Reunion Junta Control Fiscal en Hotel Conquistador en Fajardo

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó en 2016 la Ley Promesa, que procura la reestructuración de $72,000 millones en deuda bajo un nuevo proceso, y que estableció una Junta de Control Fiscal. >ARCHIVO

A pesar de que la crisis económica de Puerto Rico es un tema que se viene discutiendo por muchos años, esta década dejó evidenciada la precaria situación fiscal de la Isla con el colapso financiero del gobierno y el inicio de una quiebra especial para reestructurar sobre $72,000 millones en deuda, que aún no se acerca a su fin.

A finales de 2012, todavía bajo el mandato del gobernador Luis Fortuño Burset, las casas acreditadoras comenzaron a alertar sobre serios problemas con las finanzas del gobierno puertorriqueño. La degradación al crédito de la Isla dio inicio en 2013 bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla y ya para 2014, las casas acreditadoras Standard & Poor’s y Moody’s habían rebajado la deuda a chatarra.

Tras varios intentos fallidos para reducir el gasto del gobierno e impulsar los ingresos, García Padilla firmó en 2014 la Ley de Quiebra Criolla, que resultó ser inconstitucional. Dada la condición colonial de Puerto Rico, el Tribunal Supremo federal sentenció en 2016 que el gobierno de la Isla no podía crear su propia ley de quiebra, ni acogerse a la protección de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Luego de no haber logrado una reestructuración, García Padilla reconoció que el gobierno no estaba en la capacidad de cumplir con el pago del servicio de deuda y pidió ayuda al Congreso para aliviar la insostenible carga. En 2016, Puerto Rico incurrió en el primer impago en toda su historia.

En ese mismo año, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) que procura la reestructuración de los $72,000 millones bajo un proceso nuevo y que estableció una Junta de Control Fiscal para representar al gobierno puertorriqueño en los casos de quiebra y que velaría por la responsabilidad fiscal.

Obama designó a José Carrión, Andrew Biggs, Carlos García, José González, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel al organismo regulador. A cuatro años de que el ente entrara en funcionamiento, han logrado reestructurar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y parte de la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Cofina —bajo el Título III de la ley Promesa — concluyó con un balance de deuda final de $12,020 millones y destina el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para el pago a los acreedores. Bajo el Título VI, el BGF terminó con un balance de deuda final ascendente a $2,598 millones y la AAA con más de $3,000 millones.

A pesar de que se alcanzó un acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) para la deuda de $9,000 millones que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con sus acreedores, el proceso de aprobación lleva meses detenido. Este representaría una reducción de $3,000 millones.

Asimismo, el ente fiscal no ha podido concretar un plan de ajuste (POA, por sus siglas en inglés) para reestructurar la deuda que mantiene con los acreedores de deuda garantizada. A cuatro años del proceso, han tenido que entrar a la mesa de negociaciones en tres ocasiones.

En febrero de este año, la junta radicó un POA que buscaba reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones, de $35,000 millones a $11,000 millones, pero dada la crisis económica generada por la pandemia, se vieron en la obligación de dejarlo sin efecto y acordaron reanudar las negociaciones por tercera ocasión para someter un plan que se ajuste a la nueva realidad fiscal. Se espera que esté listo para febrero de 2021.

Tras haber vencido en agosto de 2019 los siete nombramientos realizados por Obama a la junta, en octubre de este año comenzaron los cambios en su composición. En ese mes, se oficializó la renuncia del entonces presidente Carrión y de los integrantes García y González. El integrante Skeel resultó electo como nuevo presidente del organismo.

Acto seguido, el presidente estadounidense Donald Trump hizo su primer nombramiento a la junta. Se trató de Justin Peterson, quien fue cabildero de los bonistas de Obligaciones Generales y se opuso a la reestructuración de la deuda bajo Promesa. En diciembre, a punto de vencer su incumbencia, Trump nombró a la demócrata neoyorquina Betty A. Rosa, y al republicano de Utah, John E. Nixon, y recomendó que el integrante Andrew Biggs permaneciera en un segundo término.

Esta ha sido en la historia moderna, la deuda municipal más grande y costosa que se ha registrado en Estados Unidos. En comparación con Detroit, en Michigan, donde se gastaron $175 millones para reestructurar una deuda de $20 mil millones en un periodo de 17 meses, en Puerto Rico se estima que la reestructuración podría superar los $1,400 millones y tardar como mínimo de seis a diez años.