Ante la preocupación de los alcaldes sobre la posibilidad de un aumento de salario mínimo de sus empleados, el senador Juan Zaragoza, certificó que el Proyecto de la Cámara 338 exime a los municipios.

“Desde el día uno en que comenzamos a desarrollar enmiendas al Proyecto de Salario Mínimo fuimos claros en que íbamos a excluir a los Municipios así como a la Rama Judicial y Rama Legislativa para que no violara la regla de neutralidad fiscal establecida por la Junta de Supervisión. El proyecto deja claro dicha determinación por lo que de implementarse dicho salario no afectará a los municipios”, declaró Zaragoza.

El senador resaltó que el proyecto incluye restablecer la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, delegándole la responsabilidad de establecer dicho salario mínimo, luego de evaluar y consultar con los sectores involucrados.

“Bajo análisis y conversaciones con varios economistas decidimos que este aumento debe realizarse de forma escalonada para evitar impactos mayores en el sector comercial. Logrando esto atendemos los reclamos válidos de los trabajadores, sobre la necesidad de un alza a corto plazo en el salario mínimo en Puerto Rico”, añadió.

La legislación promulga un aumento en el salario mínimo en Puerto Rico de ocho dólares con cincuenta centavos la hora ($8.50/hr) para el 1 de enero del año 2022.  Para el 1 de julio de 2022 el aumento del Salario Mínimo en Puerto Rico, será a nueve dólares la hora ($9.00/hr), a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto mandatorio variando el mismo.

Las declaraciones del senador se dieron luego de que EL VOCERO publicara las expresiones de la Asociación de Alcaldes y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, quienes aseguraron que los municipios se verían seriamente afectados si tuvieran que aumentarle el salario a cerca del 50% de los empleados, quienes cuentan con un ingreso cercano al salario mínimo actual.

“Estamos de acuerdo con que hay que mejorar los salarios, pero esto debe ocurrir de manera escalonada. Cerca del 50% de los empleados municipales deben estar cerca del mínimo federal, por lo que un aumento provocaría despedir gente o la reducción de jornada y ya hay empleados con cuatro y seis horas de trabajo”, explicó Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, también alzó su voz preocupado por el impacto económico que pudieran enfrentar, sobre todo los pueblos de la montaña.

“No se ha hecho ningún estudio sobre el efecto de aumentar el salario mínimo y ya tenemos una merma en los ingresos operacionales del fondo de equiparación, que hará que algunos municipios caigan en una crisis fiscal. Aumentar el salario los pondría en insolvencia y afectaría tanto a los empleados como los servicios que se ofrecen.”, resaltó el alcalde de Villalba.