Gas

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) evaluó la industria del gas licuado en la Isla y determinó la necesidad de enmendar la ley que rige el sector y trasformar los procesos regulatorios.

Según se informó, DACO identificó irregularidades, falta de uniformidad en el funcionamiento de la industria y ausencia de divulgación del precio de compra y venta del gas licuado.

Dicha determinación es parte del informe que recoge los principales problemas y hace una “radiografía” del estado actual del sector, tras completarse el proceso de investigación y fiscalización con el fin de establecer un plan de acción.

El secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, indicó que quieren “resolver lo que hemos encontrado, porque las multas no arreglan el problema”. Expuso que se debe “atacar la situación desde el punto de vista sistémico” porque encontraron “falta de uniformidad en cómo funciona la industria”.

Añadió que “los vendedores no nos entregan las facturas y cuando lo hacen, las entregan ‘ciegas’, sin los datos más importantes que necesitamos analizar”.

El funcionario apuntó a la falta de divulgación del precio de venta al consumidor y a que el proceso para determinar el costo es bastante confuso.

“La forma de reportar la información de cómo los mayoristas compran en galones, pero venden el gas licuado en libras, dificulta el proceso de fiscalización”, indicó el titular del DACO.

Agregó que “no sabemos cómo traducen el precio de galón a libra” y que otro problema es que “los mayoristas venden con distintos precios, depende de a quién y esos márgenes de ganancias son diferentes”.

Según Rivera, algunas empresas tienen entre 20 y 30 precios distintos que varían según el cliente, lo que complica que el DACO pueda obtener una métrica precisa de la industria del gas licuado y hacer una fiscalización efectiva.

“Muchos comerciantes tampoco les entregan los recibos a los consumidores y ellos deben poder ver el precio de venta. También algunos de los detallistas se consideran consumidores para algunos procesos y no lo son, son comerciantes. Estos son algunos de los escollos que nos hemos encontrado”, informó.

Planes de cambio

El secretario informó que se emitió “una orden de monitoreo de gas licuado que funciona diferente a la gasolina. Los detallistas de combustible compran a un precio único para todo el mundo, el galón se les vende igual, lo que no pasa con el gas. Queremos ajustar ese monitoreo para que funcione igual”.

La inspección persigue identificar el costo real, el precio y el ingreso que se reciben por la venta del producto, para evitar la falta de uniformidad que han encontrado.

“Hay que trabajar una estructura para determinar las ganancias, cuáles son sus márgenes. Vamos a realizar encuestas mensuales y —tal como se hace con la gasolina— vamos a divulgarles esa información a los consumidores para que puedan tener más claro el precio promedio del producto en el mercado”, indicó.

Rivera adelantó que quieren saber “cómo se comporta la industria, quiénes aumentan los precios y decirle a la gente que no pague más de lo que debe pagar”.

Limitaciones de la agencia

De acuerdo con el funcionario, hay alegaciones de práctica monopolística en la industria, asunto que por disposición expresa de las leyes vigentes corresponde atender a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

“Recibimos quejas de comerciantes que nos piden intervenir porque entienden que existen prácticas monopolísticas que les perjudican en sus negocios. Se trata de asuntos que escapan a nuestras facultades y al momento no se nos han concedido las garras que hacen falta para atender esos temas en primera instancia”, enfatizó Rivera, quien entiende que se debe promover la competencia en el sector, que haya más empresas y no se dependa de solo dos compañías.

Aseguró que no tiene el poder de manejar la competencia del mercado y que la Asamblea Legislativa debe hacer un análisis para decidir si le otorga esta facultad al DACO. Para lograrlo habría que enmendar la ley y los reglamentos sobre los precios del gas licuado, que son de hace 30 y 40 años.

 El secretario se expresó complacido con la discusión en la Legislatura en torno a la industria del gas. “Al momento, hemos recibido dos proyectos camerales que buscan de alguna manera atender problemas detectados en la industria. Confiamos en que estos esfuerzos se traducirán en propuestas interesantes de nueva legislación”, acotó Rivera.