APP

La directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez Torres, y el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, ofrecieron detalles sobre el servicio de lanchas.

En lo que concluye el proceso de la Alianza Público Privada (APP) del servicio de transportación marítima —cuya firma se estima para el último trimestre de este año— se contempla la extensión del contrato entre el gobierno y la empresa Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), compañía privada que por ahora complementa el servicio de transporte marítimo entre Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.

La directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez Torres, y el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, explicaron que una vez firmado el contrato su extensión será de 23 años, los primeros tres de coexistencia entre el gobierno y la empresa privada, y los restantes 20 en la transferencia total del riesgo operacional y de mantenimiento al privatizador. Como habrá un proceso de transición, el contrato de PRFF se podría extender por entre seis y 12 meses. Al momento se desconoce si se mantendrá la operación de cuatro embarcaciones o serán solo dos.

Una vez concluya el proceso de APP en su totalidad, las operaciones de ATM se limitarán a un reducido número de empleados —alrededor de 80— quienes tendrán la responsabilidad de trabajar en el área de fondos federales y auditar y velar porque se cumpla a cabalidad el contrato. Los restantes empleados —que superan el centenar— tendrán tres opciones: irse a trabajar con la nueva empresa, que deberá darles prioridad si cumplen con todos los requisitos. La segunda es irse a laborar a otra agencia del gobierno; y la tercera acogerse a una ventana para moverse a la empresa privada o acogerse al retiro voluntario con un paquete de compensación.

Un contrato diferente

Contrario a las otras dos APP aprobadas en la Isla, donde se trataba con servicios lucrativos que generaban ingresos, en esta ocasión —por tratarse de una operación con pérdida y por tratarse de un servicio hasta cierto punto social, que no genera ingresos— no existirá un pago inicial por parte del privatizador. Será una transacción que persigue reducir el subsidio gubernamental y mejorar el servicio.

Acorde con Marrero y Pérez, esta APP le representará a la Isla un ahorro de $230 millones a lo largo de la concesión. Hoy, le representa al gobierno una operación subsidiada por $40 millones, en la que $20 millones son por concepto de nómina y beneficios. Esta operación representa anualmente un costo de $45 millones, donde sólo $5 millones salen de la boletería.

“Con esta situación fiscal no se ha permitido un servicio eficiente, de calidad. Ahora esperamos lograr un servicio eficiente. En busca de reducir al mínimo el subsidio, la APP contempla también la transferencia de las operaciones del estacionamiento y los concesionarios para que ellos puedan generar ingresos adicionales. Al momento, estamos evaluando los términos del estacionamiento, de manera que no resulte oneroso para residentes de las Islas que dejan sus vehículos estacionados allí. Igualmente, estamos evaluando los itinerarios y el costo de los viajes”, apuntó Marrero.

Según estudios realizados, el 30% de los usuarios de este servicio de transportación hacia las islas de Vieques y Culebra son residentes, de los cuales el 60% están bajo niveles de pobreza. En vista de ello, ambos funcionarios aseguraron que la tarifa para ese sector deberá mantenerse inalterada. Para los visitantes no residentes, donde el 50% suele tener ingresos por encima de los $50,000, la tarifa deberá incrementar. Aunque aun no se ha determinado, pudiese figurar por los $11.25.

En la actualidad, en temporada alta, este servicio lo reciben semanalmente desde y hacia Vieques y Culebra unas 35,000 personas. En temporada baja, la cantidad de personas se reduce.

Por tratarse de cantidades significativas y tras las precarias condiciones estructurales de las instalaciones en Fajardo —situación que se agudizó tras el huracán María— que movilizó las operaciones a Ceiba, aquí se aprestan a construir —en un edificio adyacente y a un costo de $25 millones— unas facilidades permanentes para la operación.

“Se trata de una facilidad con mayor espacio para atender el público. El mismo, cuya construcción deberá tomar unos nueve meses, albergará estacionamiento, área de espera de carga y área de mantenimiento”, sostuvo Pérez.

APP de gran interés

Acorde con Marrero, esta APP —cuyo proceso inició en octubre 2017— generó gran interés entre los inversionistas. En el proceso de licitación participaron cinco empresas, todas ellas cualificadas. Sin embargo, solo dos radicaron propuestas y de ellas una fue seleccionada.

“No podemos revelar su nombre para evitar afectar el proceso de negociación. Una vez seleccionado, entonces se hacen públicos todos los detalles. La participación demuestra la confianza de los inversionistas con Puerto Rico”.

reportera