial y que Puerto Rico como destino tiene que ser competitivo y abierto a este tipo de experiencias. Reconoce, además, que juegan un papel importante porque añaden capacidad de hospedaje y trasladan actividad económica a zonas donde antes no había espacios de alojamiento.

A nivel local, el alquiler a corto plazo ha recibido tanto auge -aun más luego del paso del huracán María- que empresas como Airbnb han crecido exponencialmente en un corto periodo de tiempo. Según datos oficiales de la compañía, cuentan con sobre 10 mil unidades disponibles para alquiler en la Isla que son administradas por unos 5,100 anfitriones. Asimismo, recibieron 386,500 huéspedes, de los cuáles 138,700 optaron por quedarse en San Juan.

Para este verano, las reservas de Airbnb para Puerto Rico -que domina la lista de los diez principales destinos mundiales de la plataforma- aumentaron un 400% en comparación con el 2018.  Se proyecta la llegada de sobre 64 mil huéspedes entre el 1 de junio y el 2 de septiembre, aunque el número podría ser mayor a medida que vaya pasando la temporada.

El crecimiento desmedido de la plataforma en la Isla ha generado la preocupación de diversos representantes de la industria turística. Estos no se oponen a la presencia de Airbnb, Home Away, Join a Join y VRBO, pero piden que la CTPR regule y audite sus operaciones para evitar una futura competencia desleal.

Ante esto, Campos detalló que se encuentra evaluando posibles enmiendas a las leyes y reglamentos aplicables a los alquileres a corto plazo para continuar optimizando la regulación del sector acorde con mejores prácticas a nivel internacional.

Hace unos meses, el Senado había aprobado un proyecto de ley que dejaría en manos de Campos la responsabilidad de reglamentar, auditar y otorgar los permisos para los alquileres a corto plazo en las zonas de interés turístico. La medida pasó a la Cámara de Representantes, pero su discusión fue puesta en pausa.

“Estamos de acuerdo en que sea la CTPR quien continúe a cargo de estas responsabilidades porque tenemos la encomienda del manejo del destino y de asegurarnos de que la experiencia de nuestros visitantes sea una de excelencia. Además, la CTPR actualmente cuenta con el reglamento número 8856, aprobado el 22 de noviembre de 2016, el cual establece las reglas de juego de todo tipo de hospedería, incluyendo la de alojamiento a corto plazo”, insistió la directora ejecutiva.

No obstante, los municipios también están viendo a los alquileres a corto plazo como una oportunidad para aumentar sus ingresos. Recientemente, la legislatura municipal de Moca propuso una medida para regular las 22 a 26 propiedades que operan en el municipio y aumentar su captación de impuestos.

Por otro lado, a principios de año, San Juan también presentó un Proyecto de Ordenanza con el que buscaban implementar un licenciamiento con vigencia de un año, que fuese expedido por la Oficina de Permisos del municipio y establecer un impuesto del 3% sobre el ingreso bruto generado por el arrendamiento de las propiedades.

“Los recaudos por concepto del impuesto hotelero no representan un ingreso directo a los municipios… Ciertamente hemos visto que áreas que anteriormente estaban abandonadas o con muy baja actividad económica han resurgido por este nuevo modelo de negocio y propicia un ambiente para desarrollo económico, el cual redunda en mayores recaudos para el municipio por concepto de IVU, patentes e impuestos por ingresos”, opinó Campos.

A casi dos años de que el gobierno firmara un acuerdo de recaudación de impuestos con la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb, los recaudos por concepto del impuesto hotelero o “room tax” han sido un factor en el alza en los recaudos en general.

Durante el periodo de julio 2018 a abril 2019, la CTPR registró $60,923,118 por concepto de impuesto hotelero, de los cuales $10,318,006 (16.94%) corresponden a los alquileres a corto plazo. Para el mismo periodo en el pasado año fiscal, el recaudo totalizó $60,636,720, de los cuales $4,458,325 (7.35%) fueron producto de estos.

Campos sostuvo, además, que reportaron recaudos históricos para abril de este año al registrar ganancias de $6,969,326.04. El ingreso derivado por el alojamiento a corto plazo y plataformas totalizó $1,291,270.00, representando un 18.5% del recaudo total del mes.

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