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La nueva regla del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que cambiará el salario mínimo para los empleados de cuello blanco, finalmente entrará en vigor el 1 de enero de 2020, pero no será hasta en unos cuatro años que se evalúe su adopción en Puerto Rico, si es que la economía ha mejorado para entonces.

La exclusión temporera de la Isla es parte de las protecciones que provee la Ley para la Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Acorde con la Ley de Normas Laborales Justas, la nueva regla eleva el nivel de salario mínimo actual para los empleados exentos de $455 por semana, o $23,660 anualmente, a $684 por semana, o $35,568 al año. Se estima que a nivel nacional la regla impactará a 1.3 millones de empleados.

Para el CPA Kenneth Rivera, Puerto Rico no posee la capacidad económica para poder pagar el mismo salario que se paga en Estados Unidos. “No es lo mismo $20,000 en Nueva York que $20,000 en Jayuya. Esa es nuestra realidad”, indicó.

La nueva regla final también establece elevar el requisito de compensación anual total para “empleados altamente remunerados” del nivel actualmente impuesto de $100,000 por año a $107,432 por año y permitir a los empleadores utilizar bonos no discrecionales y pagos de incentivos (incluidas las comisiones), pagados al menos anualmente, para satisfacer hasta el 10% del nivel salarial estándar.

Por consideración especial sobre los territorios, la regla -en el inciso D- estipula un nivel salarial especial de $455 por semana para Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas, Guam y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, y un umbral especial de “tasa base” de $1,036 para los empleados de la industria productora de películas. En cuanto a las actualizaciones futuras, reitera la evaluación de los umbrales de ingresos cada cuatro años, para proponer actualizaciones.

En lo que toca a Puerto Rico, con la aprobación de Promesa en 2016 se estableció en la Sección 404 que “cualquier regulación final emitida relacionada con la regla de tiempo extra de 2015 del Departamento del Trabajo, no tendrá fuerza ni efecto”, hasta que el Contralor General de Estados Unidos presente un informe al Congreso. Ese documento debe establecer que la aplicabilidad de la regla a Puerto Rico no tendrá un impacto negativo en la economía.

El Departamento del Trabajo entiende que los territorios de los Estados Unidos enfrentan sus propios desafíos económicos y que un aumento en el nivel salarial los afecta de manera diferente a los estados.

reportera