Natalie Jaresko

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, dijo que durante los pasados cuatro años el ente regulador ha trabajado y recomendado una serie de reformas fiscales necesarias para la sustentabilidad del gobierno.

A pesar de que la pandemia del Covid-19 ha agravado la prolongada crisis económica que enfrenta Puerto Rico, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, aseguró que la Isla cuenta con los mecanismos y reformas que hacen falta para obtener los cuatro presupuestos balanceados que le pondrían punto final al ente.

Según las proyecciones del organismo, pese al atraso en los procesos que ha generado el coronavirus, el final de la quiebra incoada en 2017 bajo el Título III de la ley Promesa -para reestructurar la deuda gubernamental de $72,000 millones- podría darse en o antes de los próximos cuatro años.

Jaresko defendió en entrevista con EL VOCERO que durante los pasados cuatro años el ente regulador ha trabajado y recomendado una serie de reformas fiscales necesarias para la sustentabilidad del gobierno que no se han implementado. Según enfatizó, ahora la bola está en la cancha de la gobernadora Wanda Vázquez.

“No todo el trabajo está en las manos de la junta fiscal. Mucho recae sobre las manos del gobierno y los funcionarios elegidos. Aunque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y tan rápido como hemos podido para salir ya de Promesa, solo es posible si hay más colaboración del gobierno”, afirmó.

La directora ejecutiva de la junta puntualizó que el plan fiscal certificado -aunque proyecta una contracción de los ingresos gubernamentales para los años fiscales 2020 y 2021 a raíz del coronavirus- vislumbra presupuestos balanceados hasta 2032, pero solo si se implementan todas las reformas estructurales que estipula.

“Para culminar con Promesa solo hay que ganar acceso al mercado y alcanzar cuatro presupuestos balanceados. Si no se implementan las reformas no se alcanzará crecimiento, no aumentarán las ganancias y tendrán déficits antes de lo esperado. Si culminamos con la quiebra y se implementan las reformas, aun con el efecto de la pandemia, es posible alcanzar los presupuestos balanceados”, señaló Jaresko.

Aun cuando los demás gobiernos estatales de Estados Unidos están enfrentando recortes para hacer frente al impacto del coronavirus, el plan fiscal certificado de la Isla no sufrió recortes, ni impulsa mayores medidas de austeridad, para darle al gobierno un espacio para implementar las reformas estructurales y las medidas de eficiencia necesarias.

“Han atrasado la implementación de reformas al punto que ya es insostenible. Este tiempo adicional es para que procuren hacerlo. Todas son importantes, pero es necesario también que les den prioridad a las reformas de la electricidad y las de educación. Estas dos son cruciales para la Isla”, afirmó Jaresko.

Por otro lado David Skeel, integrante del ente fiscal, comentó a EL VOCERO que “previo a la pandemia la junta estaba cercana a una reestructuración de deuda que finalizaría el proceso de quiebra”. No obstante, ante la crisis generada por la pandemia, los procesos de negociación se vieron afectados.

El pasado mes de febrero, el ente radicó un Plan de Ajuste modificado (POA) que reduciría la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que de aprobarse representaría un recorte de 70%. La discusión y la Declaración de Divulgación quedaron en pausa.

“Habíamos propuesto un plan que tenía el apoyo de una cantidad sustancial de acreedores. Esto lucía como el final de la quiebra. Habíamos detallado las fechas para su posible confirmación, pero el virus lo atrasó. A este punto todos, incluyendo los acreedores, estamos listos para que Puerto Rico salga del Título III y la junta deje de existir. No nos tomará cuatro años más salir de la quiebra”, acotó Skeel.

El pacto disminuiría el servicio de la deuda más cuantiosa del gobierno en $5,000 millones adicionales y acortaría el periodo de repago a 20 años. Asimismo, promueve una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos de obligaciones generales (GO) y de 23% para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Estos recibirán $10.7 millones en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Sin embargo, Jaresko dejó claro que, desde la perspectiva del plan fiscal certificado para el próximo año fiscal, el Plan de Reestructuración (PSA) sometido a la jueza federal Laura Taylor Swain no es viable. Pese a esto, no confirmó si lo que procede es una tercera negociación con los acreedores de deuda garantizada que sea menos onerosa.

“Pusimos una pausa a todos los movimientos futuros y a las revisiones adicionales al PSA. No puedo asegurar cuáles son los próximos pasos, pero puedo afirmar que ese PSA no es asequible desde la perspectiva del plan fiscal certificado. La meta siempre ha sido ejecutar lo que es viable y lo que es viable ha cambiado”, manifestó la ejecutiva.

Previamente, el ente fiscal había logrado reestructurar la deuda de Cofina, la del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y parte de la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). No obstante, la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también permanece detenida y el acuerdo podría ser revisado.

Cofina —bajo el Título III de Promesa — concluyó con un balance de deuda final de $12,020 millones y, bajo el Título VI, el BGF terminó con un balance de deuda final ascendente a $2,598 millones y la AAA con poco más de $3,000 millones.

“Hemos logrado reestructurar una cantidad sustancial de la deuda, pero todavía nos falta mucho por hacer. Puerto Rico era excluido de la quiebra municipal, por lo que nada de esto hubiese sido posible sin la entrada de la ley Promesa. Habían intentado implementar sus propias reestructuraciones, pero eso fue detenido por el Tribunal Supremo en 2016. Antes de Promesa el futuro de Puerto Rico no era alentador”, puntualizó Skeel.