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Frente al reclamo de sectores económicos y de la sociedad, en rechazo a un acuerdo entre las principales dos empresas que manejan transporte marítimo en la Isla y que aseguran podría desembocar en un monopolio, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que se trata de una gestión del sector privado y que el gobierno no intervendrá en el asunto.

“Es una fusión entre entes privados. El gobierno no interviene con esa fusión”, afirmó la gobernadora, al ser cuestionada, y añadió que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, agencia que ella dirigió hasta hace poco más de un mes, evalúa la transacción.

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La gobernadora Wanda Vazquez Garced.

A su vez, defendió al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, al señalar que “él no interviene en ese acuerdo” y dijo que el funcionario tiene su confianza.

Maceira, en entrevista con EL VOCERO, dijo ayer que le corresponde a Asuntos Monopolísticos determinar si la transacción desemboca en un monopolio y que por ahora, la Comisión Marítima Federal (CMF) no encontró que el acuerdo redujera la competencia ni el servicio de transportación, y requirió más información a las empresas Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC), que crearon Puerto Nuevo Terminals (PNT). La CMF podría presentar un interdicto ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C., si así lo determina.

“La Autoridad de los Puertos no vislumbra tener acuerdos con PNT. Nosotros contratamos con las entidades que ya operen en el muelle. Quien tenía la facultad de detener este tipo de estatuto era la CMF y no lo hicieron. Ahora está en manos de Asuntos Monopolísticos, con quienes estamos cooperando en el suministro de información. Esta agencia (Puertos) no hace evaluaciones ni entra en acuerdos entre empresas. Se trata de un acuerdo entre ellos, cada una de ellas sigue siendo una empresa individual. La Comisión Federal aprobó un monitoreo más robusto, con controles mas rigurosos y de darse alguno de los elementos antes expuesto tomarán acción al respecto. La Autoridad de los Puertos no es un regulador”, señaló Maceira.

Levantan su voz los opositores

Por su parte, el abogado Mark Anthony Bimbela, portavoz del colectivo Junte de Voluntades que rechaza el acuerdo, estipuló que PNT manejaría el 80% de la carga marítima que llega al puerto en contenedores, y 11 de las 14 grúas en el puerto de San Juan, mientras que la empresa Crowley se quedaría con el restante 20% y el manejo de tres grúas en la zona aledaña a la isleta de San Juan.

“Siendo Puerto Rico una Isla que depende del transporte marítimo para todo su comercio y su viabilidad económica y alimentaria, resulta un escándalo bochornoso el que la Autoridad de los Puertos haya convenido el control del 100% de los muelles en San Juan precisamente, con varias empresas navieras que luego del paso del huracán María se opusieron a que barcos con bandera internacional trajeran mercancías a Puerto Rico”, sentenció Bimbela.

De ello se hizo eco Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA). “Es inverosímil que, después de semejante historial de abuso, la Autoridad de los Puertos les recompense con el control absoluto del Puerto de San Juan”, opinó.

Según Junte de Voluntades, la operación de los terminales portuarios contaba con cuatro empresas: Intership, Tote Maritime y Crowley, y Luis Ayala Colón (LAC), que da servicio a barcos internacionales y otras navieras más pequeñas. En el 2016, Tote se hizo del control de la parte del muelle de Puerto Nuevo que operaba la empresa Intership mediante acuerdo colaborativo bajo el nombre de PR Terminals. Ahora, Tote continúa su expansión al suscribir el “Acuerdo 201292” entre PRT y LAC, que creó PNT para operar la totalidad de los terminales portuarios y almacenaje de contenedores.

Los opositores al acuerdo entienden que hay falta de transparencia en todo el proceso, y temen por un alza en los costos de transporte. Rechazaron la posición de manos afuera del gobierno, al entender que pueden intervenir, ya que las operaciones de las dos empresas en el acuerdo se dan en propiedad del pueblo de Puerto Rico.

Bimbela y Reyes pidieron a Justicia y al Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) que soliciten un interdicto preliminar para detener el acuerdo mientras culmina la investigación de Asuntos Monopolísticos.

Reacciona una de las empresas en el acuerdo

Por su parte, Hernán F. Ayala, portavoz de Luis A. Ayala Colón, aclaró que la empresa conjunta entre PRT y LAC no es una fusión, sino de un acuerdo para reducir precios y mejores servicios. Mencionó que el acuerdo limita el trabajo de la nueva empresa a descarga y carga de embarcaciones, despacho y recibo de carga. “En nada tienen que ver con las rutas y servicios de las compañías navieras ni el transporte que estas ofrecen. Ninguna de las dos empresas somos operadores de embarcaciones, estas compañías son clientes del terminal. Los servicios a estas compañías son provistos bajo contratos negociados de manera individual con cada una. El negocio de esta empresa conjunta continuará como hasta el momento, ya que los terminales no intervienen en esta materia. Es transparente para los consumidores, transportistas y camioneros”, afirmó Ayala.

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