junta

El acuerdo que alcanzó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal les permitirá a los pensionados gubernamentales la recuperación de 96.1% de cada dólar —la más alta entre los grupos de acreedores en la reestructuración de la deuda gubernamental— y evitará recortes al 74% de los retirados activos.

Francisco del Castillo, abogado del COR, explicó a EL VOCERO que a diferencia de los demás acuerdos necesarios para la radicación de un plan de ajuste a la deuda de $35,000 millones del gobierno central —que se vieron afectados por la crisis del coronavirus— el pacto con los retirados no estuvo sujeto a revisión y, por el contrario, se mejoró.

En 2018, el organismo fiscal vislumbraba recortes de hasta 25% a las pensiones de $600 o más, lo que representaba que el 75% de los pensionados se vería afectado. En 2019, acordaron recortes de 8.5% a las pensiones que superaban los $1,200; el 38% de los pensionados. En 2020, lograron elevar el umbral a pensiones mayores de $1,500, por lo que solo el 26% del total de pensionados verá afectada su pensión.

“Había que llegar a un acuerdo porque era eso o recortes de hasta un 25% al 75% de los pensionados. Ahora, el 74% de los retirados no tendrán recortes, por lo que recibirán una recuperación del 100%. En total, el grupo de acreedores recibe 96 centavos por cada dólar que les debe el gobierno. Son la clase con la acreencia más grande”, señaló el abogado.

Para contextualizar, Castillo detalló que los retirados recibirán una recuperación de 96.1%, mientras que los acreedores de Obligaciones Generales (OG) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) recibirán 74.8%, y los del Sistema de Retiro el 16%.

El abogado aseguró, además, que continúan trabajando para que se eleve el umbral nuevamente —a $2,000— lo que daría paso a una recuperación mayor.

Los recortes son necesarios

Por su parte, Héctor Mayol, también abogado del COR, expresó que aunque aspiran a que los recortes sean menores con el potencial aumento en el umbral, para que se sostenga el acuerdo en el tribunal los recortes son necesarios.

“Dentro de lo usual es que todos pongan una gota de sangre para lograr la aprobación. Debe aparecer en papel algún recorte a las pensiones por más pequeño que sea para que no se pueda objetar que se le está dando un trato preferencial a los retirados”, puntualizó.

En comparación con otras quiebras en Estados Unidos —como es el caso de Detroit— el abogado explicó que aunque no se redujeron las pensiones —porque contaban con el dinero— se eliminaron todos los demás beneficios. “Esto significa que sí hubo recortes, aun cuando la pensión no se tocó”, agregó.

Castillo indicó, además, que aunque el debate público es cero recortes a las pensiones, la realidad del tribunal es otra. “El retirado está pensando en cero recortes sin saber que el riesgo real está en el tribunal. Si nos hubiésemos ido a cero recortes con unos sistemas de retiro sin activos, los recortes serían mayores”, insistió.

Garantías a largo plazo

Castillo enfatizó que el acuerdo provee una serie de garantías para asegurar que si el gobierno central identifica en su presupuesto anual los $70 millones para el pago de las pensiones, se puedan restaurar los beneficios. También procura el pago de las pensiones aun si el gobierno cae en déficit.

“El acuerdo vislumbra una reserva de pensiones con una aportación mínima de $175 millones anuales para los años en que se proyectan superávits. Establece, también, un mecanismo de restitución de pensiones… Si el gobierno se comporta mejor, se pueden restituir en parte o totalmente los recortes de ese año fiscal”, agregó.

El abogado indicó que el COR también logró que la junta mantuviera la aportación de $100 mensuales al plan médico de 139,000 pensionados, elimina de la fórmula de recortes el pago del seguro social, elimina la aportación individual de la fórmula y protege al 93.8% de los empleados activos del gobierno de futuros recortes.

“Cuando el caso empezó, la junta quería ahorrarse 10% o $250 millones del pago a las pensiones que ascienden a $2,500 millones. Ahora, con el acuerdo, el ahorro bajó a $70 millones al año. En un presupuesto de $10,100 millones, $70 millones se pueden encontrar. La junta no tiene una obsesión de afectar a los pensionados”, sostuvo Castillo.

Ante el nuevo plan fiscal certificado por la junta —con el que se proyecta un superávit total de $15,200 millones entre 2022 y 2035— Mayol hizo hincapié en que existe la posibilidad de que se restituyan los beneficios y que por varios años no se vean los recortes.

“Está en el documento un recorte de 8.5%, pero si la economía se comporta positivamente, no se verá inmediatamente”, indicó.

 Aunque la proyección es que el plan de ajuste del gobierno se apruebe en o antes del próximo 15 de diciembre, Castillo señaló que el COR acordó con el ente fiscal que los recortes sean efectivos en julio.

“No se van a implementar inmediatamente. Habrá un periodo mínimo de ajuste de seis meses que se puede extender hasta un año”, acotó.