double exposure of rows of coins with clock and calendar for business and finance background

La credibilidad y la imagen de Puerto Rico como destino de inversión podría afectarse dramáticamente tras el aumento en el costo de radicación de informes anuales para negocios exentos, bajo la nueva Ley 40 del 16 de abril de 2020 que incentiva el traslado de inversionistas a Puerto Rico, ya que este incremento se traduce en el incumplimiento de los términos contractuales con los empresarios.

De acuerdo con Estudios Técnicos Inc., entre 2015 y 2019 los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22, (ahora bajo la Ley 40 que enmienda dichas leyes y la Ley 60 de 2019), crearon más de 36,000 empleos directos, indirectos e inducidos, generaron $169 millones para el fisco central y los municipios, más $141 millones en consumo de bienes y servicios, totalizando $678 millones de inversión de capital. Estas cifras podrían estar en riesgo, al igual que la oportunidad de nuevas inversiones, si no se borra la impresión negativa de que Puerto Rico puede cambiar el panorama de negocio en cualquier momento y sin previo aviso.

“Este pleito plantea una imposición contributiva con el aumento de la cuota administrativa, originalmente de $300 y pagadera al momento de someter el informe anual del decreto. Ahora ha cambiado a $5,000. El desglose que se hace es que son $300 como cuota administrativa y $4,700 que se destinan al Fondo General de Puerto Rico. Esto, claramente, es un impuesto no contemplado anteriormente. El gobierno cambió la regla y la Constitución dice que los contratos con el gobierno no se pueden cambiar con efecto retroactivo”, indicó Pedro Ortiz Álvarez, asesor legal de The 20/22 Act Society, organización compuesta por inversionistas relocalizados en Puerto Rico y acogidos bajo los decretos de las leyes 20 y 22 de 2012.

A este ambiente de malestar se les unen los inversionistas que ya están en la Isla bajo antiguos acuerdos que los atrajeron contributivamente a establecer sus empresas en la Isla, quienes ahora desconfían del sistema de gobierno y no aceptan nuevas imposiciones que no hayan sido las pactadas en sus contratos.

“No estamos de acuerdo con estos cambios, porque son una violación al espíritu de inversión y no son los términos del contrato que tenemos con el gobierno, con el que no hemos tenido comunicación, tampoco con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). No nos queda otra salida que proceder con un recurso legal para atender la situación de incumplimiento de los acuerdos contraídos cuando firmamos los decretos de las Leyes 22 y 60. Constantemente se han hecho cambios, trastocando las reglas con las que decidimos invertir en Puerto Rico”, señaló Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society y propietario de The Strategic Group, empresa que lleva siete años en la Isla y que les brinda empleo a 20 personas.

Cabe señalar que el 68% de los participantes del decreto de Ley 22 han comprado una propiedad en Puerto Rico con una inversión total aproximada de $1.3 billones, mientras que la inversión de los participantes se estima en $1.2 billones y el ingreso fiscal derivado por la contribución a la propiedad ronda los $8.8 millones. Ambas leyes (Ley 22 y Ley 60) han otorgado al día de hoy aproximadamente 2,600 decretos.

“A través de los años se hicieron varios cambios a las leyes 20 y 22. Aunque en la ley 60 se había señalado que los ya acogidos a las Leyes 20 y 22 podrían gestionar una cláusula de anterioridad (“grandfather clause”) que les excluyera de ciertos efectos o restricciones anteriores a la fecha de la nueva ley. Esta cláusula podía gestionarse hasta el 31 de diciembre del 2019. Así lo hicieron. Sin embargo, hay varios cambios incluidos retroactivamente como este aumento en la radicación de informes anuales”, dijo.

El licenciando también criticó y cuestionó la labor del gobierno de Puerto Rico ante el panorama de inversión tan necesario en momentos de crisis fiscal y desarrollo económico.

“Un decreto es un contrato y su menoscabo plantea una seria interrogante constitucional. La sociedad y sus miembros no tienen problema con los posibles cambios en la ley si estos son aplicados prospectivamente. De esta manera, los nuevos inversionistas sabrán de antemano la cantidad que tendrán que pagar. Si bien un aumento de tal magnitud podría considerarse deficiente en términos de política pública, el tratamiento prospectivo no se está cuestionando en la demanda”, acotó Ortiz.

Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a través de su oficina de Comunicaciones indicó que la entidad no emite expresiones de asuntos que estén ante la consideración de los tribunales.