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Eli Diaz Atienza, representante del gobierno ante la Junta Federal de Control Fiscal, junto a la gobernador Wanda Vázquez Garced. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

Nota del editor: Este es el tercer reportaje de una serie que pretende pasar revista sobre el manejo de la deuda de Puerto Rico.

Las contrataciones de abogados especializados tanto por la Junta Federal de Control Fiscal como por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) —con la erogación de más de $300 millones en fondos públicos— no deben verse como una dualidad de gestiones para un mismo fin, sino como el manejo de la responsabilidad que le compete a cada parte en el proceso de quiebra y ajuste de deuda.

Así lo planteó el portavoz de la junta fiscal, Edward Zayas, quien aclaró que aunque la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) dispone que el ente fiscal es el obligado a representar a Puerto Rico en los litigios de Título III, también es importante la presencia del gobierno.

Zayas dijo que las disposiciones de Promesa contemplan que el gobernador sea representado aparte del organismo y mencionó que es el caso de la Sección 305 sobre limitación de la jurisdicción y poderes del tribunal. Es a través de la Aafaf que el gobierno participa de los litigios que atiende la jueza federal Laura Taylor Swain.

“Cada vez que hay un litigio entre la junta y el gobernador, Aafaf como representante del gobernador necesariamente requiere un abogado aparte. Además, Aafaf, como parte de la rama Ejecutiva, tiene acceso a personas e información de una manera que nosotros no tenemos, lo que les otorga una función crítica para ayudarnos en litigios con tenedores de bonos en el Título III”, sostuvo Zayas.

Según una fuente consultada y vinculada al mercado inversor, es importante reconocer que “se han pagado sobre $300 millones en gastos relacionados a los procesos de la quiebra, la mayoría de estos en honorarios. Si Promesa establece que la junta federal es el representante del deudor, entonces debieron ser más estrictos con el gobierno. Hay un argumento razonable para cuestionar cuál es el rol de Aafaf en los procesos”.

Zayas recordó que pese a las disposiciones de Promesa, durante los pasados años el ente fiscal mantuvo diferencias con la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló, lo cual también requería consultoría legal en aspectos de alta importancia. Dijo que lograron trabajar cooperativamente en la mayoría de los asuntos relacionados al Título III, y esperan que la relación de trabajo sea distinta con la nueva gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

“Miembros de la junta y nuestra directora ejecutiva (Natalie Jaresko) se han reunido con la gobernadora Vázquez y su equipo de trabajo en múltiples ocasiones y el diálogo ha sido positivo y constructivo. Estamos optimistas de que la administración Vázquez continuará trabajando en cooperación con la junta de supervisión en asuntos del Título III para acelerar la recuperación de Puerto Rico de la bancarrota”, agregó.

Vázquez Garced nombró al entonces director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Omar Marrero, a la dirección ejecutiva de la Aafaf. Esto luego de la renuncia de Christian Sobrino, quien se vio involucrado en la polémica conversación digital que sostuvo Rosselló con varios allegados.

Marrero indicó a EL VOCERO que está enfocado en el seguimiento de los casos de Título III y Título VI ante el Tribunal Federal para lograr la reestructuración de la deuda, la privatización de los procesos de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la estabilización de los sistemas de retiro y el desembolso de fondos federales.

“Nos quedan 14 meses de mandato y para ese tiempo estoy enfocado en ser práctico y pragmático. Queremos reestructurar la deuda pendiente y terminar lo que hay que terminar de Título III. Tenemos tres reestructuraciones hechas y vamos por la de la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Puertos y la AEE”, comentó.

Sostuvo que aunque está —junto a la gobernadora— dispuesto a colaborar con el organismo regulador, desea alcanzar el acceso al mercado de capital y la responsabilidad fiscal para deshacerse de la junta federal. “Una vez se cumpla con las disposiciones de Promesa, no estaremos bajo la supervisión de un organismo federal”, dijo.

A preguntas de este rotativo sobre la sustentabilidad a futuro de los acuerdos alcanzados, Marrero detalló que el plan fiscal toma en cuenta que no hay índices de crecimiento económico a largo plazo para la Isla. “La base del plan fiscal, que tiene una proyección a 30 años, contempla que tendremos unos superávits al principio, pero que al final registraremos déficit. Ese sobrante que estamos teniendo hay que utilizarlo para atender esos déficits. A base de eso se trabajaron los acuerdos”, indicó.

Recalcó a su vez, que aunque lleva poco tiempo al mando de la agencia, ha sido miembro del grupo fiscal y económico del gobierno desde 2017. “Desde el primer día he estado expuesto a los temas fiscales y económicos de Puerto Rico. Además, mi preparación académica es en esto. En ese sentido, tengo la preparación y el conocimiento para darle seguimiento a los procesos”, puntualizó.