La Junta de Control Fiscal le asestó un duro golpe a la Universidad de Puerto Rico (UPR) tras certificar el plan fiscal de 2022, en el cual estipulan el recorte de $94 millones al próximo presupuesto del centro académico, así como aumentos en el costo de matrícula.

En desafío al documento aprobado ayer y que regirá las operaciones fiscales del principal sistema universitario de la Isla, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en borrador su próximo presupuesto sin considerar el recorte del ente fiscal.

Ayer fue la primera reunión pública que el organismo regulador celebró presencialmente desde el inicio de la pandemia de covid-19, mientras que el plan fiscal de la UPR fue certificado a pesar de la oposición del gobernador Pedro Pierluisi y de los integrantes de la junta fiscal, Antonio Medina y Justin Peterson.

El resto de los integrantes de la junta favoreció el plan bajo la premisa de que han requerido medidas desde hace cuatro años y que la UPR no las implementó.

Mayda Velasco, vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, ripostó que la institución ha cumplido con el 76% de las medidas impuestas por el ente fiscal.

David Skeel

El presidente de la Junta Fiscal, David Skeel. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

“Entiendo que hemos hecho lo requerido para satisfacer sus demandas, pero no podemos permitirnos asumir el recorte de estos $94 millones adicionales. El recorte, según propuesto, no solo pone a la universidad en riesgo de perder fondos que podemos recibir por parte del gobierno, sino que también limita nuestra capacidad para ejecutar todas las transformaciones a nivel administrativo y académico, como en las investigaciones”, sostuvo Velasco.

La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, explicó que el recorte de $94 millones que impulsan va directo a los gastos de operación no docentes, así como al plan de pensiones, que necesita ser reformado. Enfatizó que la merma en fondos no afectará de ninguna manera la prestación de servicios o la educación impartida.

Este no es el primer recorte significativo que la UPR recibe en su presupuesto. A lo largo de los pasados cuatro años fiscales, la universidad ha enfrentado la merma de $333 millones, lo que representa cerca de 40% de los fondos asignados por el gobierno central a la institución. Con los $94 millones adicionales, la reducción total ascenderá a cerca de $427 millones.

El plan fiscal obliga a implementar reformas en el fondo de pensiones, lo cual significará la reducción de $40 millones en el gasto de la universidad. También establece el ahorro de $7 millones en nómina no académica mediante la consolidación de oficinas administrativas entre recintos y provee para allegar $50 millones en ingresos mediante aumentos en la matrícula a nivel subgraduado y graduado, aumento en los cargos y la llegada de más asignaciones federales para investigación, entre otras.

De acuerdo con Jaresko, todas estas partidas compensan el ajuste de $94 millones.

Opuesto Pierluisi

El gobernador Pierluisi manifestó su oposición al plan fiscal de la UPR. Aseguró que le preocupa el impacto que pueda tener la reducción en fondos sobre la operación de los 11 recintos universitarios y puntualizó que no está de acuerdo con seguir incrementando el costo en la matrícula.

David Skeel

El presidente de la Junta Fiscal, David Skeel. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

“Me preocupan los aumentos en la matrícula. Ahora mismo, los costos de la UPR son comparables a universidades privadas. No se puede seguir aumentando la matrícula. Debemos tener en cuenta cuál es nuestro mercado”, expresó el gobernador.

El mandatario afirmó que con la aprobación del plan fiscal la junta está interviniendo con la política pública del gobierno, que tiene a la UPR como prioridad. Sostuvo, además, que el organismo regulador debe limitarse a realizar recomendaciones en lugar de imponer cambios y ajustes. “Yo tengo una visión diferente. Respeto la autonomía fiscal y administrativa de la UPR”, agregó.

A la postura expresada por Pierluisi, el integrante de la junta fiscal  Andrew Biggs respondió que por los pasados cuatro años el ente regulador ha estado recomendando una serie de reformas estructurales para la UPR que no se han implementado en su totalidad. “Es bien fácil decir que hagamos recomendaciones, pero el problema de eso es que se han hecho desde hace cuatro años y no se han implementado. Si la junta no las impulsa, la UPR nunca lo hará”, señaló.

No obstante, los integrantes Antonio Medina y Justin Peterson —ambos nombrados por el pasado presidente estadounidense Donald Trump— también expresaron su oposición al plan aprobado. Ambos coincidieron en que el documento vislumbra recortar mucho dinero en muy poco tiempo.

“La UPR es indispensable para el crecimiento económico de Puerto Rico. Me preocupa que la única visión de la junta fiscal sea salir de la quiebra y que no nos enfoquemos en incentivar el desarrollo económico de la Isla. Creo en la necesidad de implementar las reformas, pero necesitamos una UPR fuerte para lograr prosperidad y estos recortes serán perjudiciales”, manifestó Peterson.

Aumento en el crédito

El plan fiscal aprobado proyecta el incremento en los ingresos mediante el aumento en el costo de la matrícula. Para los estudios subgraduados, el crédito aumentará a $145 en el año fiscal 2022 y a $157 para 2023. Mientras que a nivel graduado los cursos de maestría tendrán un aumento, pero se indicó que el costo se mantendrá por debajo del de las universidades privadas en la Isla, y los cursos doctorales equivaldrán a la mitad del costo en universidades públicas en Estados Unidos, se informó.

Jaresko
Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

“El costo de matrícula de la UPR no es similar al de las universidades de Estados Unidos. Las tarifas se mantienen relativamente bajas en comparación con las demás universidades privadas en la Isla y muy por debajo de lo que equivale estudiar en una universidad estadounidense”, defendió Jaresko.

Por su parte, Jannell Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la UPR, indicó a EL VOCERO que “aunque la junta dice que no, el recorte de $94 millones causará el despido de no solo personal no docente, sino también de muchos profesores”.

“Con estos recortes, que la totalidad sobrepasará los $400 millones, es imposible que la universidad pueda mantener la misma oferta académica, la misma plantilla de empleados y la misma plantilla de profesores”, explicó Santana.

En cuanto a los recortes al sistema de retiro de la UPR —para el cual la junta solicitó que se eliminara el plan de beneficios definidos y se cambiara a un plan de retiro parecido a un 401K—, Santana afirmó que se trata de un capricho. “Nuestro sistema está sólido, las inversiones están sólidas y se nutren esas inversiones. No apoyamos una reforma de nuestro retiro”, puntualizó.

En la reunión pública, la junta también aprobó los planes fiscales para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Compañía de Fomento Industrial, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). Estos, a diferencia del de la UPR, fueron certificados unánimemente.