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El Reglamento sobre Licencia, Permiso y Registro de Agentes Administradores de Condominios del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) —que entrará en vigor el próximo 20 de marzo — ha generado indignación en estos profesionales porque entienden que la imposición de cuatro pólizas de seguros —que promedian un costo total de $1,500— es más un negocio que una necesidad.

De igual manera, expresaron inconformidad con que el nuevo reglamento deje fuera la educación continua de quienes ejercen la función de administrador.

Las pólizas que se exigen son: de responsabilidad pública; riesgos por deshonestidad o constitutivos de delito o fraude; responsabilidad profesional, y la cubierta obrero-patronal expedida por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Sharon Rodríguez Díaz, presidenta y fundadora de la Asociación de Administradores de Condominios (AAC), asegura que el reglamento patrocina el negocio de la venta de seguros y no favorece ni a los titulares de las propiedades ni a los administradores contratados.

“Para quienes representamos al gremio, estas pólizas son absurdas. Es un gasto incomprensible e inaceptable. Sentimos que ahora tenemos que comprar nuestro trabajo. Con esto van a sacar del mercado al administrador independiente. A ninguna otra profesión se le exige tales pólizas para su desempeño como profesional”, explicó Rodríguez.

La presidenta aclaró que según las responsabilidades de los agentes administradores, estas cubiertas de seguros —que entiende son onerosas, sobre todo para los que trabajan a tiempo parcial— no aplican porque son para proteger a quienes realizan las funciones financieras y toman las decisiones, responsabilidades que no recaen sobre los administradores.

Expuso, además, que el administrador es un empleado que actúa bajo las órdenes de otras personas, en este caso el Consejo de Titulares o la Junta de Directores. “No puede tomar decisiones ni actuar sin que haya sido autorizado por cualquiera de estos organismos. Tampoco firma cheques ni tiene autoridad sobre las cuentas del condominio. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Se ha pretendido hacer creer que el administrador es responsable de las finanzas del condominio y esto es totalmente incorrecto”, argumentó.

Rodríguez también denunció que “quienes se ocuparon de que estas pólizas formaran parte de la nueva Ley de Condominios son las mismas personas que ahora las están ofreciendo para la venta. Estas cubiertas encarecen el servicio de un administrador, lo que culmina en un aumento para los titulares. Aquí hay una situación muy seria con estos grupos que están dentro de la industria de condominios queriendo capitalizar a costa del bolsillo de los titulares. Esto hay que atenderlo con urgencia”, señaló.

Ante las alegaciones, el abogado Roberto Rivera aseguró que entre las personas que trabajaron la Ley de Condominios no había representantes de las aseguradoras, sino abogados, contadores públicos autorizados (CPA) y administradores. “Los administradores no firman cheques, pero los hacen y piden cotizaciones que pueden ser infladas. Estos seguros los pidieron los mismos administradores por los diversos esquemas de fraude y malversación de fondos. Sé de uno que robó $253,000 y no hubo seguro para pagar esa cantidad. Yo participé de las vistas para la Ley de Condominios y allí no había ningún agente o dueño de una aseguradora que fuera parte de la discusión. ¡Que me traigan la prueba!”

Mary Ortega, directora ejecutiva de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso de Puerto Rico, sostuvo que la educación fue lo primero que pidieron y no se incluyó. “La licencia no es una garantía para la contratación de un administrador, la junta es quien pide el curso especializado y evalúa la experiencia del administrador. El reglamento es un gran comienzo, pero siempre se ve lo negativo. Ahora hay garantías que antes no había y se eleva la profesión de administrador. Sobre los seguros, tengo que decir que no existe un paquete de estos seguros; de hecho, la industria no estaba preparada para esto”, afirmó.

En tanto, el secretario del DACO, Edán Rivera, aclaró que la decisión de las pólizas fue de la Asamblea Legislativa cuando se firmó la Ley de Condominios y que la misma se debe a numerosas quejas sobre la labor de los administradores, aunque aceptó que no existen estadísticas que lo demuestren.

“Nunca se había regulado esta profesión y buscamos el beneficio de los titulares. Los administradores sí pueden tener la facultad de manejar fondos y cheques si la junta se lo permite. Estas son medidas para el buen uso y manejo de las finanzas. Sobre la educación, no quisimos añadir más requisitos onerosos en esta primera fase del reglamento, porque puede tener impacto negativo en los administradores. Si en el futuro determinamos que es necesario, añadiremos requisitos de educación. También vamos a ir evaluando el tipo de reclamación para saber si hay problemas recurrentes”, señaló el secretario.

El reglamento no exige educación continuada, ni el curso que otorgan las escuelas de bienes raíces para administrar un condominio, lo que preocupa a los miembros de la Asociación de Administradores.