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En plena campaña electoral, comienzan a chocar dos intereses opuestos; el correcto, que es sacar a Puerto Rico de la quiebra, y el egoísta, representada por los intereses políticos de corto plazo del gobierno.

La posibilidad de salir de la quiebra parece hacerse “sal y agua” ante la negativa de la gobernadora constitucional, Wanda Vázquez de no apoyar el acuerdo de reestructuración de las obligaciones del gobierno central (GO). Este acuerdo, fue anunciado el fin de semana por la Directora Ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal, Natalie Jaresko.

Este acuerdo representaría ahorros para el propio gobierno cortando la deuda de $35,000 millones hasta $11,000 millones, y reduciría el pago anual que hace el gobierno a los acreedores de $4,200 hasta $1,500 millones.

Según este acuerdo, en dos décadas, nuestros hijos y nietos quedarían libres de las obligaciones del gobierno central. Todo esto es posible gracias a PROMESA y la junta que creó el Congreso en el 2016.

A pesar de que el acuerdo representa una excelente oportunidad para el gobierno, el pueblo y las futuras generaciones, la gobernadora ha rechazado el acuerdo y ha puesto excusas insostenibles. No hay que ser tener un doctorado en ciencias sociales para entender que nuevamente juegan a la política con la junta y el proceso de sacar a la Isla de la quiebra.

El desafío constante a PROMESA

Desde el inicio de PROMESA, los partidos políticos le declararon la guerra a la JSF que venía a poner orden al mal gasto de fondos públicos y el desorden administrativo que nos trajo a la quiebra. Muy hábilmente le han hecho creer al pueblo que la JCF es la culpable y responsable de todos los males sociales y económicos que hoy enfrenta Puerto Rico.

En pleno apogeo electoral, Vázquez en su rol de candidata a la gobernación por el partido en el poder ha decidido no apoyar el acuerdo que representaría ahorros significativos para el pueblo y poder salir de la quiebra.

Desde el 2016, hemos tenido que vivir con la desdicha y la desesperanza de la quiebra del gobierno, con desastres naturales, pero también con la mediocridad e incompetencia de la clase política (ambos partidos). Esto último ha sido devastador, ya que Puerto Rico carece de una gobernanza adecuada para implementar las reformas estructurales que nos sacarían de la quiebra y darían paso a la recuperación económica de la Isla.

Cuarto aniversario de PROMESA

De cara al cuarto aniversario de PROMESA, es claro que la sindicatura parcial del gobierno no está dando resultados. La JSF como está estructurada y el mandato de la propia ley federal, no le da todos los poderes al ente supervisor para poder implementar las reformas y las decisiones difíciles que hay que ejecutar. El actual gobierno, y la legislatura se las han arreglado para desafiar la ley y obstaculizar todo el proceso de saneamiento fiscal y de reformas estructurales.

Contrario a otras experiencias como la ciudad de Nueva York (1975), Washington DC, (1994), y Detroit (2013), en donde la sindicatura fue total, en Puerto Rico, PROMESA, dejó algunos poderes al gobierno territorial. La premisa era que el gobierno iba a poder ejecutar el mandato federal con la supervisión de la junta.

Sin embargo, el experimento jurídico y financiero está fallando, en gran medida porque el gobierno y los actores políticos están desafiando constantemente la ley PROMESA sin muchas consecuencias.

El resultado es que cuatros años después el progreso ha sido limitado, a penas se han reestructurado dos créditos, el del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el de COFINA. A penas se han implementado reformas estructurales y aún no hay plena disciplina fiscal. La “fiesta de contratos” y la corrupción siguen intactas a pesar de la quiebra.

Así las cosas, es un buen momento para que el Congreso y la Casa Blanca, revisen el estatuto creado en el 2016, y evalúen la posibilidad de que se implemente una sindicatura completa del gobierno de Puerto Rico.

Esta opción es consistente con la designación del almirante Peter Brown como coordinador federal para manejar los esfuerzos de recuperación. Para todos los efectos prácticos estamos cercano a esa sindicatura total, solo falta una declaración de política pública del norte, que la formalice y haga viable una gerencia adecuada y la buena gobernanza que nuestra clase política aún le niega al pueblo. Puerto Rico no merece menos.

Este análisis fue redactado por la unidad de investigaciones de Inteligencia Económica, disponible para suscriptores junto a más de 100 indicadores económicos y herramientas de inteligencia de negocios para su empresa.

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