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Una de las residencias bajo el programa R3. >Archivo/EL VOCERO

A cuatro años del paso del huracán María por la Isla, varios sectores reclaman del gobierno una mayor fiscalización de los códigos de construcción y que se identifiquen las edificaciones informales para estar mejor preparados ante futuros desastres naturales.

Aunque se esperaba que eso ocurriera –y sobre todo después de los terremotos en la zona sur en enero de 2020- el presidente de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico, Humberto Donato; la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, y el ingeniero Emilio Colón Zavala dijeron que la realidad es otra.

Dijeron que la tardanza en la llegada de los fondos para la reconstrucción ha hecho que muchas personas hayan optado por reparar sus viviendas de manera informal para poder hacer habitable sus viviendas, lo cual perpetúa el problema de estructuras que no cumplen con los requisitos de edificación.

A la falta de fiscalización, los entrevistados dijeron que se han sumado factores que impiden el avance de la reconstrucción en la Isla, como la pandemia del covid-19, la falta de materiales de construcción, los problemas de transportación, y la ineficiencia del gobierno para agilizar el desembolso de los fondos federales.

Según datos del Plan de Acción de los fondos de mitigación, al día de hoy entre 15,000 a 18,000 viviendas en Puerto Rico todavía requieren el uso de toldos azules en sus techos.

Colón Zavala, presidente del Business Emergency Operations Center (BEOC), organización que realiza trabajos relacionados con respuesta a emergencias del sector privado y entidades sin fines de lucro y expresidente de la Asociación de Constructores Generales, aseguró que la reconstrucción apenas está empezando, con algunas reparaciones y proyectos en etapas de diseño y permisos.

Acorde con Colón Zavala, durante María se vieron afectadas alrededor de 200,000 residencias, de las cuales unas 18,000 unidades se encuentran en alguno de los procesos de los fondos de recuperación Cdbg-dr. A unos 17,000 propietarios FEMA les concedió algún tipo de ayuda y el restante fue cubierto con fondos privados o pólizas de seguro.

Aunque se entendía que el temor generado por el impacto del huracán reversaría la construcción informal en la Isla, los datos suministrados por las fuentes evidencian lo contrario.

“La emergencia del huracán María hizo priorizar lo momentáneo, que principalmente fue la colocación de techos temporeros como los toldos azules. Fuera de eso el proceso ha corrido muy lento y aunque hay unos códigos de construcción vigente muy poco avance se ha podido lograr en la reducción de la construcción informal”, afirmó el ingeniero tras reconocer los riesgos que acarrea este tipo de vivienda.

Con ello coincidió Donato, quien dijo que la construcción formal no ha avanzado en nada ya que requiere una combinación de reglamento, legislación e implementación, lo que no se ha logrado hacer.

Como ejemplo mencionó que el Reglamento Conjunto, que define el proceso de permisos y organización territorial en Puerto Rico se encuentra bajo revisión en los tribunales por lo que no ha sido autorizado. En el caso de los códigos de construcción, que define la manera de diseñar las estructuras, se encuentra en un proceso de revisión. Ambos procesos deben trabajar en conjunto para conducir a una construcción formal.

A la falta de ambos elementos, Donato sumó la falta de fiscalización. “Se necesita que se fiscalice el trabajo realizado. Aunque existan leyes robustas, se necesita la disposición del gobierno y del pueblo para implementarlo con disciplina. La construcción ilegal sigue. Es típica en residencias, espacios de oficinas y comercios pequeños”, sostuvo.

Aseguró, además, “que muchas personas que viven en casas construidas en zonas susceptibles a deslizamiento no quieren moverse, y aunque el gobierno viene llamado a proteger vida, salud y ambiente, no los obliga, lo que se convierte en un balón político. Tiene que existir el compromiso y la voluntad política y del pueblo para lograr la relocalización, pero no la hay”.

Reconoció también que la reconstrucción de viviendas a nivel general va muy lenta, ya que el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R 3) no ha podido evolucionar al paso esperado.

“La construcción informal, mayormente en el sector de vivienda, continúa aumentando. Esto no solamente pone el riesgo la capacidad de resiliencia de las estructuras que se construyen y la seguridad de quienes las ocupan, si no que disloca la capacidad del sector formal de atraer mano de obra”, acotó Donato. “De 60 mil personas que actualmente trabajan en la construcción, una tercera parte (20 mil) trabaja en el sector formal y el resto en el informal”, abundó.

En torno a dicha situación, Godreau aseguró que esta tendencia de la construcción informal ha continuado justamente porque el Departamento de la Vivienda (DV) ha puesto innumerables trabas al proceso de elegibilidad que chocan entre sí.

Enfatizó que el Departamento de Vivienda debe levantar los obstáculos que dificultan el acceso a la asistencia del programa para personas con un vale de reubicación: como exigirles un título inscrito en el Registro de la Propiedad y, en el caso de las personas con hipotecas, obligarles a resolverla en un periodo de seis meses. “Esto es pedirle a un propietario con una unidad construida sobre un pilote en un área susceptible a deslizamiento ubicado en un campo de la Isla, que muestre la titularidad, lo que saben que no existe”, señaló.

De acuerdo a datos suministrados por el DV bajo el programa de R3 hay 19,625 casos activos. De ellos 13,895 han sido completados, 10,618 tienen elegibilidad completada, 1,448 son inelegibles y 9,802 casos en etapa de evaluación. A ellos se suman 3,770 casos otorgados, 1,640 hogares completados y 165 vouchers de relocalización.

En la línea de la formalidad, juega un papel esencial los permisos, ya sea para construir o reconstruir una propiedad. De acuerdo a los datos provistos por Gabriel Hernández, secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, del 2017-2021 se han otorgado 14,671 permisos en el segmento de viviendas. De ellos 3,003 han sido radicados bajo Cdbg, y los restantes son permisos privados.

Aseguró que en la Isla existen sobre 1,600,000 construcciones de viviendas informales, lo que representa cerca del 40% del universo total de propiedades de la Isla.

Hernández enfatizó, que en la medida cumplen con la solicitud de permisos tienen visibilidad de las construcciones. Sin embargo, explicó que la fiscalización del cumplimiento de esa mejora o construcción recae ante la Junta de Planificación.

“Nosotros velamos porque el permiso cumpla con los reglamentos, pero la fiscalización de la obra ya sale de nuestras manos. La Junta de Planificación tiene una división de cumplimiento que revisa y atiende querellas de obras ilegales, y es la que viene obligada hacer cumplir los reglamentos y las leyes”, apuntó el secretario auxiliar.

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