Banca

A menos de dos semanas para las elecciones generales del 3 de noviembre, los seis candidatos a la gobernación están enfrascados en una intensa lucha para pescar votos.

Ha sido un cuatrienio atípico y el proceso electoral ha sido igualmente irregular. Dos huracanes, la renuncia del gobernador, sismos y la pandemia, han creado una crisis sin precedentes en nuestra historia moderna.

Los idealistas como yo, pensábamos que la crisis crearía las condiciones para que el liderato político junto al sector privado y el resto del pueblo pudiéramos desarrollar el proyecto económico y de país que necesitamos para salir del hoyo, pero me equivoqué.

La clase política puertorriqueña no se siente aludida ni responsable por la quiebra gubernamental y mucho menos ha querido cambiar el modelo de gobierno que nos llevó al actual estado de insolvencia e imposibilidad económica.

El estado de negación ha llevado a un conformismo que a mi juicio impide que se puedan resolver los diversos problemas que enfrentamos como pueblo. En el furor del proceso electoral, los candidatos han hecho mil promesas, las cuales el 95% no podrán cumplir, pero lo más difícil de digerir es que los cinco retos económicos más apremiantes siguen sin solución.

Ignorar estos problemas y no buscarles solución solo garantizará que continuemos en el mismo estado de depresión económica que tenemos.

Nadie quiere enfrentar a estos líos porque las soluciones son complejas y tendrías costos políticos. A continuación explicamos las reformas urgentes que necesita Puerto Rico si quiere abrazar un mejor futuro.

Energía: La quebrada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se encuentra bajo la sindicatura de la ley PROMESA. Sin acceso a los mercados de capital y con la infraestructura obsoleta, la única forma de poder rehabilitarla es mediante un modelo de alianza público-privada. La inyección de $13,000 millones que ofreció el gobierno federal está condicionada a que la operación de la AEE transite a manos privadas. Aún con esta realidad, algunos de los candidatos a la gobernación se oponen a la privatización y quieren dejar el actual modelo que la llevó a la quiebra.

Permisos: Un estudio recientemente realizado entre Inteligencia Económica y la fundación CRECE, reveló que sacar un permiso en la Isla puede tomar hasta cinco meses, lo que implica costos para aquellos que quieran montar un negocio. La reformulación del sistema de permisos es esencial para mejorar la competitividad de la Isla y reducir los costos de hacer negocios.

Impuestos: Nuestro sistema contributivo es uno confiscatorio que penaliza el trabajo y la inversión. Las altas tasas contributivas responden al modelo de un gobierno grande que gasta más allá de las verdaderas capacidades de la economía. De igual manera, el impuesto a los inventarios es nefasto para los comerciantes, que tienen que pagar un tributo sin haber vendido un solo producto.

La quiebra: El gobierno se acogió a la quiebra en el 2017, bajo la tutela de la Junta de Control Fiscal. Desde entonces no se paga la deuda de $70,000 millones, en lo que se logra la reestructuración de “la hipoteca” que nos dejaron los últimos gobiernos. Ningún candidato ha tomado en serio el tema de la quiebra ni se han planteado propuestas concretas para sacar a la Isla de la sindicatura y regresar a los mercados de capital.

La corrupción: La falta de transparencia gubernamental y la corrupción laceran la credibilidad de la Isla ante la comunidad de negocios local e internacional. Es imperativo restaurar la credibilidad en las instituciones y cortar de raíz la corrupción pública. Entidades como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, validan con estudios como la inversión huye de lugares donde existen altos niveles de corrupción como en Puerto Rico.

Este análisis fue redactado por la unidad de investigaciones de Inteligencia Económica, disponible para suscriptores junto a más de 125 indicadores económicos y herramientas de inteligencia de negocios para su empresa.

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