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Con el nuevo Reglamento Único para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, el gobierno espera “mover” para la venta o cesión cientos de propiedades en desuso, que le deberán dejar un ingreso importante.

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en entrevista con EL VOCERO, explicó que el reglamento que unifica otros dos que se utilizaban permitirá un proceso más eficiente a la hora de evaluar las solicitudes de propiedades. La evaluación de los interesados en adquirir los bienes es realizada por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, el cual cubre todas las propiedades del gobierno.

Al presente se han evaluado más de 255 solicitudes de arrendamiento, compraventa o cesión y traspaso de bienes inmuebles, las cuales han sido presentadas por personas, organizaciones con o sin fines de lucro, municipios, entidades gubernamentales o empresas. Unas 180 evaluaciones han correspondido a escuelas que fueron cerradas.

Marrero dijo que lo importante del nuevo reglamento es que recoge la experiencia de los pasados dos años en el manejo de las estructuras públicas que están sin uso y uniforma los procesos. Indicó que la ley vigente eminentemente buscaba transferir las propiedades para la venta, pero no todas eran viables desde el punto de vista comercial y ahora con el tema de cesión se abren las posibilidades de manejo.

A preguntas sobre el valor económico de las propiedades disponibles, Marrero señaló que “no hay visibilidad a ese nivel. No hay una preevaluación de esas propiedades”, lo cual estará disponible más adelante.

En el pasado algunas propiedades bajo la tutela del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) acarreaban costos de mantenimiento y seguridad por años, lo cual se convertía en un gasto. Sin embargo, Marrero aclaró que el comité entra en la fase de evaluación para disponer de las propiedades, y corresponde a cada agencia titular manejar esos aspectos y los costos.

Una vez listo el reglamento, las personas tendrán 30 días para emitir comentarios al respecto y luego de completado ese proceso y las correspondientes aprobaciones, entonces se hará público el inventario actualizado.