Multiple exposures of Invester offers US dollars money with oil refinery background as in business concept.

En Puerto Rico existen 80 instituciones foráneas —entre las Entidades Bancarias Internacionales (EBIs) y las Entidades Financieras Internacionales (EFIs)— que son las que exportan servicios financieros a los no domiciliados, con un capital ascendente a $64,400 millones.

Estas instituciones llegaron a la Isla atraídas por los beneficios contributivos de la Ley 52 del 1989 y Ley 273 de 2012, que promueven a Puerto Rico como centro financiero internacional, según expuso a EL VOCERO Natalia Zequeira Díaz, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), entidad encargada de fiscalizar a las instituciones bancarias extranjeras.

Según informó Zequeira Días, de las 80 instituciones foráneas que operan en la Isla 27 lo hacen bajo la Ley 52 —conocida como Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional— que se creó como instrumento para convertir a Puerto Rico en un centro de banca internacional con 0 impuestos— y representan la mayoría del capital con $63,000 millones. Son las empresas más antiguas, robustas y con mayor capital, afirmó.

Agregó que hay otras 53 que están bajo las disposiciones de la Ley 273 —conocida como la Ley Reguladora de Entidades Financieras Internacionales, que pagaban 4% de impuestos— con un capital de $1,400 millones, pertenecientes a empresas más pequeñas y jóvenes.

“Los decretos que se podían otorgar por estas leyes vencieron en diciembre de 2019, pero el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60) incluye disposiciones con una tasa de tributación de 20%, desde enero de 2020 en adelante”, informó Zequeira Díaz.

Cómo se establecen los ‘offshore’

La comisionada aseguró que estas corporaciones deben solicitar una licencia de la OCIF y al momento de comenzar deben contar con un capital de inicio de $250,000 y $5 millones para operar —o proveer un plan de capitalización— además de pasar por una rigurosa evaluación. También tienen que ser residentes de la Isla y les exigen un informe trimestral y verificación de cumplimiento.

Zequeira Díaz aseguró que este tipo de empresa —que vienen de México, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Israel, Francia y Reino Unido, entre otros— son legales y representan un beneficio económico para la Isla.

“Un paraíso fiscal no es un delito. Se le ha dado una mala connotación... no es justa la aseveración global. Son medidas tributarias para incentivar la economía y ayuda a los depósitos en los bancos. Estas medidas e incentivos, contribuyeron grandemente a que ya no estemos en recesión. Puerto Rico incentiva al inversionista para que se establezca en la Isla con propósitos legítimos”, señaló.

La funcionaria añadió que “estas corporaciones también tienen presencia en Estados Unidos. En Dakota del Sur hay más de 200. En la Isla deben reclutar cuatro o más empleados (cada entidad) y las 80 empresas han creado cerca de 1,000 empleos directos y sobre 2,000 indirectos —como abogados, contables— además de que arriendan propiedades comerciales”.

En cuanto a la fiscalización, aseguró que la OCIF cumple con su responsabilidad, pero también aceptó que trabajan con limitaciones económicas y de personal. “Para los bancos depositarios internacionales solo tenemos ocho examinadores y estamos por conseguir más recursos. Las entidades se fiscalizan y si hay deficiencias o no están en cumplimiento se busca un plan de acción o termina en su liquidación. En esta jurisdicción no hay espacio para el no cumplimiento”, puntualizó.

Tras los cuestionamientos a este tratamiento bancario luego de los hallazgos de la investigación internacional Papeles de Pandora, analistas del sector financiero internacional aseguran que tales inversiones no hacen de Puerto Rico un paraíso fiscal.

El beneficio contributivo y la protección de las estrictas regulaciones de Estados Unidos, según Juan Lorenzo Martínez, experto en comercio internacional, son las razones principales por la que estas empresas llamadas ‘offshore banking’ —entidad regulada bajo licencia bancaria internacional que le prohíbe establecer actividad comercial en la jurisdicción de establecimiento— eligen a Puerto Rico para establecer operaciones y brindar servicios al extranjero donde transfieren su capital.

“Estas instituciones piensan en la garantía y seguridad del dólar americano, que es una moneda de intercambio mundial. Muchos países tienen problemas de devaluación de su moneda y pueden perder mucho dinero. Otro factor es que todo ciudadano americano tiene que pagarle contribuciones al IRS, menos Puerto Rico. Si eres residente tributas todo el dinero en la Isla, no pagas taxes federales”, explicó.

Anadió que en EE.UU. y Puerto Rico toda persona que tiene más de 5% en acciones en alguna empresa, deben reportar su identidad al gobierno federal, por lo que algunos empresarios prefieren transferir su dinero a cuentas anónimas en otros destinos.

“En Aruba, Panamá e Islas Caimán se permiten las corporaciones anónimas. Nadie sabe quién es el dueño de las acciones, depositan y nadie sabe a quién le pertenece el dinero. Es una forma de evitar pagar contribuciones y protegerse de cónyuges y herederos. En Islas Caimán solo te dan una llave y un número y quien lo tenga es la persona que saca el dinero”, detalló.

Martínez apuntó a que esta diferencia entre Puerto Rico y otras islas, hace que quienes quieran evadir el pago de contribuciones elijan entre la seguridad o cantidad de efectivo a guardar en completo anonimato.

“Muchos prefieren estas islitas si quieren ocultar mucho dinero, pero se arriesgan por cambios políticos o devaluación de moneda. Pero si buscan la seguridad del dólar americano, pueden venir aquí”, afirmó tras reconocer que la Isla posee algunas características de paraíso fiscal.

Por su parte, el contador público autorizado (CPA) Kenneth Rivera, indicó que la definición de paraíso fiscal depende de diversos aspectos.

“Paraíso fiscal usualmente se define como un lugar con una tasa de contribución baja y la garantía de confidencialidad. En el caso de Puerto Rico, no aplica la confidencialidad porque nos regimos por las reglas federales, pero sí hay exenciones contributivas para la banca internacional”, explicó Rivera.

El abogado especializado en finanzas Rafael Ferreira, sostuvo que el paraíso fiscal requiere una estrategia integrada que incluya un sistema contributivo simple y agresivo, un andamiaje competitivo de apertura legal y un conglomerado de instituciones financieras que estén dirigidas a una sola dirección de manera armónica.

“Puerto Rico adolece de todas esas condiciones esenciales. El sistema contributivo local es oneroso, complejo, mientras, que la estructura legal no es de apertura corporativa. En Puerto Rico no tenemos presencia de instituciones financieras internacionales ni la estructura de capital para poder considerarnos ni lejanamente un paraíso fiscal”, sostuvo Ferreira.

“Además, la situación del gobierno y las corporaciones públicas bajo la jurisdicción de la Ley Promesa descartan la posibilidad de que cualquier inversionista pueda considerarnos seriamente bajo la categoría de paraíso fiscal”, acotó.