Salario Mínimo

De lograr aprobarse un aumento en el salario mínimo extensivo a los empleados públicos, serían los municipios los que recibirían el mayor impacto, ya que cerca del 50% de su empleomanía devenga un salario igual o cercano a $7.25 la hora.

Así lo aseguraron a EL VOCERO, Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes y Luis Javier Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes, quienes no descartan que el aumento pueda redundar en despidos, reducción de jornada y reducción de servicios a los ciudadanos.

El posible aumento salarial es una preocupación que comparten los alcaldes quienes ya han visto trastocadas sus finanzas con la eliminación de $44 millones del total del fondo de equiparación ascendente a $131 millones, que se reduciría a $87 millones. Este ingreso se trata de un fondo creado para que los municipios reciban transferencias del gobierno central a cambio de una serie de gastos que hayan tenido que asumir tales como el pago de retiro de sus empleados, las aportaciones por el Plan Vital, el pago de un porcentaje mínimo para abonar a la deuda del Estado y otras medidas del Ejecutivo que han impactado la capacidad de recaudo de los gobiernos municipales.

“La eliminación del fondo ya pone a los municipios en una pobre posición fiscal. Estamos de acuerdo con que hay que mejorar los salarios, pero esto debe ocurrir de manera escalonada. Cerca del 50% de los empleados municipales deben estar cerca del mínimo federal, por lo que un aumento provocaría despedir gente o la reducción de jornada y ya hay empleados con cuatro y seis horas de trabajo”, explicó Pérez.

Por el efecto directo en las arcas de los municipios, el también primer ejecutivo de Guaynabo pidió que se incluyan a los alcaldes en el análisis de este tipo de decisiones que afectarán directamente a los empleados públicos con ingresos bajos.

“Este no es un análisis sencillo, deben incluirnos a los alcaldes para evaluar alternativas ante un alza en el salario”, comentó.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Alcaldes y también alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, también alzó su voz preocupado por el impacto económico que pudieran enfrentar, sobre todo los pueblos de la montaña.

“No se ha hecho ningún estudio sobre el efecto de aumentar el salario mínimo y ya tenemos una merma en los ingresos operacionales del fondo de equiparación, que hará que algunos municipios caigan en una crisis fiscal. Aumentar el salario los pondría en insolvencia y afectaría tanto a los empleados como los servicios que se ofrecen”, resaltó el alcalde de Villalba.

Con ellos coincide el economista Adrián Alós, quien asegura que los servicios que los municipios les ofrecen a los ciudadanos se afectarían de manera inmediata con la propuesta alza salarial.

“A corto plazo va a ser bien difícil que los municipios puedan absorber el aumento de salario cuando muchos tienen un presupuesto bien limitado como es el caso de Ponce, sin mucho margen de ingreso. Sería bien difícil para los pueblos más pobres de las áreas rurales. Si los recaudos aumentan a mediano plazo, entonces podrán absorber estos costos adicionales”, opinó Alós.

Respecto a los demás empleados públicos, no existe visibilidad del impacto, ya que la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico (Oatrh), licenciada Zahira A. Maldonado, desconoce la cantidad de empleados públicos que hay en Puerto Rico y el número de puestos de trabajo con un salario cercano o igual al mínimo federal.

Aumentar el salario no es suficiente

El exsecretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado Zayas, quien no cree que se haya pensado separar el sector privado del público en el análisis sobre la posibilidad de aumentar el salario mínimo, entiende que un alza en este momento representaría un problema que no solo afectaría a los municipios -quienes son los que tienen más salarios de $7.25 en el gobierno-, sino que también afectaría el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal.

Delgado Zayas resaltó que, además de mejorar el ingreso de los trabajadores hay que brindarles otros beneficios para que puedan asumir el alto costo de vida.

“Un aumento de $8.50 significa $50.00 más y eso no hace mucha diferencia. No hace atractivo que los empleados quieran regresar a trabajar. Están renuentes a tener los horarios anteriores y piden más flexibilidad. Hay que darles una compensación justa pero también tienen que inventarse otras iniciativas como horarios flexibles”, acotó Zayas.

El exsecretario del Departamento del Trabajo se refirió a que todavía hay mucha incertidumbre con el regreso a la escuela, por lo que entiende que muchos padres que pueden realizar trabajos remotos, deben ser considerados para que puedan atender a sus hijos.

“Aquí hay un problema social y se deberían establecer centros de cuidos gratuitos o a bajo costo para hacer más atractivos los trabajos. Los “baby boomers” son quienes aceptan salarios bajos y no les gusta el cambio, pero los jóvenes de menos de 40 años no piensan así. Si no les gusta el trabajo se cambian, se arriesgan”, señaló el exfuncionario.

Por su parte, el economista Joaquín Villamil, expresó que también hay que hablar de productividad, aunque de una manera balanceada que no afecte las plazas de empleo.

“Hay que mejorar la productividad para mejorar las condiciones de vida, es fundamental y este tema está ausente de la discusión laboral. Solo miran el costo de la mano de obra y la productividad es parte de la política de capital humano. Aunque hay que hacerlo con cuidado porque hay que hacerlo creando nuevos empleos o la productividad traería una reducción de puestos de trabajo”, apuntó Villamil.

Estudio más reciente

En el año 2015 la entonces Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos de Puerto Rico (Ocalarh), predecesora de la Oatrh) realizó un estudio para medir el impacto de un aumento al salario mínimo. Dicha oficina estimó que, de 77 agencias y 45 corporaciones públicas evaluadas, el 71.4% y 53.3%, respectivamente, se impactarían por dicho aumento. El análisis consideró propuestas de aumentos al salario mínimo federal que se discutieron durante la administración del expresidente Barak Obama, de ascender el salario mínimo a $9.00 la hora. Esta cifra, elevada al salario mensual, equivaldría a $1,463 por persona. La Ocalarh estimó en ese momento un posible costo de nómina adicional en $11 millones anuales para las agencias y $3.9 millones anuales para las corporaciones, respectivamente.