Construcción

Los empleados de la industria de la construcción aseguran que el alza a $15 por hora se trata de justicia salarial.

La reconstrucción del País tras los fuertes sismos de las pasadas semanas —que han dejado pérdidas mayores a los $100 millones— podría complicarse por la inflación en costos que ocasiona el aumento salarial a los empleados de la construcción que promulgó el entonces gobernador Ricardo Rosselló tras el paso del huracán María.

Humberto Donato, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR), comentó a EL VOCERO que el incremento a $15 por hora en contrataciones gubernamentales causó una inflación base de 30% en los costos totales de los proyectos de construcción, por lo que los trabajos de recuperación y reconstrucción podrían ser más costosos.

“El aumento de salario a $15 la hora generó una presión indirecta en el mercado de la construcción y otras áreas de la industria que causó que muchos de los estimados de construcción tuvieran que elaborarse nuevamente. Eso detuvo el comienzo de muchas obras públicas y detuvo por completo muchas obras privadas”, indicó.

De acuerdo con un estudio que realizó la AGC-PR en 2018, un proyecto que tenga un costo de $10 millones tiene un costo base de labor de $3.2 millones o un 32%. El aumento en salarios ocasiona que el costo por empleados cubiertos se eleve 67.5% o $2.17 millones, y como resultado las posiciones exentas suban 7.9%. Esto eleva a $5.6 millones o 43% los costos laborales.

El informe también explica que como consecuencia del alza se elevarían indirectamente los costos de seguro, por lo que los proyectos que sean necesarios para recuperar la Isla serán 30.5% más caros.

“Aunque el aumento no aplicaba a la industria privada, si causó un efecto cascada. Si se tenía un sector de la industria con esos salarios, esa presión de mercado afectaría otros sectores. El costo de construcción en el área privada también subió mucho y los proyectos dejaron de ser viables y se detuvieron”, agregó.

Donato enfatizó que a pesar de la desaceleración que han enfrentado en el pasado año, la economía se ha ido balanceando, por lo que prevén poder asimilar de manera sustentable los aumentos registrados para hacer frente a la actual emergencia. Sostuvo, además, que las contrataciones privadas también aumentaron a cerca de $9 por hora.

“Ya esta inflación ocurrió y no veo problema en términos de oferta y demanda de que esos salarios vayan cayendo en ritmo y puedan sostenerse a largo plazo… El reto está en que esto significa que los proyectos serán más caros de lo que fue cuando se inició la recuperación luego del huracán María y no se sabe si la economía pueda sostenerlo”, detalló.

Ante el anuncio de que el Departamento de Vivienda federal hará disponible $8,221 millones de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), Donato indicó que se contrarrestará el impacto de la desaceleración que han enfrentado.

“Esperamos que —a diferencia de la bonanza acelerada que hubo tras María— la inyección de los fondos por los próximos años creará un crecimiento sustentable para la industria. No será de manera rápida, pero sí paulatino y periódico. Esto se sustentará por un plazo de cinco a diez años”, agregó.

Asimismo, indicó que la inyección de fondos adicionales les permitirá contratar a más trabajadores. “Previo a María, la industria tenía poco menos de 40,000 trabajadores. María añadió poco más de 20,000, pero eso mermó con la disipación de los fondos. Ahora mismo estamos en menos de 40,000 y, a corto plazo, los fondos nos permitirán hacer más contrataciones”, puntualizó Donato.

No obstante, el recién elegido presidente de la AGC-PR aclaró que siempre han estado de acuerdo con que se aumenten los salarios, pero que ocurra paulatinamente para evitar disloques acelerados en la industria. El pasado mes de noviembre, la organización pidió a la gobernadora Wanda Vázquez que anulara la Orden Ejecutiva 2018-033 y que adopte la Orden Ejecutiva 13658 firmada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.

La orden federal establece un salario mínimo para todos los contratos federales y un mecanismo para mantenerlo o que se suba anualmente. De acuerdo con el registro federal, el salario mínimo para todo empleado de construcción que sea contratado a nivel federal asciende actualmente a $10.80 por hora.