Paraíso fiscal

Imagen de archivo.

La investigación internacional Papeles de Pandora —en la que participaron 600 periodistas de 117 países y publicada el domingo— reveló secretos financieros de políticos y empresarios que pudiesen generar fiscalización y restricciones que afecten la posibilidad de atraer capital a la Isla, según aseguraron conocedores de temas internacionales consultados por EL VOCERO.

Según se indicó, en la medida que incrementa la fiscalización y más restricciones se imponen a los incentivos contributivos, se altera la estrategia en la que se fundamenta la atracción de inversión en la Isla.

El economista Santos Negrón expresó que “nuestra trayectoria de atracción de capital ha estado fundamentada históricamente en el ofrecimiento de una ventaja contributiva. Por lo tanto, cualquier política en Estados Unidos o a nivel mundial que atente contra la eliminación de esta ventaja —que se atesora a nivel internacional— limita aún más nuestras pocas posibilidades de atraer capital”.

Negrón indicó que la sección 936 y las leyes de incentivos contributivos 20 y 22, han generado especulación porque se ve a la Isla como destino para evadir contribuciones en los EE.UU. “Toda variación de leyes fiscales —y la desaparición de paraísos fiscales por carambola— nos perjudica, no empece cuán fiscalizado sea el sistema bancario del País”, apuntó.

La economista Heidi Calero, quien aseguró que ya se están gestando conversaciones sobre política contributiva en los EE.UU., señaló que de aprobarse que haya cambios restrictivos, se limitaría la ventaja competitiva de la Isla en el ofrecimiento de los incentivos contributivos.

“Todo lo que ocurra en tema fiscal ciertamente afecta a todo el mundo. Ahora hay que estar atento a los nubarrones que traerá consigo este informe y sus repercusiones en la política fiscal de los EE.UU. y por ende su impacto directo a la Isla”, abundó.

Sobre ese particular, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Luis Gierbolini, puntualizó que la Isla es una jurisdicción altamente regulada a nivel local y federal, con mayor transparencia de las transacciones y donde no existe la protección del inversor ante los entes fiscalizadores.

No obstante, entiende que el impacto de los hallazgos que ya le han dado la vuelta al mundo pueden poner más restrictivos los procesos y “en nuestro caso nos limitaría el poder utilizar el atractivo de la reducción de impuesto para la atracción de inversión. Hoy esta estrategia es un importante vehículo de inversión para la Isla”, abundó.

Dos tipos de paraíso fiscal

El contador público autorizado (CPA), Kenneth Rivera, explicó que existen dos tipos de paraísos fiscales. El primero permite guardar dinero en un banco sin exigir inversión, y el segundo es el paraíso fiscal —que entiende es Puerto Rico— donde se incentiva la inversión.

Sin embargo, Rivera considera que cuando se habla de paraíso fiscal y se denuncia este tipo de escándalo, se juzgan por igual todos los destinos y “al final del día nos llevan enredados”.

Sostuvo que Puerto Rico tiene que trabajar con la imagen para explicar el tipo de paraíso fiscal que es la Isla y repensar el futuro contributivo.

“Puerto Rico tiene dos asignaciones. La primera, tiene que distanciarse de este tipo de paraíso fiscal identificado en el reciente esquema y repensar el sistema contributivo local para atender los posibles cambios que se avecinan, que van desde la contribución mínima global hasta la nueva reforma contributiva de Biden”, añadió el CPA.

Reacciona la banca

Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), aseguró que Puerto Rico cuenta con una industria bancaria comercial madura, sólida, de operación transparente y altamente regulada.

“Nuestra banca es una federada y se rige por las leyes y regulaciones aplicables en el ámbito federal, además del estatal”, expuso.

Álvarez indicó que Estados Unidos es reconocido como una de las jurisdicciones más robustas y fortalecida en las leyes y regulaciones para asegurar que el sistema financiero no sea utilizado para actividad ilícita. Enfatizó que en la banca comercial en Puerto Rico —por estar estrechamente vinculada al sistema federal— se rige bajo esos mismos estándares.

“Esto significa que nuestros bancos comerciales son supervisados y examinados tanto por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) —que es el reglamentador local— como por una o más agencias supervisoras bancarias federales, según sea aplicable”, acentuó la ejecutiva.

A nivel federal las agencias reglamentarias principales son: Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Federal Reserve Board (FED), Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), y el Departamento del Tesoro Federal.

Este último reglamenta y supervisa todo lo relativo a las leyes antilavado de dinero, unidad conocida como FinCEN, que actúa como administrador del Bank Secrecy Act y tiene la misión de proteger el sistema financiero de usos ilícitos.

“La industria bancaria local cuenta con programas estrictos de cumplimiento y juega un rol activo en la educación y la lucha contra crímenes financieros”, afirmó Álvarez Rubio.

“Nuestro sistema financiero está hecho para evitar situaciones de oscuridad en las transacciones. Precisamente, esa es la importancia de tener una reputación fiscal positiva en nuestra jurisdicción, junto a la labor que realiza la OCIF a nivel local para garantizar que nuestra industria se mantenga siendo una íntegra y de transparencia. Es importante enfatizar que regularmente estas situaciones se dan en jurisdicciones o en países que tienen regulaciones financieras débiles. Sin embargo, no estamos exentos de poder evitarlas absolutamente”, abundó.

Ante lo que revela el informe sobre más de 200 fideicomisos establecidos o creados en los EE.UU. entre 2000 a 2019 y con activos de más de $1,000 millones —entre los que figuran cuentas bancarias y de bienes raíces de EE.UU. en Panamá, Suiza, Luxemburgo, Puerto Rico, las Bahamas y otros lugares— Álvarez insistió en que es importante establecer que cuando se refieren a banca en Puerto Rico no necesariamente se trata de la banca comercial.

“En la Isla existen más de 80 instituciones financieras entre las Entidades Bancarias Internacionales (EBIs) y las Entidades Financieras Internacionales (EFIs), que son las que exportan servicios financieros a no domiciliados y las cuales están supervisadas por la OCIF”, afirmó.

Jurisdicción de bajos impuestos

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, comunicó que no se debe identificar a la Isla como paraíso fiscal por ser “una jurisdicción de bajos impuestos. Actualmente el Senado de Puerto Rico tiene una propuesta para atender la estructura de la Ley 22. Ahora hay unos proyectos a nivel mundial —como de los EE.UU.— que persiguen eliminar del escenario las jurisdicciones de bajos impuestos que tenemos que estar vigilando de cerca por el impacto que pudiese generar”.

En torno al esquema de prácticas ilícitas en la Isla, coincidió que al Puerto Rico ser una jurisdicción norteamericana resulta sencillo evidenciar cualquier tipo de práctica ilícita. “Muchas de estas prácticas se dan en jurisdicciones donde no hay conexión jurídica y legal como la que existe en Puerto Rico y los Estados Unidos”, acotó el funcionario.

reportera