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Por más de una década los diversos gobiernos han estado metiendo la mano en el bolsillo de la gente, con nuevos impuestos y aumento en contribuciones existentes con el propósito de mantener un sector público costoso e ineficiente. Desde el cierre del gobierno en mayo de 2006, hasta el presente, la crisis fiscal y la quiebra gubernamental provocó una ola de nuevos impuestos que ha impactado los bolsillos de los ciudadanos y las arcas de los comerciantes.

El impuesto de venta y uso, (IVU), la patente nacional, el impuesto a la importación de los derivados del petróleo (crudita), la patente nacional, y el impuesto a las corporaciones foráneas son algunos de los impuestos más visibles que han sido implementados durante la última década y media. Hemos estimado que el impacto global de todos estos impuestos asciende a un poco más de $35,000 millones.

En términos sencillos, ese dinero ha fluido del bolsillo de las personas o comercios hacia el gobierno, mediante la imposición de nuevas contribuciones. A eso hay que agregar, aumento en las patentes municipales, los impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble, (CRIM), y diversos arbitrios. En fin, el gobierno ha sobrecargado al sector privado y a los ciudadanos con una docena de impuestos que han ahogado la economía.

De forma paralela, diversos gobiernos han intentado implementar diversas reformas contributivas con resultados mixtos. Posiblemente, de todas las reformas contributivas, la más exitosa, fue la implementada durante el cuatrienio del 2009 al 2012, que devolvió $1,000 millones a los contribuyentes con agresivas reducciones en los impuestos personales y corporativos.

Esa reforma, unida a la inyección de los fondos de reconstrucción (ARRA), y las políticas económicas efectivas, permitió que entre el 2011 y 2012, se detuviera la caída de la economía y por primera vez, hubiera una tendencia positiva. En la medida en que el gobierno deja la mayor cantidad de recursos en las manos de la gente y el sector privado, y crea las condiciones correctas, la inversión, el ahorro y el consumo, ayudan a que la economía pueda crecer. Si, por el contrario, el gobierno le confisca a la gente los recursos a las personas y a los comercios, para gastarlos en burocracia y actividades no productivas, no se crean los efectos positivos que ayuden al crecimiento económico.

Claramente, el gobierno necesita recursos y más importante, invertir el dinero público en infraestructura como energía, carreteras y mejores sistemas de agua, ya que eso potencia la competitividad de Puerto Rico para mejorar la calidad de vida, y atraer nuevas empresas para crear empleos. Pero hay que dejar la mayor cantidad de recursos en el bolsillo de las personas y los comercios.

Es por eso, que una de las tareas fundamentales que debe proponerse el nuevo gobierno es implementar una verdadera reforma contributiva, que baje los impuestos, simplifique el sistema, y promueva el trabajo, el ahorro y la inversión. La teoría económica es clara que una reducción en las contribuciones tiene el efecto de ampliar la base contributiva (cantidad de contribuyentes) y a la misma reduce la evasión.

Mi humilde llamado al gobierno, a la legislatura, y la Junta Fiscal, es a delinear una verdadera reforma contributiva como un componente fundamental de la estrategia de recuperación económica. Me reafirmo que un dólar en las manos de la gente y los comercios tiene un mayor efecto que en las manos del gobierno.

Este análisis fue redactado por la unidad de investigaciones de Inteligencia Económica, disponible para suscriptores junto a más de 200 indicadores económicos y herramientas de inteligencia de negocios para su empresa.

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