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Aunque el verano suele ser una temporada lucrativa para los paradores del país, este año la proliferación masiva de espacios destinados para alquiler a corto plazo ha ocasionado que la actividad económica registrada hasta el momento por algunos representantes de este sector haya mermado.

De acuerdo con Tomás Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores de Puerto Rico, el crecimiento del alojamiento a corto plazo en los últimos cinco años ha sido de 650%. A su juicio, esto ha ocasionado una competencia desleal que con el pasar del tiempo les afecta aun más sus operaciones.

“Este verano algunos estamos teniendo una buena temporada y otros una no tan buena. Tiene que ver con el aumento descontrolado de los alojamientos alternativos y los hoteles ilegales. La Compañía de Turismo (CTPR) se ha negado a hacer su trabajo y estamos pagando las consecuencias”, comentó el hotelero.

En el caso de su hospedería, el Combate Beach Resort, en Cabo Rojo, el 2019 ha sido un año de crecimiento y la ocupación ha aumentado. Sin embargo, sentenció que para hospederías más pequeñas y que cuentan con recursos limitados, “el año ha sido bien difícil porque la ocupación se ha diluido con los alquileres a corto plazo”.

“Para junio la ocupación fue buena, pero podría haber sido mejor. No fue mejor que el año pasado, pero más positiva que en 2016 y 2017. Para los paradores un 40% de ocupación es alto, muy bueno, pero algunos no lo alcanzaron. Estimamos que para julio mejore significativamente y que algunos alcancen hasta un 70%”

Ramírez sostuvo que empresas como Airbnb, HomeAway y VRBO ofrecen tarifas más bajas con las que no pueden competir porque no les resulta costo efectivo. Indicó, además, que ante los bajos precios -que rondan en los $87- esta modalidad ahora representan el 29% de la ocupación hotelera.

El hotelero aseguró que el reto durante la temporada ha sido hacerle frente a cientos de propiedades -como casas, apartamentos, casas rodantes y parques de acampar- que no operan durante el resto del año, no están registradas bajo las diversas plataformas que tienen presencia en la Isla y operan de manera ilegal.

“Se habla de los recaudos que dejan estas empresas en la Isla, pero la CTPR no habla de los $60 millones que se están escapando a través de todas las otras plataformas con las que no tienen acuerdos o de hoteles ilegales que operan aparte”, agregó el experto.

Ramírez señaló que no están pidiendo la prohibición del alquiler a corto plazo porque, según reconoció, añaden capacidad de hospedaje a una industria que todavía se recupera de los estragos ocasionados por el huracán María. Sin embargo, aseguró que es necesario una regulación estricta por parte de la CTPR que garantice una sana competencia.

“Ha habido una reducción en los registros de ocupación hotelera, pero en los números totales, cuando se añade la data de los alojamientos a corto plazo, llegamos a los niveles pre-María. No pretendemos que se le apliquen los mismos estándares que a los paradores, pero tiene que haber reglamentación y registro de propiedad”, puntualizó.

Empero, Ramírez atribuyó el auge que ha tenido este tipo de alojamiento al exceso de demanda versus la cantidad de oferta que mantienen hoteles de la Isla. Recalcó que a casi dos años del paso del huracán María se mantienen cerradas unas 2,500 habitaciones lo que ha contribuido al crecimiento de las plataformas en Puerto Rico. “Hay hoteles en reparaciones y otros que se mantienen cerrados. Esperamos que para el año que vienen, con la disponibilidad de estas habitaciones, el panorama cambie”, sentenció.

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