Bahamas, Florida brace as new Hurricane Isaias bears down

A casi tres años de la devastación causada por el huracán “María”, esta semana pasada nos visitó la primera tormenta tropical de la temporada. Isaías, trajo lluvia suficiente para crear caos, inundaciones, miles se quedaron sin luz, dejó al descubierto que no estamos listos para otro desastre natural. El sistema energético sigue frágil, mientras la quebrada Autoridad de Energía Eléctrica sigue agonizando en su quiebra y la mala gerencia.

La tormenta de esta semana provocó nuevamente histeria y largas filas de consumidores en los supermercados. “Isaías” dejó al descubierto la vulnerabilidad de la cadena de suministros de alimentos porque la promesa de eliminar el impuesto a los inventarios no se ha cumplido.

El impuesto a los inventarios es una de las cosas más absurdas que hoy aún prevalecen en Puerto Rico. La obstinación del gobierno en permitir que exista un impuesto sobre los productos y la mercancía que almacenan los comerciantes es la mejor evidencia de la mediocridad que actualmente impera en la administración pública.

El impuesto a los inventarios es nefasto para muchos comerciantes, porque implica que hay que estos deben pagarle al CRIM por la mercancía en inventario, aún sin ésta haber sido vendida.

Nuestra dependencia en la importación de alimentos

En el 2018, el valor de las importaciones ascendió a $46,462 millones. Como Isla que produce poco y depende en la importación del 90% de lo que consume, es absurdo que el inventario de los comercios esté sujeto a un impuesto. Pero así se vive en nuestra propia versión de Macondo.

Es decir, asumamos que un comerciante tiene un inventario de $1,000,000 en su tienda, y el impuesto es de 6%, este comerciante debe pagar $60,000 anualmente, independientemente si se vende la mercancía o no.

Esto implica que, si no vendió la mercancía, el comerciante tiene un costo de $60,000, y el CRIM recibió su ingreso, aún bajo el caso más absurdo en el cual no haya venta o ingresos para ese comerciante. Esta absurda realidad provoca que supermercados y comercios de todo tipo se inclinen a tener los inventarios en su nivel más bajo posible, para evitar el pago de este impuesto que es absurdo e ineficiente.

Esta decisión implica que, en caso de una emergencia como un huracán, un terremoto o como ahora, con el tema del coronavirus, los abastecimientos de comida y productos básicos enfrenten el riesgo de acabarse, y haya escasez.

Por culpa del impuesto a los inventarios, los consumidores enfrentamos los riesgos innecesarios de escasez de productos básicos como comida, artículos higiénicos y otros productos básicos para manejar una emergencia nacional.

Esta situación la vivimos durante el huracán María, y como parte del furor en aquel momento, muchos legisladores se comprometieron a eliminar el infame impuesto. Al regresar a la normalidad, como siempre, los legisladores no hicieron nada, y hoy nuevamente enfrentamos una crisis, y la escasez de productos básicos.

El único legislador que ha sometido legislación fue el Senador Juan Dalmau, que presentó en agosto del 2018, el P. del S. 1041, pero el proyecto fue colgado por la honorable Comisión de Hacienda del Senado, el 5 de junio de 2020.

Al senador Dalmau, a quien conozco y respeto, mis felicitaciones por actuar responsablemente a nombre del pueblo de Puerto Rico.

Ante el actual panorama, exhorto a los consumidores y a los comerciantes, a que le escriban a su legislador y le exijan que aprueben el P. de. S. 1041 para eliminar el impuesto a los inventarios.

La emergencia y el sentido común así lo exigen, aunque los llamados a tomar decisiones estén pensando en los votos y en las próximas elecciones.

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