toldos azules
Los toldos azules siguen en los techos de miles de casas en la Isla, a cuatro años del paso del huracán María. >Archivo/EL VOCERO.

La recuperación luego del huracán María continúa a paso lento, según establece el Tercer Informe Hacia la Recuperación Justa que dio a conocer Ayuda Legal Puerto Rico, entidad sin fines de lucro que sostiene que aún son muchas las comunidades vulnerables tras la destrucción generada por el fenómeno atmosférico y los terremotos, sobre todo en al área de la vivienda.

“La recuperación justa no está llegando. El reclamo es que no hay acceso equitativo a los fondos federales de recuperación, el desembolso es lento, al igual que el proceso de elegibilidad”, expresó Ariadna Godreau, cofundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal.

Como evidencia del reclamo de la entidad, el estudio presentó la existencia de toldos azules, viviendas sin reparar tras casi cuatro años del paso de los huracanes Irma y María por la Isla, las casas desplomadas tras el embate de los sismos, el alza en la renta y la vulnerabilidad de quienes asumen hipotecas, y las comunidades en riesgo de desplazamiento, situaciones que, según la entidad, responden a la especulación, el capitalismo y el cambio climático.

El informe analiza, además, los indicadores de derechos humanos sobre los cuales inciden los procesos de recuperación justa, los que Asistencia Legal describe como justicia de vivienda, climática y de tierras.

Según Godreau, la crisis no afecta a todas las personas por igual.

Los grupos históricamente vulnerados —como las mujeres, personas adultas mayores y personas con diversidad funcional— sufren el impacto de los desastres de manera más directa y experimentan procesos de recuperación más lentos que otros sectores demográficos.

Datos exponen la precariedad

El estudio revela el universo de solicitantes al Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), programa que proporciona a los propietarios elegibles asistencia en la reparación y reconstrucción de viviendas significativamente afectadas, en lugares no peligrosos.

Según se indicó, a los propietarios con viviendas afectadas elegibles en zonas en riesgo les ofrecen asistencia para reubicación y de 27,004 solicitudes radicadas, sobre 18 mil fueron presentadas por mujeres.

El informe estipula que las personas adultas mayores componen más de 12 mil solicitudes de este universo poblacional. También que 12,009 solicitantes informaron que son personas con diversidad funcional.

“Según las solicitudes de información que recibimos del Departamento de la Vivienda, el Programa R3 sólo recibió 2,500 solicitudes de personas que indicaron tener un toldo azul”, señaló María Vaello, representante legal en Ayuda Legal Puerto Rico.

Sin embargo, según el Plan de Acción de los fondos de mitigación, actualmente existen entre 15,000 y 18,000 propiedades en Puerto Rico con un toldo azul.

“El Departamento de Vivienda debe levantar los obstáculos que dificultan el acceso a la asistencia del Programa para personas con un vale de reubicación: como exigirles un título inscrito en el Registro de la Propiedad y, en el caso de las personas con hipotecas, obligarles a resolverla en un periodo de seis meses. Esto agrava la recuperación”, puntualizó Vaello.

Justicia climática

El equipo de Ayuda Legal concluyó que la crisis climática no afecta a todas las comunidades de la misma manera, más aún cuando se trata del impacto en derechos fundamentales como la vivienda.

“Los procesos de mitigación tienen que integrarse a los procedimientos de R3 de manera clara y específica para evitar el desplazamiento de comunidades cuyos riesgos se puedan mitigar. Es necesario evitar expandir la huella de construcción y promover la protección del ambiente, integrando los procesos de mitigación. Es necesario hacer un llamado nacional, participativo y basado en derechos humanos, para atender la crisis climática”, indicó Verónica González, también representante legal de Ayuda Legal Puerto Rico.

Afirmó que integrar la protección del medio ambiente es vital para planificar medidas de mitigación y evitar que las comunidades se sigan afectando tras eventos como las inundaciones y la erosión costera.

“Esto se puede hacer volviendo los espacios seguros, sin expandir la construcción a lugares que colindan con la zona marítimo terrestre. Asumiendo posturas coherentes que eviten la proliferación de construcciones en áreas de riesgo, lo que representa tener que sacar a la gente de sus espacios cuando no hay el inventario de vivienda que necesitamos”, añadió González.

El estudio también reconoce el derecho de las personas y comunidades a quedarse, disfrutar, alimentarse y regresar a sus espacios. Apunta a que esta realidad obliga a considerar el acceso a servicios esenciales —la energía eléctrica, el agua potable y saneamiento de aguas residuales— como elementos indispensables del derecho a una vivienda digna.

Otra preocupación plasmada en el estudio es la fragilidad del sistema de energía eléctrica y la urgencia de reducir la dependencia en la quema de combustibles fósiles, y de implementar alternativas que descentralicen la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables. 

También se plantea la importancia de la participación de las comunidades en las etapas de planificación e implementación de los programas de beneficios contributivos que redunden en proyectos de vivienda, y que la otorgación de incentivos incluya al componente de rendición de cuentas y resultados al gobierno.