desigualdad

Representantes del sector comercial y de la salud, quienes participarán del foro Paridad de Fondos, auspiciado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) -un evento que tendrá lugar el próximo 15 de octubre de manera virtual- reiteraron que la salud y la alimentación de los puertorriqueños se sigue afectando con la disparidad de fondos federales que llegan a la Isla, comparados con los que reciben los estados de Estados Unidos, cuando el trato debería ser igualitario y sensible a las necesidades adicionales que han provocado en la Isla los desastres naturales y el Covid-19.

Luis E. Pizarro-Otero, CEO de FIDE LLC y presidente del Comité de Salud de la CCPR, sostuvo que Puerto Rico está excluido del programa de subsidio de la parte D de Medicare que cubre los medicamentos. Según un reporte del Departamento de Salud federal, si la Isla fuera elegible a este beneficio, recibiría sobre $200 millones adicionales, lo que beneficiaría a cerca de 400,000 personas. Entiende que ese dinero representaría un mejor acceso a la salud. “Como territorio, ahora lo que se recibe es un ‘grant’ de $40 millones para el programa Platino que va dirigido a la población más pobre y de mayor edad y que solo aporta mensualmente $10 por paciente para su cubierta de farmacia. En Estados Unidos esa aportación es de $100”, explicó.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, funcionarios del gobierno y representantes del sector privado, continuamente asisten al Congreso a reclamar la disparidad de fondos y exigir el trato igualitario que entienden es vital para atender las necesidades de salud de la población.

“En la nómina nos deducen el FICA (Impuesto de la Ley de Contribución al Seguro Federal), por lo que aportamos en igual de condiciones al Medicare y no recibimos lo mismo por ser territorio. Ya tenemos las asignaciones de fondos hasta el 2021, con un tope que no da para financiar el programa de salud del gobierno, pero en el 2022 hay que volver a pedirlas, necesitamos una solución permanente”, agregó el CEO de FIDE LLC.

El también abogado enfatizó que la Isla debe estar en igualdad de condiciones con las personas que viven en los estados. El gasto per cápita al año de un paciente de salud en Puerto Rico es de entre $3,500 a $3,700, mientras que en Estados Unidos el gasto es de $11,000. “Esto con los mismos requisitos y las mismas reglas de cumplimiento de los programas federales, pero recibimos un tercio de los fondos. Por eso se van los médicos de la Isla, es un ‘issue’ de dólares y centavos”.

Por su parte, Mario Fornés Decheth, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de Luis Garratón, Inc. y segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la CCPR, añadió que la falta de fondos afecta directamente a las farmacias debido a su efecto en cadena.

Las farmacias no pueden recibir descuentos en los medicamentos que les brindan si pagan entre 15 y 30 días, porque la Administración de Seguros de Salud (ASES) les paga a los 120 días. El ‘pricing’ tiene que ver con el pronto pago y si no tienen descuentos no se los pueden pasar al paciente. “Se afecta el ecosistema, porque también con la falta de fondos adicionales del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) —que se acabó en septiembre— se afectan las ventas de los productos de las góndolas de las farmacias que ayudan a mitigar los costos del recetario”, comentó Fornés.

EL PAN

También expusieron como trato injusto el beneficio del PAN, que reciben 1.5 millones de puertorriqueños, lo que significa cerca de la mitad de la población.

La Isla recibe $1.9 billones de un ‘block grant’, lo que para Iván Báez, director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Walmart Puerto Rico y presidente de la Asociación de Comercio al Detal, no es suficiente. Una familia promedio de cuatro personas recibe $300 mensuales, mientras que en los estados les dan $600. “Puerto Rico ha estado viviendo desastre tras desastre y nos preocupa el impacto de la crisis alimentaria. La Isla debe recibir igualdad”, puntualizó.

 Acorde con Báez, el País necesita moverse al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que es un programa que ajusta el ingreso a la realidad económica de la población, y no continuar con el PAN, que es una subvención en bloque, lo que significa que hay una cantidad de fondos fija. “Esto es un problema de seguridad alimentaria, un tema de voluntad y justicia”, acotó.