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El Crédito de Actividad Económica de Posesiones (PEAC, por sus siglas en inglés) —que será parte del borrador del presupuesto federal y que otorga a las empresas un crédito de $10,000 por empleado con salario superior a $50,000— es visto por conocedores del sector industrial como un paso en el camino correcto, aunque insuficiente para que lleguen nuevas empresas y se adelante la propuesta de convertir la Isla en un ‘hub’ de la manufactura.

Rodrigo Masses, presidente de la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico (Adepr), considera que este trato contributivo aporta al desarrollo saludable de la economía —fundamentada en la creación de empleo— pero entiende que es insuficiente para que la Isla avance a ser un destino competitivo.

“Se trata de un chispito de ayuda, y aunque todo es bienvenido y el crear empleo es bueno, puede ser útil... en la reacción en cadena no va a ser lo suficientemente atractivo para que las empresas opten por establecerse en la Isla. Se necesita mucho más”, señaló Masses.

Acorde con el ejecutivo, la Isla necesita que se extienda de manera indefinida la eliminación de las leyes de cabotaje aéreo, como un atractivo para la distribución y la logística. El Departamento de Transportación Federal (DOT) flexibilizó las reglas de carga aérea con relación a Puerto Rico, y le concedió una exención de sólo dos años.

La aprobación de la solicitud de flexibilización permite que las compañías aéreas extranjeras realicen ciertos servicios de transferencia de carga y pasajeros en los aeropuertos internacionales en Puerto Rico.

Masses expuso la necesidad de que se excluya a la Isla del Global Intangible Low-Taxed Income (Gilti) que es la contribución a pagar por las empresas de Estados Unidos establecidas aquí, porque se considera a Puerto Rico como territorio foráneo.

“Con estas iniciativas antes presentadas sí contaríamos con una ventaja competitiva sólida. Con el PEAC no creamos un cambio que aumente dramáticamente la continuidad de empresas llegando a la Isla. Nos quedamos corto por mucho”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, entiende que es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente y poco atractivo para atraer nuevas empresas. Indicó que puede ser efectivo, tal vez para retener una empresa o provocar alguna expansión.

Explicó que la medida establece que los incentivos se otorgarían por un periodo de 10 años, tiempo que le parece limitado cuando el proceso de establecer una empresa en la Isla toma dos años y medio. El senador afirmó que el incentivo de $10,000 por empleado para empresas que generan millones de dólares en ganancia no es tan atractivo.

“Tal vez en industrias más intensivas en mano de obra pueda favorecer más. Definitivamente unas empresas se van aprovechar mas que otras. Pero para ser competitivos se necesita mucho más”, afirmó Zaragoza.

Abundó que extender el tiempo de 10 a 20 años, elevar el nivel de salario y el porcentaje del crédito, sería más beneficioso para atraer empresas a la Isla.

“Quieren mantener vivo el fantasma de las 936 y eso no va a volver a pasar. Ya no habrá ningún beneficio en exceso para la Isla. Cualquier beneficio vendrá con un fin particular para evitar el abuso con que las destruyeron anteriormente”, acotó el senador.

Sin embargo, para Kenneth Rivera, contador Público Autorizado (CPA) es mejor tener este incentivo que no tener nada.

Rivera coincide en que sería más efectiva si se aumentara el porcentaje del crédito y se ampliara a gastos elegibles, inversiones y compras. También está de acuerdo en que sería de beneficio el aumento en los años de vigencia del incentivo.

“Para una empresa optar por cerrar en un mercado para mudarse a otro con mayores beneficios contributivos, diez años de beneficios no es tanto tiempo. Mayor cuantía y tiempo sería mejor para atraer la inversión que se necesita. No es suficiente para que las empresas se vengan para la Isla”, apuntó el CPA.

Exponen su punto los industriales

En la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) estiman que la medida es de avance, porque se logró incluir la Isla en el programa de incentivos, que no se había logrado en el 2017.

Así lo expuso al EL VOCERO, Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de los industriales.

Pérez apuntó a que todavía hay oportunidades para que la Isla sea más atractiva y competitiva. “Tenemos que buscar cómo seguir insertándonos en todos esos programas. Creo que hay mucha incertidumbre de otros aspectos que nos afectan y donde no hay visibilidad de lo que vaya a pasar”, señaló.

“Faltan unos elementos por conocer y sería preferible que se atienda un plan para Puerto Rico. Continuamos en un esfuerzo conjunto para lograr la atracción de nuevas empresas. Todavía estamos en la carrera”, expresó en alusión a la conversión de la Isla en un ‘hub’ de la manufactura.

La medida —que irá a votación esta semana en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal— identifica como beneficiarias de este nuevo incentivo contributivo a las empresas estadounidenses que tienen al menos tres años activas en Puerto Rico, así como aquellas que trasladen sus operaciones a la Isla.

 Un voto a su favor

Para el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, la medida fomenta la creación de empleo y destacó que puede ir contra el Gilti, lo que pone a la Isla en ventaja contra otras jurisdicciones foráneas que hoy compiten con Puerto Rico.

“Apoyo esta medida y la aplaudo. Se trata de un proyecto a diez años que no se puede endilgar a ningún partido político. Una cosa es ser competitivos —con lo que estamos trabajando— y la otra son incentivos para fomentar la atracción de empresas y la creación de empleos”, puntualizó. 

reportera