Ferrys

El contrato de concesión a la empresa norteamericana HMS Ferries sería por 23 años. >Archivo/EL VOCERO

Debido a que entienden que es una equivocación o un accidente, la Alianza para el Desarrollo Económico hizo un llamado a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), a la Junta de Control Fiscal y al gobernador electo Pedro Pierluisi, a dejar sin efecto el contrato de concesión —por los próximos 23 años— de la operación y mantenimiento del transporte marítimo entre Vieques, Culebra y Ceiba, así como el de San Juan y Cataño, a la empresa norteamericana HMS Ferries.

El portavoz de la Alianza, Rodrigo Masses, no descarta acudir como amigo de la corte si el proponente no seleccionado optara por impugnar en los tribunales, pues entiende que este contrato es uno ajustado para beneficiar a HMS Ferries. Enfatizó que en la determinación no se tomaron en cuenta las propuestas con costos inferiores en más de $60 millones, y —que contrario a otras APP— en esta no se exigió que hubiera inversión.

“Cuando Aerostar, les exigieron $600 millones en mejoras. En el caso del puente Teodoro Moscoso, les exigieron la construcción del puente. En esta ocasión no les exigieron nada, pero le dieron una concesión de operación por 23 años. Esta APP no es buena para Puerto Rico y no hace sentido alguno su adjudicación cuando había un proponente local igual de competitivo que ofrecía el servicio por menos costo”, afirmó.

Masses subrayó que además de que la propuesta seleccionada es mucho más costosa para el fisco que otra de las alternativas ponderadas, el requerimiento de propuestas se delineó y se completó estableciendo condiciones que excluyeron y colocaron en desventaja a la empresa local que participó, lo que va en dirección opuesta a la política pública del gobierno de promover la participación de la industria local y de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación y adquisición de servicios del gobierno.

Sobre el tiempo en que se hace la reclamación —a varias semanas de la adjudicación— Masses explicó que al no existir transparencia —ya que sostiene que todo se hace a puerta cerrada— lo más temprano que han podido reaccionar es cuando el proceso aún está a tiempo para una impugnación.

“Nunca va a ser demasiado temprano, porque no existe manera de conocer lo que está sucediendo. Sin embargo, una vez advenimos en conocimiento levantamos nuestra preocupación y apoyamos en los procesos. En este caso no podemos hacer nada con el proceso, pero si impugnan el mismo, acudiremos como amigos de la corte”, adelantó.

Reacciona la AAPP

Por su parte, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, declaró a EL VOCERO que la Alianza para el Desarrollo Económico no miró el reporte de la transacción y que las alegaciones son equivocadas. Aseguró que desconoce quiénes componen esta organización privada, y expresó que si se hubiesen comunicado les hubiese aclarado las dudas. Enfatizó que el proceso de APP es uno riguroso, estricto y transparente entre todos los participantes, cuyas reglas todos tienen que cumplir.

El primer punto que debatió Fontanés, es que la diferencia en precio es de $22,539,158, cuantía que dista de los $60 millones expuestos. “No se pueden comparar manzanas con manzanas. La propuesta no seleccionada optó por no cumplir con el proceso. La alternativa presentada por ellos no asumía ningún riesgo. Solo estimaban el costo de operar y si era mayor a lo propuesto el gobierno tenía que pagarles, pero si era inferior no devolvían al gobierno. Necesitábamos un precio fijo que nunca suplieron”, detalló.

En torno a la exigencia de inversión, aclaró que cada APP es distinta. En este caso explicó que se trata de una operación subsidiada, cuyo costo anual asciende a $41 millones y en ventas de taquillas solo alcanzan entre $4 millones a $ 5 millones. “No es una comparativa justa. Aquí el ente privado asume la responsabilidad si se daña la lancha, al igual si caen las ventas de taquillas. Se trata de mucha responsabilidad que ahora el gobierno no asume”, sostuvo.

A escasos días para que venza el término de impugnación, el titular de la AAPP aseguró que no existe radicación alguna en los tribunales —lo entiende no deberá ocurrir— y catalogó el proceso de justo. Enfatizó que ninguno de los procesos de la APP ha sido impugnado.

reportera