tribunal juicio

La Liga de Ciudades de Puerto Rico interpuso una demanda contra la Junta de Control Fiscal en la que le pide a la jueza federal Laura Taylor Swain determinar si son ilegales las retenciones y cobros de dinero que han hecho las instrumentalidades del gobierno contra los municipios.

Los demandantes alegan que estas retenciones son ilegales y son estimadas en $340,000,000.

La demanda tiene su génesis en la Ley 29, aprobada de forma abrumadora en Cámara y Senado el cuatrienio pasado (solo un representante votó en contra).

El estatuto pretendía corregir una injusticia contra los ayuntamientos y sus golpeadas finanzas de modo que no tuvieran que hacer contribuciones al plan de salud Vital, que es una responsabilidad del gobierno central y pagar las pensiones de sus empleados jubilados que ya habían costeado en el pasado.

Empero, la Junta de Control Fiscal se opuso a la Ley 29 por considerar que violentaba la Ley Promesa y llevó sus planteamientos ante la jueza Swain.

En un proceso judicial en el que los municipios no participaron, el tribunal emitió una orden, el 15 de abril de 2020, en el que resolvió que el estatuto no podía continuar en vigor.

La corte fue enfática en que su orden en contra de la Ley 29 solo surtiría efecto varias semanas después -el 6 de mayo- de modo que los municipios, la junta y el gobierno pudieran alcanzar otra solución al problema.

Diferentes interpretaciones del contenido de la orden judicial del 15 de abril de 2020 es lo que ha propiciado, en parte, el presente recurso legal de la Liga de Ciudades.

“El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (Crim), la Administración de Seguros de Salud (Ases) y el Sistema de Retiro, todos presionados por la junta, interpretaron que la orden judicial invalidaba desde su inicio la Ley 29 y que los pasados pagos que habían dejado de hacer los municipios durante ese periodo de vigencia del estatuto ahora eran reclamantes como deuda”, señalan los demandantes en un comunicado de prensa.

Alegan que al negarse los municipios a pagar una deuda ilegal, el Crim, Ases y el Sistema de Retiro, a instancias de la junta, comenzaron a retenerle a los ayuntamientos el dinero que le correspondía so pretexto de abonar a las deudas.

“Debido a estas retenciones ilegales, los municipios han visto sus finanzas seriamente afectadas, todo debido a una interpretación incorrecta de una decisión judicial emitida en un proceso judicial en el cual los municipios no fueron parte y en el cual se les denegó participación”, sostiene el recurso legal.

Los municipios, representados en esta demanda por la Liga de Ciudades, expone que lo que aplica en derecho es lo contrario a la interpretación acomodaticia de la junta y de las entidades gubernamentales.

La Liga expone que la Ley 29 estuvo en vigor por un periodo de tiempo previo a la orden de la jueza Swain.

Asimismo, plantean que durante ese tiempo que estuvo en vigor la ley, los municipios no tenían obligación alguna de pagar.

De igual forma, argumentan que es ilegal por parte del Crim, Ases y el Sistema de Retiro intentar cobrar una deuda de forma retroactiva cuando la decisión de Swain comenzó a operar de forma prospectiva, máxime cuando la jueza enfatizó que solo entraría en vigor su orden semanas después.

“Debido a que los actos realizados por los municipios y el Crim eran válidos durante el periodo en que la Ley 29 estuvo en pleno efecto, las deudas reclamadas por los demandados no existen”, plantea la demanda.

Los demandantes solicitan al tribunal que resuelva que son inexistentes las deudas que reclaman el Crim, Ases y el Sistema de Retiro, basados en la interpretación incorrecta de la junta.

A su vez, la Liga pide que declare como ilegales las retenciones hechas por estas entidades contra los municipios bajo el pretexto de recobrar deudas y que se les prohíba a los demandados intentar cobrar lo que corresponda al periodo del 17 de mayo de 2019 al 6 de mayo de 2020, durante el cual el estatuto estuvo en pleno vigor.

Por último, la demanda solicita que la corte le prohíba a la junta su interferencia torciera con las responsabilidades fiduciarias que tienen el Crim y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), hacia los municipios.

“La Liga de Ciudades, en representación de municipios comandados por alcaldes de todas las ideologías, se va a hacer sentir. En la Liga vamos a proteger los mejores intereses de los municipios a través de todos los mecanismos a nuestra disposición, incluyendo la corte federal establecida por Promesa. Proteger los intereses de los municipios en este momento es equivalente a proteger los mejores intereses de los puertorriqueños”, afirmó Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades.

EL VOCERO solicitó una reacción a la Junta de Control Fiscal, pero al momento no se ha recibido respuesta.