Natalie Jaresko

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. 

A poco más de tres años de que iniciara el proceso de quiebra para reestructurar la deuda gubernamental de Puerto Rico de más de $72,000 millones, la Junta Federal de Control Fiscal confirmó que el gobierno no tiene la capacidad económica para cumplir con los pagos de sus obligaciones contractuales.

Así lo afirmó ayer la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, quien en la decimoctava reunión pública del ente—en la cual confirmaron su propio plan fiscal para el año 2020-2021— explicó que la significativa merma en los ingresos gubernamentales ocasionada por el coronavirus (Covid-19) ha cambiado el panorama económico que se tomó en cuenta para alcanzar acuerdos con los acreedores.

La economía local se contraerá 4% en 2020 como resultado de la pandemia, lo que generará un déficit del gobierno central para el 2032, seis años antes de lo proyectado en el plan fiscal 2019. Aunque vislumbran una leve recuperación de 0.5% en 2021 —motivada por las ayudas federales— volverá a caer para el año fiscal 2022 y la contracción se prolongará por los próximos cinco años fiscales.

“El efecto de una racha de continuos desastres naturales sin precedentes, por encima de los 15 años en que la economía ha estado contraída, ha dejado a Puerto Rico con unos recursos extremadamente limitados. Aun con la implementación de las reformas que vislumbra este plan fiscal, el gobierno no podrá pagar la deuda pública, ni cumplir con sus obligaciones contractuales actuales”, enfatizó Jaresko.

Puerto Rico mantiene la deuda más grande y costosa que se ha registrado en Estados Unidos. Aunque se han pagado sobre $300 millones en gastos relacionados a los procesos de la quiebra, solamente se ha reestructurado la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y parte de la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Cofina —bajo el Título III de la ley Promesa — concluyó con un balance de deuda final de $12,020 millones; bajo el Título VI el BGF terminó con un balance de deuda final ascendente a $2,598 millones y la AAA con poco más de $3,000 millones.

Pese a que el plan fiscal vislumbra un superávit presupuestario de $8,000 millones entre 2020 y 2032, este no es suficiente para cubrir los pagos de liquidación de los acreedores de deuda garantizada, tal y como propone el ente fiscal en el plan de ajuste enmendado radicado recientemente. En el plan fiscal certificado para el 2019-2020 proyectaba un superávit de $23,000 millones, lo que representa una merma de 65%.

Previamente el ente fiscal había radicado una moción para aplazar hasta julio la audiencia de consideración del Plan de Ajuste modificado (POA) con el que buscan reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que de aprobarse representaría un recorte de 70%.

Jaresko se limitó a decir que “la junta reconoce que el POA sometido en febrero significaba una reducción sustentable de la deuda gubernamental en ese momento”, pero que el coronavirus ha cambiado el panorama económico que se tomó en cuenta para establecer su viabilidad.

Aunque no confirmó las implicaciones que podría tener el plan fiscal certificado sobre la reestructuración de la deuda, este podría alargar la salida de la quiebra y culminar en una tercera negociación con los acreedores de deuda garantizada para alcanzar un nuevo POA menos oneroso con los bonistas.

“Reconocemos la importancia de los procesos de Título III, pero hay que tomar en cuenta los resultados económicos que tiene el coronavirus… Claramente, el avance de la pandemia ha cambiado el panorama a corto y largo plazo”, agregó.

Rechazan el plan gubernamental

El gobierno había presentado un plan fiscal para el año que comienza el próximo mes de junio, pero la junta rechazó el documento por entender que las proyecciones macroeconómicas presentaban un peor escenario al existente.

A diferencia del ente fiscal, el gobierno proyectó una caída del Producto Nacional Bruto (PNB) de -3.8% para el año fiscal 2019-2020 y de -7.8% para el 2020-2021. Asimismo, estimó un déficit fiscal para el año 2030 y no en 2039, como se proyectaba en el borrador de plan fiscal que habían presentado en febrero.

“Las proyecciones de la junta federal, a pesar de que la economía de Estados Unidos decrece, ponen a Puerto Rico creciendo y eso no tiene nada de sentido. Nuestras previsiones macroeconómicas fueron bien estudiadas y se basan un análisis de regresión, el desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB)”, comentó a EL VOCERO Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

En cuanto al impago de las obligaciones, Marrero está de acuerdo con que el gobierno no está en capacidad de cumplir, pero indicó que es necesario que el POA radicado por la junta fiscal se revalúe. Previamente, el gobierno se había opuesto al plan de ajuste por entender que el tratamiento a los bonistas era demasiado oneroso en comparación con los recortes que sufrían los pensionados.

“En la medida en que se proyectan menos recursos, hay menos sobrantes para pagar. Al plan de ajuste hay que hacerle cambios significativos. Ahora, en cuanto a volver a renegociar los acuerdos ya alcanzados, es muy prematuro”, señaló.

Asimismo, Marrero indicó que pese a que la junta detalla que el gobierno no puede pagar, no han determinado a cuánto asciende el servicio de la deuda para el nuevo año fiscal.

El plan fiscal aprobado por la junta fiscal no vislumbra recortes adicionales a los proyectados en el pasado plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los 78 municipios y establece que el gobierno deberá centrar sus esfuerzos en mejores servicios educativos y de salud pública.