Junta Fiscal

De izquierda a derecha José Carrión, presidente de la Junta Federal de Control Fiscal; Andrew Biggs, José R. González y Ana Matosantos.

Ante cuestionamientos sobre la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados por la Junta Federal de Control Fiscal con los acreedores del gobierno central y de las corporaciones públicas, el ente regulador defendió la viabilidad de las reestructuraciones propuestas y enfatizó que son la única ruta disponible para poner punto final a la quiebra gubernamental.

La pasada semana, la organización Espacios Abiertos (EA) aseguró que el acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) con sus acreedores es contraproducente para la reestructuración de la deuda del gobierno. Entiende que —por ser muy oneroso— influirá negativamente en las demás negociaciones con bonistas, lo que podría hacer insostenibles los pagos futuros.

El portavoz del organismo fiscal, Edward Zayas, sostuvo ayer que el pacto de Cofina —aprobado hace un año por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra de la Isla— le está ahorrando al gobierno $370 millones adicionales en pagos a los acreedores y que estos tenedores de bonos tenían mayores protecciones que los de otros créditos gubernamentales.

No obstante, el economista y analista senior de EA, Daniel Santamaría Ots, asegura que el acuerdo de Cofina no es sostenible porque subestima el efecto de los recortes en los gastos del gobierno y sobreestima los ahorros. “Los ahorros de los bonos de Cofina se midieron contra una promesa de repago del 100% de unos bonos que estaban en quiebra”, comentó previamente.

El tercer plan de ajuste de Cofina representó la reestructuración del 24% de la deuda de más de $17,000 millones con sus bonistas y destinó el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para su repago en un plazo de 40 años.

Zayas argumentó que previo al acuerdo de reestructuración alcanzado en febrero, el gobierno se enfrentaba a $18,000 millones en reclamaciones de bonos de Cofina, lo que el acuerdo redujo. “Eso bajó significativamente a $12,000 millones en nuevos bonos de Cofina. Aun más importante, el servicio total de la deuda se redujo por $17,500 millones en comparación con la deuda vieja”, agregó.

Exigen recortes mayores

De acuerdo con el estudio de sostenibilidad de deuda de EA, los recortes debieron ser de entre 80% a 90% y se establece que el gobierno no puede asumir una deuda superior a los $14,000 millones. Unos $12,000 millones se destinaron a la reestructuración de la corporación pública y los recortes propuestos por el ente fiscal fueron de 7% para los bonos senior y 46% para los subordinados.

Pese a esto, el portavoz de la junta fiscal catalogó como positiva la reestructuración de esa corporación pública y dejó claro que era el mejor acuerdo dentro de las circunstancias. “El gobierno no tenía otra opción. No tenían el derecho de refinanciar esos bonos porque la gran mayoría eran bonos no rescatables, por lo que no podían recomprarlos y reemplazarlos con unos bonos de menor costo”, comentó Zayas.

El arreglo de Cofina redistribuye los recaudos del IVU y le deja $425 millones anuales durante unos 40 años al Fondo General. Este dinero originalmente se consignó para ayudar al gobierno en la recuperación fiscal, pero ahora será utilizado como garantía para una nueva emisión de bonos de Cofina que es parte de otro acuerdo.

Recientemente, la junta fiscal alcanzó un segundo acuerdo de apoyo con un 45% de los acreedores constitucionales para reducir la deuda de $35,000 millones en reclamaciones de bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Administración de Edificios Públicos (AEP) a poco menos de $11,000 millones. Estos bonistas recibirán $10,700 millones en deuda nueva, la mitad en bonos OG y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de Cofina.

“Estarán utilizando parte del dinero que antes iba destinado solo al pago de Cofina. El 46.3% de los recaudos del IVU será utilizado para resolver otras deudas del gobierno central… No estamos tomando nada de Cofina, sino del dinero que reciben luego de la reestructuración de Cofina. En general no estamos pagando más, estamos ahorrando más, solo que el pago viene de otra partida”, insistió Zayas.

El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) se opone a este acuerdo anunciado a principios de semana por entender que no tiene ningún beneficio para más del 90% de los acreedores no asegurados, en su mayoría puertorriqueños. Estos recibirán 1.8 centavos de cada dólar que les adeudan, mientras que los tenedores de bonos OG cobrarán alrededor de 75 centavos por dólar.