nómina

Pese a que el gobierno cuenta con $350 millones para ayudar al sector privado a proteger la nómina, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) denunció que los requisitos de aplicabilidad para el incentivo son muy rigurosos y que dejan desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés) del Sector Privado es subvencionado con los $2,200 millones otorgados a la Isla mediante la ley federal Cares y ofrece una subvención a los patronos privados con 500 empleados o menos que continuaron pagando la nómina durante la emergencia del coronavirus.

Hasta el momento se han otorgado $44 millones de los $350 millones disponibles, lo que representa el 12.5% del total del fondo del gobierno local. Esta cifra solo ha impactado a poco más de 5,324 de los 43,000 comercios existentes en la Isla, en momentos en que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) estima que un 30% de estos está en riesgo de cerrar permanentemente.

Juan Carlos Agosto, presidente de la CCPR, indicó a EL VOCERO que los requisitos impuestos por el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para no duplicar beneficios solo favorece a unos pocos y no permiten que “las empresas que verdaderamente necesitan el dinero puedan beneficiarse”.

Si el empresario, por ejemplo, recibió otras ayudas cómo los préstamos condonables del PPP de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), podría no ser elegibles para la ayuda. De acuerdo con Hacienda, a la disminución de ingreso del solicitante se le restará el total de ayudas federales recibidas y si el monto es igual o mayor a la disminución no será elegible para la subvención.

Al pasado 8 de agosto, en Puerto Rico se habían aprobado 39,544 préstamos de PPP, que se traducen en más $1,800 millones en préstamos a pequeños comerciantes para pagar dos meses de nómina. Esto significa que la gran mayoría de los 43,000 comercios existentes en la Isla se acogió a la ayuda.

“Se debe considerar que dichos beneficios concedidos también bajo el estatuto Cares fueron utilizados en las primeras semanas de esta crisis y que, a la fecha de hoy, más de seis meses después de la primera orden de cierre, las operaciones comerciales no se han podido restablecer con normalidad. Los negocios siguen sufriendo los escollos económicos que ha traído la pandemia”, acotó Agosto.

El ejecutivo explicó que el 40% de los 39,544 préstamos aprobados mediante la SBA fueron otorgados a pequeñas empresas que ahora están desprovistas de la nueva ayuda. Aseguró, además, que las pymes con menos de 50 empleados serán las más afectadas. Estas generan la mitad de los 600,000 empleos del sector privado y constituyen el 95% de los 43,000 establecimientos privados existentes en la Isla.

Agosto añadió que se deben flexibilizar los requisitos para que “las empresas que verdaderamente necesitan el dinero puedan beneficiarse”, al tiempo en que sostuvo que “de no ser así, los $350 millones —que se deben haber utilizado en su totalidad en o antes del 30 de diciembre— podrían perderse”.

“El 20% de los negocios que forman parte de la CCPR no están ni al 50% del volumen que tenían previo a la pandemia. Una merma de 30% del volumen de los negocios es una situación bien seria. Las ayudas están y queda poco tiempo. Tienen que cumplir con la ley, pero se puede flexibilizar para que el dinero no se pierda”, agregó el ejecutivo. 

Hace unas semanas el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aseguró que la asistencia para nómina beneficiaría a 30,000 patronos que habían sido identificados previamente. La ayuda deber ser solicitada a través de la plataforma SURI y los solicitantes deberán tener un volumen de negocios de $10 millones o menos y deben haber estado en operaciones al 15 de marzo de 2020.